Brazalete electrónico: ¿medida efectiva para descongestionar cárceles?

Brazalete electrónico: ¿medida efectiva para descongestionar cárceles?

En un año, 189 presos con estos dispositivos se fugaron. Inpec pide más personal para controles.

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04 de febrero 2015 , 10:37 p.m.

En el país hay 40.596 personas en casa por cárcel y tan solo cuatro de cada 10 tiene un brazalete de vigilancia electrónica.

La detención domiciliaria, que frente a la crisis carcelaria por el hacinamiento es considerada como medida clave para descongestionar los penales, también enfrenta problemas: el principal, la falta de control a quienes gozan de ese beneficio.

El Inpec asegura que una de las dificultades es la falta de personal. En promedio, la guardia debería ‘pasar revista’, es decir, hacer visitas de control cada mes, pero en algunos casos lo hacen cada seis o 12 meses por falta de personal.

“En La Picota solo hay dos dragoneantes que deben hacer 600 visitas al mes en toda la ciudad”, señala el Inpec, y agrega que hay casos en los que deben desplazarse hasta veredas, lo que dificulta la verificación.

Por eso, usualmente, explica una fuente en ese instituto, una comisión asignada a cada una de las 138 cárceles en el país se dedica a llamar aleatoriamente por teléfono fijo al detenido para verificar que esté en el lugar de domicilio.

Álvaro Sarmiento, jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, asegura que, pese a que la medida de casa por cárcel debe darse bajo “requisitos legales muy exigentes, los jueces terminan concediéndoles a los detenidos este beneficio basándose en declaraciones de los investigados que argumentan ser padres de familia o estar enfermos, sin que efectivamente se haga una verificación de esas afirmaciones”.

Uno de ellos fue el de Hernán Darío Giraldo Gaviri, alias ‘Cesarín’, señalado jefe de la ‘Oficina de Envigado’, quien solo duró dos meses en detención domiciliaria, conseguida con el argumento de ser padre cabeza de familia. Eso, a pesar de ser procesado por homicidio, concierto para delinquir y fabricación y tráfico de munición de uso privativo de las fuerzas armadas. Además, es considerado como detenido de alto perfil.

En febrero del 2014 se fugó y en mayo fue recapturado cuando, de acuerdo con organismos de inteligencia, hacía contactos con la banda del ‘clan Úsuga’ en Turbo, Antioquia.

La Fiscalía y las autoridades penitenciarias aseguran que es clave ampliar el número de brazaletes de vigilancia electrónica disponibles.

El Centro de Reclusión, Penitenciario y Carcelario Electrónico del Inpec, desde donde se controla estos dispositivos las 24 horas, dice que actualmente solo hay 76 por asignar. En total, en el país hay 4.400 de estos aparatos, que comenzaron a ser entregados por jueces en el 2009.

De acuerdo con el Gobierno, este año está proyectada la compra de 1.600 dispositivos, con lo que la cifra aumentaría a 6.000. Ese contrato aún no ha sido asignado.

El principal objetivo, además de facilitar el control sobre los detenidos en casa por cárcel, es descongestionar las prisiones del país, en las que hay recluidos 114.979 reos con un hacinamiento de casi 46 por ciento.

De hecho, una de las propuestas del Ministerio de Justicia para descongestionar los penales, que ya fue llevada al Congreso, es “racionalizar” la medida de aseguramiento intramural (en cárcel) y que los jueces utilicen otros recursos para asegurar la presencia del sindicado en el proceso y el cumplimiento de la pena, como el brazalete, la prisión domiciliaria, la prohibición de salir del país, entre otros.

A 172 les revocaron

Aunque para el Inpec y para el mismo Gobierno los brazaletes son una estrategia clave, esta también requiere de revisión.

Cifras del Centro de Reclusión, Penitenciario y Carcelario Electrónico dan cuenta de que de los 4.324 que usan estos dispositivos, 1.374 (el 31.7 por ciento) son procesados o condenados por delitos de porte y tráfico de estupefacientes.

Aunque no se conoce el nivel de reincidencia del delito, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali la Policía ha encontrado casos en los que expenden droga en el mismo sitio donde pagan la pena.

“Un jíbaro no deja de expender, lo hacen en casa por cárcel. En muchos de los casos detectados, hemos iniciado procesos de extinción de dominio del inmueble o residencia”, dice un investigador de la Policía en Bogotá.

Los otros que tienen brazalete son: 911 señalados de hurto, 376 por porte y tráfico ilegal de armas, 241 por homicidio y 107 por lesiones personales.

Pese a que desde un centro de control en Bogotá se vigila las 24 horas que la señal del dispositivo arroje en el punto avalado por el juez, estos brazaletes son manipulados.

El año pasado, por ejemplo, 189 internos, quienes en su mayoría destruyeron los elementos electrónicos, se fugaron. De ese total, a 172 les fue revocada la medida y fueron recapturados. La cifra es inferior a la del 2013, cuando se presentaron 196 fugas.

En esas transgresiones el Inpec se ha encontrado con casos, según un oficial de esa institución, en los que los brazaletes los tienen mascotas.

Entre los que perdieron este beneficio de ley está la hija de Gilberto Rodríguez Orejuela, Alexandra Rodríguez, a quien en octubre pasado le revocaron la medida luego de que la Fiscalía la acusara de extorsión.

Así sesiona diputada con casa por cárcel

Ángela María Cano, la diputada antioqueña con casa por cárcel a la que un juez le concedió el derecho al trabajo por ser madre cabeza de familia, participó de las sesiones extraordinarias del mes de enero y siempre estuvo custodiada por un agente de policía, quien también la acompañó en sus desplazamientos.

Por la presión de la opinión pública y por recomendación de la presidenta de la Asamblea Departamental, Orfa Nelly Henao, Cano presentó su renuncia a la Comisión de Ética de la Corporación, que integraba desde el año pasado luego de obtener su curul ante la renuncia de otro diputado liberal.

La diputada investigada tiene, desde diciembre del año pasado, una medida de aseguramiento preventiva domiciliaria por la presunta comisión de delitos, como concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.

Por su parte, el diputado del partido de ‘la U’, Jorge Humberto Hernández, también con detención domiciliaria preventiva, no asistió a las sesiones de enero porque tenía una incapacidad médica. A él también un juez le concedió el derecho al trabajo entre 6 a. m. y 6 p. m.

Hernández afronta un proceso judicial por presunta celebración indebida de contratos cuando se desempeñó como secretario de Participación Ciudadana de Antioquia, en el anterior periodo de gobierno.

Narcos del Valle y hermano del más buscado en los Llanos, en la lista

Fernando Varón, alias ‘Martín Bala’, considerado uno de los jefes de la banda criminal ‘clan Úsuga’ en el Valle, es uno de los presos en el país que goza del beneficio de la detención domiciliaria.

En agosto del año pasado, un juez aprobó la solicitud que hizo el abogado de ‘Martín Bala’, quien argumentó que su defendido tenía problemas de salud. Este beneficio se le otorgó por segunda vez, a pesar de tener el antecedente de haberse fugado.

Otro de los casos de presos de alto perfil es el hermano de alias ‘Pijarvey’, el narco más buscado en los Llanos. Se trata de Raúl Díaz González. También, Carlos Alberto Echavarría, alias ‘Corsa’, capturado el 29 de junio del año pasado y acusado de sembrar el terror en Buenaventura.

Un juez de Cali le concedió el beneficio de la casa por cárcel pese a ser señalado de desmembrar a sus víctimas. Este hombre es señalado de ser uno de los jefes de la banda ‘la Empresa’.

En la lista también está alias ‘Jimmy’ o ‘el Loco’, quien figuraba como el segundo al mando de esa banda criminal. Fue enviado a prisión domiciliara luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Uno de los casos que más generó polémica fue el de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’, cuya decisión de un juez de enviarlo a su domicilio está en revisión. Para la Fiscalía no existen razones para tal beneficio.

LEO MEDINA JIMÉNEZ
Justicia

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