Los 'exiliados' de la Ley 1448: las víctimas en el exterior

Los 'exiliados' de la Ley 1448: las víctimas en el exterior

Dicha ley las ha enfrentado a una carrera de obstáculos. Análisis.

26 de enero 2015 , 08:26 p. m.

El Gobierno colombiano ha sido vitoreado y laureado por muchos, dentro y fuera del país, por reconocer a las víctimas del conflicto armado y emprender un arduo camino para repararlas y hacerlas partícipes de la construcción de paz. Pese a ello, basta ahondar un poco en este asunto, para advertir con sorpresa que después de más de cincuenta años de violencia, pareciese que en Colombia no existe esa figura que en los procesos de justicia transicional de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, por ejemplo, resonó con tanta fuerza: la figura del exiliado. En Colombia, como dicta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), las personas que experimentaron y experimentan hoy la huida transfronteriza forzada son “víctimas en el exterior”.

Sin duda, merecería un artículo completo el análisis de las causas y efectos de esta predilección lingüística que no deja de estar revestida de intereses políticos y vericuetos legales. Sin embargo, por el momento, nos conformaremos con esta nomenclatura sin entrar en más disputas. Ésta, lamentablemente, sobra para denunciar no sólo el “exilio” al que han estado sometidas estas víctimas por los gobiernos, los medios de comunicación y la academia, sino porque en el intento de “retornarlas” al imaginario social colectivo del país y al proceso de paz, la Ley 1448 las ha enfrentado a una carrera de obstáculos.

Basta explicar brevemente tres hechos para comprender los déficits de la respuesta del gobierno Santos a las llamadas “víctimas en el exterior” y la carrera de obstáculos que han de enfrentar. El obstáculo 1 nace del tratamiento superficial e irresponsable que el Congreso dio a estas víctimas en el propio texto de la Ley 1448. Sólo cuatro veces aparecen mencionadas y el artículo 204, dedicado a estas víctimas, pertenece al título IX que versa sobre las Disposiciones Finales. Saquen sus propias conclusiones.

Asimismo, el Decreto Reglamentario 4800 les dedica el artículo 27, pero sin abordar el diseño de una hoja de ruta ajustada a sus circunstancias para una aplicación efectiva de la ley. Parece que la Unidad de Víctimas está trabajando en la propuesta de un decreto reglamentario específico para las “víctimas en el exterior”. Sin embargo, cabe no olvidar que la Ley establece plazos para que las víctimas puedan acceder a sus beneficios y, en el caso de quienes sufrieron los hechos victimizantes entre el 1 de enero de 1985 y 10 de junio de 2011, termina el 10 de junio de este año.

El obstáculo 2 es la designación del Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de iniciar el proceso de reparación de estas víctimas. Son los consulados y embajadas colombianos los encargados de tomar la declaración de las víctimas en territorio extranjero. Esta decisión resulta contradictoria con el propósito mismo de la Ley 1448 por ser fuertemente disuasoria. Basta conocer un poco el Derecho Internacional de los Refugiados para saber que las personas solicitantes de asilo en un tercer país y quienes tienen el estatuto de refugiado no pueden establecer contacto con instituciones de su Estado de origen. Se entiende que el país de acogida, junto al ACNUR, concede protección internacional a estas personas porque su Estado no ha mostrado la voluntad o capacidad de evitar su huida forzada.

Por lo tanto, presentar la declaración de los hechos a un consulado colombiano, podría ser motivo para suspender un proceso de solicitud de asilo o revocar el estatuto de refugiado, seguido de la expulsión del país y el retorno a Colombia sin garantías de seguridad sobre la vida de estas personas. El Gobierno insiste en diferenciar entre protección y reparación, tratando de hallar una salida de urgencia a este callejón sin salida pero, hasta el momento, su cuerpo diplomático ni ha iniciado ni ha alcanzado ningún acuerdo formal con otros países que haga efectiva esta supuesta compatibilidad, ni siquiera con los de países de frontera.

El obstáculo 3 son aquellas medidas adoptadas por los países de destino, muchas veces con la connivencia de agencias de la ONU, que contribuyen, junto a las ya establecidas por el legislador y el ejecutivo colombianos, a diluir todavía más el significado de ser víctima en el exterior. Es el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde todavía hoy llegan mensualmente alrededor de mil colombianos solicitando protección internacional.

Su situación, en general, es muy precaria y sufren una fuerte estigmatización por la población ecuatoriana como guerrilleros, narcotraficantes y prostitutas. Sin embargo, estas dificultades no justifican el histriónico pragmatismo con el que el Gobierno ecuatoriano, algunas ONG´s e incluso el ACNUR aceptan la transformación de los potenciales refugiados a inmigrantes mediante medidas recientes como la visa MERCOSUR.

Está claro que la Ley 1448 no limita el reconocimiento de las “víctimas en el exterior” a la posesión del estatuto de refugiado, pero también está claro que no es lo mismo, ni jurídica ni políticamente, ser un refugiado que ser un inmigrante. Esta forma de construir lo que son los colombianos víctimas en el exterior, tiene fuertes implicaciones tanto sobre los derechos a reclamar legítimamente por las víctimas, como sobre la responsabilidad de la comunidad internacional hacia éstas, sin olvidar cómo este cambio de nomenclatura favorece positivamente el plan de paz de Santos.

Semejante periplo recuerda el absurdo evocado por el mito de Sísifo, condenado por los dioses a empujar perpetuamente una piedra hasta la cima y dejarla caer. Pero, en este caso, no es capricho de los dioses o ¿quizá, sí?

ÁNGELA IRANZO DOSDAD
Profesora del Centro de Estudios Internacionales - CEI de la Universidad de Los Andes

Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este espacio se hacen a título personal y no comprometen el nombre de las instituciones a las cuales los autores se encuentran afiliados.

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