El mototaxismo tiene en jaque al transporte legal en 9 ciudades

El mototaxismo tiene en jaque al transporte legal en 9 ciudades

Sincelejo, sin buses. En otras, solo dueños de motos pueden manejarlas y parrillero ser familiar.

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05 de febrero 2015 , 10:44 p.m.

El mototaxismo le ganó la batalla al transporte legal de Sincelejo desde enero, cuando las empresas de transporte público, contra las cuerdas por cuenta de una dura crisis financiera, desistieron de seguir sacando sus buses a circulación.

Hoy, aunque la Administración de esta capital puso en servicio una flota de 40 busetas (como una medida de emergencia), el transporte público de la capital sucreña quedó casi en manos de unos 30.000 mototaxis, a los que los transportadores legales señalan como la principal razón de la crisis que los hizo salir de las calles de la ciudad.

El panorama se radicalizó en los últimos 14 años. En Sincelejo había 520 busetas en el 2000, que cubrían 17 rutas, pero a finales del año pasado solo quedaban 102 de estos vehículos, por la falta de pasajeros.

Ante esta situación, los dueños de las seis empresas que existían se declararon en quiebra y dejaron de circular este año, lo que deja como resultado no solo la falta del servicio, sino que 558 conductores e igual número de ayudantes, y unas 42 personas que laboraban en la parte administrativa, hayan quedado sin empleo.

Según el alcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, se está haciendo un plan de choque con otros 30 vehículos más, que llegarán en los próximos días, mientras se pone en marcha un proceso de licitación que entregará la operación de un nuevo servicio de transporte público en la ciudad capital.

La situación de Sincelejo se ha convertido en un campanazo de alerta para otras ciudades intermedias, donde no hay sistemas de transporte masivo (como el TransMilenio) y el transporte ilegal tiene contra las cuerdas a los formales (buses, busetas y taxis), que reportan pérdidas que rozan los 20.000 millones de pesos cada mes en Cartagena, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar y Neiva.

En la capital del Huila se libra un pulso fuerte entre el Alcalde y los mototaxistas. “Mi deber constitucional es proteger el transporte organizado. El mototaxismo es informal y no es posible permitirlo en nuestra ciudad”, dice el alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez.

“El mototaxismo tiene en la quiebra a los propietarios de los microbuses, y si ese fenómeno no es controlado por las autoridades, en unos cuantos años terminará por acabar con el transporte de pasajeros de Neiva”, afirmó Armando Cuéllar, gerente de Coomotor, una de las empresas tradicionales de la capital del Huila.

Los empresarios de estas ciudades reportan que el número de pasajeros viene en una vertiginosa caída.

Por ejemplo, transportadores consultados en Montería aseguran que la flota de buses local apenas mueve a unos 1.500 de 8.000 potenciales clientes a diario.

Y Pedro María Romero, vocero de la Cooperativa de Transportadores del Meta, añadió que, por el creciente número de motocicletas matriculadas en Villavicencio, los buses solo transportan un promedio de 30 pasajeros diarios por vehículo.

Sumado a esto, también son varias las ciudades capitales donde las flotas de buses vienen reduciéndose cada año.

Flotas reducidas

Estadísticas del Dane indican que en estas 8 ciudades reseñadas, entre el 2005 y el 2013, han dejado de circular unos 1.500 buses.

En Cartagena, Cesario Butt Hernández, gerente de la empresa Etrans, añade que por causa del transporte ilegal las pérdidas anuales de la empresa rondan los 2.500 millones de pesos y que, asimismo, en los últimos dos años los empleados pasaron de 92 a 65.

En la capital de Bolívar, además de los mototaxis, los empresarios también compiten con taxis legales, que cada vez más ofrecen el servicio de ‘colectivo’, y camperos que también transportan pasajeros.

Por otro lado, Wisam Farah, vocero de las tres empresas de transporte de Valledupar, manifiesta que mensualmente dejan de recibir unos 2.500 millones de pesos, y en los últimos 10 años la flota de vehículos pasó de 460 a 150.

“Los gobiernos departamental y municipal tienen la responsabilidad de protegernos. Dejaron crecer este fenómeno; 500 empleos terminaron destruidos”, señaló Farah.

Esta situación ha frenado la modernización de los vehículos en las regiones. En Neiva, por ejemplo, ruedan 450 colectivos, de 752 que lo hacían 8 años atrás. Y José Piar Iriarte, gerente de la Asociación Nuevo Amanecer, que agrupa a 300 transportadores de la ciudad, considera que la informalidad frenó por completo el crecimiento y desarrollo del sector.

Transportadores de la capital huilense consultados coinciden en señalar que el producido diario solo alcanza para el sostenimiento del vehículo.

“En los parqueaderos hay infinidad de colectivos abandonados por falta de dinero para repotenciarlos”, agregó Pedro Rojas, gerente de Flotahuila.

Y Héctor Frasser Arrieta, gerente de Metrosinú, que opera en Montería, sostuvo que “el crecimiento de la ciudad obliga a las empresas a invertir en tecnología, pero, con esta problemática que tenemos con la piratería, no ha sido posible hacer las inversiones”.

Para el economista Daniel Toro, experto en movilidad e investigador de la Universidad Tecnológica de Bolívar, aunque los entes territoriales toman medidas para frenar el mototaxismo, la mayor posibilidad que tienen de subsistir los legales es que también, en medio de la crisis, diseñen estrategias para mejorar el servicio que prestan.

Medidas drásticas en dos capitales

Para proteger la estabilidad del transporte legal, las alcaldías de algunas de las ciudades más afectadas por el fenómeno han expedido nuevos decretos para ejercer controles más drásticos del mototaxismo.

Las restricciones más recientes se generaron en Valledupar y Neiva, lo que ha causado protestas en ambas ciudades.

Motos

En Neiva se incrementaron los controles / Foto: Archivo particular

En los primeros días de enero, la Alcaldía de la capital del Cesar decidió que las motos solo podrán ser conducidas por los propietarios, y los parrilleros solo serían la pareja de quien conduzca o sus hijos.

La decisión reemplazó un decreto de octubre pasado que prohibía que el parrillero fuera mayor de 14 años.

Y en Neiva, la Administración emitió un decreto que ordena, desde el primero de marzo, que únicamente el dueño o propietario de la motocicleta podrá llevar parrillero. Quien no sea dueño y lleve acompañante será sancionado con una multa de 15 salarios mínimos diarios. El Alcalde aclaró que la medida no autoriza a los propietarios de motos a ejercer labores de mototaxista.

En otras ciudades, como Cartagena y Santa Marta, ya se habían tomado medidas para mitigar el fenómeno.

En La Heroica, el segundo y el último viernes de cada mes está prohibida la circulación de motos, y para este tipo de vehículos también rige el pico y placa.

Y en Santa Marta, hay restricción para la circulación de motocicletas con acompañante, entre la carrera 1.ª y la avenida del Ferrocarril, entre las calles 10.ª y 29 de la ciudad, y en sector de El Rodadero entre las carreras 1.ª y 4.ª y las calles 10.ª y 20. Las restricciones rigen todos los días, incluidos los festivos.

‘Hay mucho taxista que está vendiendo’

Aunque en menor medida, los mototaxis y los carros piratas también amenaza a los gremios de taxistas.

En Bucaramanga, voceros de empresas de taxis, que cuenta con 7.200 carros, aseguraron que pierden 3.000 carreras diarias, que representan 450 millones de pesos mensuales en pérdidas por culpa de las motos y los carros particulares que prestan el servicio ilegal de transporte.

En esta ciudad, luego de que el 19 de enero unos 500 conductores realizaron una protesta por el crecimiento del transporte ilegal, se propuso intensificar los operativos de la Policía con 90 uniformados que estarán apostados en sectores de la avenida Quebradaseca, parque San Pío y barrio Estoraques para endurecer los controles contra esta práctica ilegal.

Un estudio del Área Metropolitana determinó que en la ciudad existen 12 puntos o ‘terminalitos’ donde los mototaxistas se ubican para ofrecer sus servicios.

En los últimos días se denunció que en varios barrios se han distribuido volantes en los cuales se ofrece, por 20.000 pesos diarios, el alquiler de motocicletas sin ningún requisito previo.

Y en Barrancabermeja, la segunda ciudad del departamento, representantes de las siete empresas de taxis reportan pérdidas diarias de 45.000 pesos por cada vehículo por culpa de la proliferación de mototaxistas por las calles de la ciudad.

En Santa Marta, Daniel Gil, presidente de la Asociación del Gremio de Conductores de Taxi (Agremitax) S. M., denunció que hay vehículos con placa blanca y particulares de alta gama que están prestando el servicio de taxi de forma ilegal en los hoteles, la terminal de transporte, el aeropuerto y sectores turísticos como Taganga, El Rodadero y el parque Tayrona.

Esta proliferación de vehículos particulares que prestan servicio, según Gil, ha hecho que muchos no quieran renovar el parque automotor.

“El particular no invierte en un cupo –entre 35 y 37 millones de pesos– y paga menos impuestos y seguros. Por eso, hay mucho taxi que tiene aviso de venta porque están bajando los ingresos del gremio”, agregó.

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