País ingobernable

País ingobernable

Se esconde un resquemor de que solo el 15% de los becados escogieron una universidad pública.

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07 de febrero 2015 , 07:36 p.m.

En Colombia no es mejor, sino peor, darles casas o becas a los pobres extremos, entendido por ello los que ganan en términos de poder adquisitivo local, menos de 1,25 dólares al día y que, en resumen, sobreviven de milagro. Sorprendentemente, voces muy respetables salen a torpedear al Gobierno con la teoría de que mejorar es empeorar un poco, como diría Maturana.

Por ejemplo: el actual vicepresidente y el Ministerio de Vivienda se comprometieron a entregar 100.000 casas gratis. Y caen los de la teoría: que es que “el Gobierno cree que lo único que necesita la gente pobre es un lugar para dormir”. Que “les quedan lejos el bus, la policía, la escuela, la iglesia, el puesto de salud, la peluquerías y bares”; que “mezclan personas de distintas etnias y razas” y “de diferentes bandas urbanas”, y que “les ponen techo, pero no les enseñan a convivir”.

En todo lo anterior hay mucho de inevitable verdad, sobre todo en lo de la enseñanza sobre la convivencia. Pero el tono de muchas de esas críticas no abre espacio para que en los barrios de pobreza extrema el Estado, así sea con las uñas, vaya ofreciendo progresividad: el único capaz de hacer el milagro de crear al hombre en un día es Dios. Entonces: entregar una casa a un pobre en Colombia es más malo que bueno.

Algo parecido pasa con el programa ‘Ser pilo paga’. Sí. Solo son 10.000 becas, cifra insignificante al lado de los 500.000 bachilleres que el sistema produce cada año. Pero le caen: ¿por qué becas para los mejores y no para los peores? “Antidemocrático”, dicen. Y concluyen que la ministra de Educación, Gina Parody, resolvió que con esas becas ya cumplió, y se echó.

No. Nada más lejano a la realidad. Ella misma reconoce que es un programa, no una política. Claro, el ideal sería que la educación fuera un bien sin meritocracia. Pero mientras se llega a ese paraíso de país rico, no creo que haga daño premiar los esfuerzos aunque sea de apenas un puñado de los más pobres del 5 por ciento de la pirámide intelectual del país.

El profesor de los Andes Rodolfo Arango –por quien profeso especial gratitud– lleva la crítica al sofisticado extremo de interpretar que es “la visión elitista” del Gobierno sobre la educación superior, porque está destinado “a los mejores, a los más capaces, no a quienes tienen deficiencias en su formación”. Incluso va más allá, con un argumento que raya en la excentricidad ideológica. Que como al ‘pilo’ se le exige la responsabilidad de que termine sus estudios para que la beca le salga gratis, pues no es gratis. Y que conduce hacia “una sociedad domesticada, dócil, obediente”, y producirá unos alumnos perseguibles “por su sensibilidad, inconformidad y deseo de cambio”. Caramba. ¡Cuánto se habría ahorrado la ministra Parody si no ofrece esas 10.000 becas! Lo veo distinto: es la primera vez que un colombiano del Sisbén puede escoger estudiar o no estudiar, y en la universidad que quiera.

En el fondo se esconde un profundo resquemor (¿ideolo-gizado también?) de que solo el 15 por ciento de los becados hubiera escogido una universidad pública. ¿Un campanazo de alerta o apenas el imaginario popular de que lo privado es mejor, como dice el exrector de La Nacional, el profesor Moisés Wasserman? Pues entonces la imaginación de las madres más pobres de Bogotá, que sueñan con que sus hijos vayan a colegios en concesión, es inmensa.

Más bien entremos en la polémica que plantea el profesor Wasserman, de si los estudios superiores en Colombia deben ser un servicio que se debe pagar, y que entonces el Estado subsidie la demanda, o si más bien el Estado debe subsidiar la oferta, porque los estudios superiores en Colombia deben ser gratuitos.

La ministra Parody tiene la palabra. Pero déjenla mejorar la educación, en lugar de acusarla de estar empeorándola porque el Estado les da unas becas a unos pobres muy ‘pilos’.

Entre tanto... El asesinato de los cuatro niños en Caquetá es la prueba más grave por la que ha pasado la Ley de Tierras y Víctimas.

María Isabel Rueda

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