Becas, gestos y políticas

Becas, gestos y políticas

Para dar cobertura y calidad a la educación, necesitamos la participación de todas las instituciones

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05 de febrero 2015 , 07:34 p.m.

Usando la sabiduría de Pambelé, se puede afirmar que es mejor que haya becas a que no las haya. En ese sentido, no puede uno sino alegrarse por los 10.000 jóvenes que ganaron la oportunidad de hacer estudios profesionales en una universidad de calidad. Es un gesto positivo, pero no es una política de educación superior.

Casi todos los ganadores escogieron universidades privadas. Después de 50 años de deterioro de la educación básica y media estatal se estableció en el imaginario popular que lo privado es mejor. No es raro que jóvenes que por una vez tienen esa posibilidad la escojan.

Pero es necesario superar los gestos y definir políticas de gran impacto. Se ha discutido recientemente el tema y hay posiciones disímiles. Sin embargo, la mayoría estará de acuerdo en que una buena política es aquella que aspire a una cobertura similar a la de países con alto desarrollo y que asegure igualdad de oportunidades. Es decir que todo el que quiera y sea capaz tenga acceso a la educación superior y que la calidad que reciba no dependa de su capacidad de pago.

Esa política solo es posible con una intervención decidida del Estado. Hay dos modelos extremos para esa intervención: uno es que el Estado subsidie la demanda, es decir, al estudiante, con becas o préstamos que serán devueltos por él durante su vida laboral. Este modelo se basa en que los estudios superiores son un servicio que se debe pagar. Para que funcione, las universidades estatales y las privadas deben cobrar matrículas parecidas.

La otra forma de hacerlo es que el Estado subsidie la oferta. Es decir que financie a sus universidades para que los jóvenes estudien gratuitamente o a un costo muy bajo. Este modelo supone que la educación superior es un derecho y que el esfuerzo del Estado compensa parcialmente desigualdades iniciales.

Las dos formas extremas raramente se dan puras. Chile escogió la primera opción y hoy es claro que fracasó. La mayoría de los países europeos escogieron la segunda y algunos ya empezaron a cobrar por las matrículas.

Nosotros tenemos un sistema universitario mixto con instituciones estatales y privadas. Cada sector atiende aproximadamente la mitad de los estudiantes del país. Si se quisiera adoptar en forma exclusiva el primer modelo (asumiendo que el costo de una educación de calidad es el que reconoció el Gobierno para los 10.000 becarios), se tendrían que inyectar al sistema unos 30 billones de pesos anuales para cubrir a todos los estudiantes de bajos recursos y a los bachilleres que ingresen.

La tarea para dar la cobertura y calidad deseadas es muy grande. Necesitamos la participación comprometida de todas las instituciones, públicas y privadas. Para apoyarlas, hay que desarrollar instrumentos que atiendan las necesidades específicas de cada sector ayudándolos a crecer en forma armónica y complementaria.

No es posible describir acá una propuesta completa de política con todas sus complejidades, pero un par de ejemplos pueden orientar: para el sector privado que sufre por una matrícula insuficiente sería conveniente un programa de becas y préstamos (que los estudiantes puedan pagar sin comprometer su posterior desarrollo personal).

Para el sector estatal, que ha venido creciendo muy por encima de su presupuesto, hay que diseñar un modelo de financiación sostenible, que le permita crecer en número de estudiantes e instituciones, competir por buenos docentes y mantenerse tecnológicamente actualizado.

Por otro lado, una agresiva financiación de proyectos de investigación científica permitiría, a los dos sectores, entregar al país los posgraduados que requiere, y resultados e ideas que apoyen su desarrollo económico, social y cultural.

Moisés Wasserman
@mwassermannl

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