Camargo y el futuro de Colombia

Camargo y el futuro de Colombia

Ahora un funcionario público estaría preso sin necesidad de haberse demostrado que cometió ilícito.

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28 de enero 2015 , 08:08 p. m.

Andrés Camargo, siendo un exitoso ejecutivo del sector privado y con solo 35 años de edad, aceptó la dirección del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá en la administración Peñalosa (1998-2000). En ese período se ejecutaron varios billones de pesos en más de 1.500 contratos finalizados oportunamente y libres de los escándalos que han caracterizado a los últimos tiempos. Sin duda, Camargo es el mejor director que el IDU ha tenido en su historia.

El portafolio de éxitos de su gestión se vio opacado por el prematuro desgaste en segmentos de vías troncales de TransMilenio, que, no obstante lo reportado en un estudio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional (uno de los principales elementos probatorios del caso), no tiene causa única y obedece a la coincidencia de factores como el exceso de erosión del material de la subbase, un espesor inapropiado de losas y problemas constructivos que afectaron la impermeabilidad del pavimento.

Estas dificultades son una falla de la ingeniería local que compromete, entre otros, a diseñadores, contratistas e interventores. Sugerir que son responsabilidad directa de quien dirigía la empresa pública a cargo de la contratación es una tontería. Sumarle que la responsabilidad es de carácter penal raya en lo ridículo y hace difícil darle sentido de lo sucedido sin incluir la hipótesis de que la justicia fue penetrada y afectada en su capacidad decisoria.

Camargo fue condenado a penas privativas de la libertad y considerado un peligro para la sociedad por una jueza de descongestión, en donde el mismo sistema que otorga detención domiciliaria a asesinos capturados en flagrancia no le concedió tal beneficio a quien no ha hecho cosa distinta que demostrar su respeto por la institucionalidad. El Tribunal Superior de Bogotá, actuando como segunda instancia, ratificó la sentencia e incrementó injustificadamente el valor del perjuicio causado a más de 100.000 millones de pesos, tres veces más que el costo total de la obra que fue objeto de la investigación.

Lo anterior, promovido por los litigantes privados que representan al Distrito, quienes esperan una comisión de éxito del 5 por ciento del valor tasado para el perjuicio. Esto último no es ilegal, pero se aleja de la práctica ortodoxa del derecho penal y configura un incentivo perverso. Para rematar el entrampe, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstuvo de estudiar el recurso de casación que le fue presentado.

En el más reciente capítulo, Camargo interpuso una acción de tutela ante la Corte Constitucional para lograr que la CSJ privilegie su función constitucional de impartir jurisprudencia en temas trascendentales. Y es que este caso es más que una injusticia con una buena persona. Se trata de decisiones jurídicas que establecen una nueva doctrina con las más graves implicaciones para nuestro desarrollo económico y social.

Con la nueva doctrina aplicada a Camargo, un funcionario público terminaría preso sin necesidad de haberse demostrado que cometió un ilícito o que haya obrado dolosamente. Tampoco haría falta conocer con certeza los hechos ocurridos ni existiría el principio jurídico de la confianza, haciendo responsables de todo suceso a los directivos de entidades. En dicho contexto, en el que errores técnicos se tratan como delitos y no existe la presunción de inocencia, será imposible ejercer las funciones del Estado y no habrá profesional honrado que quiera ser parte del mismo.

Termino clamando justicia y haciendo un llamado y exigencia a los buenos magistrados que tenemos en las cortes Suprema y Constitucional para que no sean testigos mudos y hagan de este caso lo que merece ser. Aquí no nos pueden ganar los protervos. Es nuestro futuro el que está en juego. 

Eduardo Behrentz
@behrentz

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