El proceso de paz y sus improvisaciones

El proceso de paz y sus improvisaciones

Santos debe responsabilizarse por permitir que Fiscal y Procurador intervinieran en La Habana.

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04 de febrero 2015 , 06:21 p.m.

Si por el lado de la Fiscalía General llueve, por el de la Procuraduría no escampa. Alejandro Ordóñez de nuevo comenzó a meter baza contra el proceso de paz a raíz de la propuesta del Presidente de la República de incorporar guerrilleros en una “policía rural” que garantizaría la seguridad en el posconflicto. Al indicar que el presidente negocia con las Farc la estructura de Fuerza Pública en el marco de una posible ‘gendarmería’ con desmovilizados, el Procurador se une a las salidas en falso de su contradictor desde la orilla de la Fiscalía General de la Nación.

En primer término, a Ordóñez no le compete discutir propuestas políticas del proceso de paz. Su locuacidad, como la del Fiscal, ha sido descomunal. Esta circunstancia le resta posibilidad al proceso de llegar a buen término. Es entendible que la sociedad civil participe, al igual que los partidos políticos, pero debe entenderse que quien dirige el proceso es el Ejecutivo y su equipo negociador. En ese sentido, debe responsabilizarse al Presidente por permitir desde el inicio del proceso que el Fiscal y el Procurador intervinieran de forma directa en La Habana. Santos es víctima de su propio invento.

En segundo lugar, el Procurador arremete contra la propuesta no oficial de Santos, desconociendo que en una porción significativa del territorio colombiano, los ciudadanos no perciben la presencia estatal. Como lo recuerdan Mauricio García y José R. Espinosa, en el estudio Los Estados del país (Dejusticia, 2011), existen “porciones del territorio en donde la institucionalidad es baja o inexistente”.

Por ello, cuando el presidente plantea esta idea ante los medios, a pesar de no haberlo anunciado en el sitio propicio –la mesa de negociación– está dando las primeras puntadas del acompañamiento que la guerrilla tendrá que hacer en labores de vigilancia, obviamente, con el beneplácito de la comunidad internacional. Esta propuesta, en principio, no es errada en la medida que importantes zonas del país han estado bajo la égida de actores como las Farc y otros grupos armados, los cuales, tendrán que ser parte de la misma reorganización territorial y deberán ser garantes en la implementación del posconflicto. En pocas palabras, sería una política “de Estado extendido” más allá de la frontera rural que históricamente fue copada por grupos excluidos y guerrilleros.

La policía rural, la justicia transicional, las garantías para hacer política, el debate sobre el sector agrario, las víctimas, la restitución de tierras, las zonas de reserva campesina, la inversión efectiva y masiva en educación, la refrendación del proceso, la discusión sensata sobre el delito político son elementos que no deben pasar de micrófono a micrófono, sino deben ser puntos que mantengan cierto liderazgo desde el Estado. La cacofonía hace daño.

La propuesta de Santos plantea la alternativa de cómo el proceso podría jugarse en una constituyente, por la multiplicidad de cambios institucionales que implicaría el fin de la guerra. En ese sentido, involucrar los partidos, incluyendo el Centro Democrático sería esencial. Una eliminación de esta fuerza política sería una estocada no solamente a la democracia, sino al proceso de paz.


Francisco Barbosa

@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com
Ph. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), abogado, historiador y profesor universitario.

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