¿Por qué el Tribunal de Barranquilla dejó libre a 'Juancho Dique'?

¿Por qué el Tribunal de Barranquilla dejó libre a 'Juancho Dique'?

Magistrada dice que Gobierno se "extralimitó" al reglamentar sobre la libertad de paramilitares.

26 de enero 2015 , 10:57 a.m.

Mientras la Fiscalía General afirma que uno de los requisitos para dejar en libertad a un exparamilitar que cumplió la pena de 8 años es que no se le hayan imputado nuevos cargos en la justicia ordinaria por delitos cometidos después de la desmovilización, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla considera que la imputación no es suficiente, sino que debe haber una condena para frenar la salida de un postulado.

Con ese argumento el pasado 22 de enero el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ordenó que se deje en libertad a Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, exjefe de los bloques Canal del Dique y Héroes de los Montes de María.

El fallo, con ponencia de la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, argumentó que ‘Juancho Dique’ cumplió con los requisitos como los 8 años de prisión de pena alternativa, 8 años de postulación, la reparación de víctimas, la contribución a la verdad y la buena conducta.

Adicionalmente, la magistrada le dio la razón a la defensa de ‘Juancho Dique’ quien pidió que se decretara la excepción de inconstitucionalidad de un decreto que firmó el Gobierno en el 2013 en el que reglamentó algunos de los requisitos que se deben cumplir para sustituir la medida de aseguramiento. Se trata del decreto 3011 del 2013, artículo 37, inciso 4, que establece que “el magistrado debe abstenerse de sustituir la medida de aseguramiento cuando el postulado haya sido objeto de formulación de imputación por delitos que cometió, con intención, después de la entrega de armas”.

El 24 de abril del 2014 la Fiscalía le imputó a Bánquez Martínez los delitos de falso testimonio y fraude procesal considerando que mintió en algunas de las declaraciones que hizo en versión libre sobre la masacre de Macayepo. Esta imputación, para el órgano acusador, es suficiente para que a un desmovilizado que ya haya cumplido los 8 años de prisión y los demás requisitos, pueda salir de la cárcel.

Para el Tribunal de Barranquilla, la norma que prohíbe que salgan libres a quienes se les hayan imputado cargos “resulta contraria a la Constitución y, por ende, deberá ser inaplicada en el caso que nos ocupa”. Por ello bajo esa norma aplicó el mecanismo de excepción de inconstitucionalidad, y le dio la razón al abogado de 'Juancho Dique' en que esa no podía ser una exigencia para que un desmovilizado quede libre.

La magistrada Anyul, incluso, va más allá. Dice que al firmar ese decreto, hubo “una extralimitación de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, al pretender reemplazar la voluntad del legislador introduciendo un elemento no contemplado en la Ley 1592 de 2012 (que introdujo modificaciones en la ley de justicia y paz) para valorar el cumplimiento de los requisitos que permiten la sustitución de la medida de aseguramiento”.
Y sostiene: “Menos aún correspondía al Presidente de la República reglamentar los elementos que debe revisar el Juez para evaluar el cumplimento de los requisitos de Ley, siendo que se trata de una norma que no deberá ser aplicada por el Gobierno, sino por la Magistratura”.​

Esa posición choca con una directriz que el mismo Fiscal General emitió el 13 de agosto del año pasado en la que le ordena a los funcionarios de la Fiscalía que indaguen por todos los procesos e investigaciones que pueden tener pendientes los exparamilitares que podrían quedar libres por pena cumplida, con el fin de frenar su excarcelación.
Bajo esas condiciones la Fiscalía les imputó cargos en la justicia ordinaria a exjefes paramilitares como Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Édgar Ignacio Fierro o Jesús Ignacio Roldán, lo que impidió que aunque ya estaban tramitando su libertad, salieran de prisión.

JUSTICIA

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