Asimetrías

Asimetrías

Para sostener la paz territorial hay que evitar las asimetrías entre actores de la guerra y civiles.

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03 de febrero 2015 , 07:49 p.m.

No nos podemos dar el lujo de que las víctimas del conflicto armado sigan esperando la reparación integral mientras los combatientes reinsertados se instalen, junto a ellas, con subsidios, empleos y proyectos productivos, en las mismas regiones que azotaron con la violencia.

Una de las claves para la sostenibilidad de la paz territorial está en evitar las asimetrías entre quienes fueron actores de la guerra y la población que lucha por un sustento magro, pero digno –campesinos, obreros, desempleados y todos quienes se las arreglan para subsistir con un salario mínimo–. El único tratamiento diferenciado que se puede aceptar debe estar dirigido a las víctimas del conflicto.

Una vez firmado y refrendado el acuerdo de paz, el Gobierno deberá actuar de manera expedita para mostrar la voluntad política de respetar los compromisos asumidos.

Como lo dijo Reynel, una de las víctimas que visitaron La Habana, “a las Farc no podrán ponerlas a esperar como a nosotros”. Pero las víctimas llevan décadas esperando y la misma Ley 1448, de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene una vigencia de diez años, de los cuales solo nos quedan seis.

Siete millones de víctimas figuran en el registro y, a pesar del esfuerzo fiscal del Gobierno, solo alrededor de medio millón han recibido indemnización. Pero la mayoría de quienes han recibido la compensación monetaria no han tenido acceso a las formas complementarias de reparación, como los proyectos de generación de ingresos, los subsidios de vivienda, las bolsas de empleo y demás.

La oferta estatal de reparación permanece dispersa, y se podrían contar con los dedos de las manos las personas que fueron reparadas de manera integral.

A la Unidad de Víctimas se le pide una misión imposible: la coordinación de un sistema con más de 40 entidades que comparten responsabilidades. Muchas las evaden, el dinero no da para todo y la gradualidad de la reparación constituye un principio de la ley. Aun así, es mucho lo que se ha hecho, desde la puesta en marcha de una arquitectura institucional hasta el compromiso presupuestal y la construcción de un registro único de víctimas.

Son tales las expectativas creadas que pronto podremos estar en un escenario donde prevalezca la percepción de que los reinsertados reciben mejor atención que las víctimas. No estamos lejos. La población desmovilizada es más pequeña; el sistema institucional que vela por ella, menos complejo y más funcional; y la oferta estatal, más focalizada.

La asimetría en la atención estatal entre guerreros y civiles podría provocar nuevos focos de conflicto en las comunidades.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados vivió en carne propia los problemas de las asimetrías. En los noventa, los poblados de África central se resintieron por la presencia de campos de refugiados que les creaban costos de seguridad y ambientales, sin compartir beneficios. Los refugiados tenían acceso a mejor alimentación, mejor salud y mejor educación que la población local. Acnur, entonces, cambió la estrategia de intervención para dirigir sus programas a la localidad entera. Todos ganaron.

En Colombia, las comunidades afectadas por la violencia, aquellas donde convivirán víctimas y victimarios, deberán recibir los dividendos de la paz con mayor urgencia. Al final, las oportunidades deberán beneficiar al territorio, no solo a los desmovilizados.

Queda la esperanza de que, desde las regiones, víctimas y guerreros asuman la construcción del país del posconflicto trabajando hombro con hombro. No será fácil, pero sí es posible si el Estado responde de manera más rápida, más eficiente, más afectuosa a más y más víctimas. Una víctima reparada se convierte en motor de reconciliación. Queda poco tiempo.

Laura Gil

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