La pelea de dos privados que afecta a 2 millones de usuarios del SITP

La pelea de dos privados que afecta a 2 millones de usuarios del SITP

El lío de las tarjetas entre TransMilenio y recaudadores encarece el transporte.

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24 de enero 2015 , 08:19 p.m.

Como consecuencia de una encarnizada disputa de dos empresas privadas, los dos millones de usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) no solo tienen que andar con dos tarjetas distintas en su billetera para poder subirse a un bus, sino que están perdiendo más plata de la que imaginan.

Las dos firmas encargadas del recaudo llevan casi tres años negándose a llegar a un acuerdo de integración –esgrimiendo toda clase de argumentos técnicos y jurídicos–, mientras que las autoridades distritales lucen impotentes para hacer que prime el interés de la gente. (Lea también: Abucheos y aplausos para Petro en su paseo por TransMilenio)

La tarjeta verde, Tullave, a cargo de la firma Recaudo Bogotá, funciona en todos los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP, azules, naranjas y vino tinto), y en las troncales de la carrera décima y la calle 26: la Fase III de TransMilenio.

Pero no sirve si una persona quiere acceder a la Fase I y II. Es decir, la Caracas, Suba, Calle 80, Américas, Autopista Norte, NQS, Tunal, Av. Jiménez o Usme. Allí solo se acepta la tarjeta roja, de la empresa Angelcom. (Sigue la pelea de recaudadores por unificación de tarjetas de TM)

La roja funciona en todas las estaciones y buses zonales del sistema, pero con ella se pierde una de las principales ventajas del SITP: los transbordos con descuento.

Mientras que con Tullave una persona que pasa de una troncal a un bus azul paga por este transbordo cero pesos en hora valle y 300 pesos en hora pico, quien haga la misma operación con la tarjeta roja deberá pagar el segundo pasaje completo. En plata blanca: mientras que el primero pagará máximo 2.100 pesos, el segundo pagará 3.300 pesos.

Además, la tarjeta roja, de Angelcom, no reconoce ventajas como los subsidios para las personas del Sisbén, con discapacidad y adultos mayores, que sí ofrece Tullave.

EL TIEMPO consultó al gerente de TransMilenio, Sergio París; a Raúl Buitrago, asesor jurídico de Angelcom, y a Pedro Ruano, gerente de Recaudo Bogotá, de la fase III, para reconstruir la trama de esta pelea. Una pelea grande, si se considera que cada día hay 3 millones de transacciones que generan unos 4.500 millones de pesos.

Nace el sistema

En abril del 2000, Angelcom ganó la licitación para el recaudo de la Fase I. Y en junio del 2003, se le adjudicó la Fase II a UT, una unión temporal donde Angelcom es el accionista mayoritario. La tecnología escogida fue, según Angelcom, MiFare Classic, exigida por TransMilenio.

En el 2006, el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón expidió el decreto 319, del Plan Maestro de Movilidad, que exige que el futuro concesionario del recaudo del SITP sea “compatible con la tecnología actual de recaudo”.

Luego, en el 2009, se expidió el decreto 309: dice que en el SITP habrá una “integración del medio de pago” y “tarifaria”, que les permita a los pasajeros hacer transbordos más baratos que el pasaje y tener tarifas diferentes entre buses urbanos y articulados. También obligó a respetar el equilibrio económico de los contratos “hasta su culminación” y que el recaudo de TM “se continuará prestando en las condiciones previstas en los contratos”.

De un sistema a dos

Poco antes se había prorrogado por 4 años y 11 meses el contrato de la Fase I, a cargo de Angelcom, que vencía en enero del 2011. Según el documento, era deseable que solo hubiera un concesionario, aunque un estudio contratado por TransMilenio en el 2006 con la firma GSD Plus –de la que Fabio Gordillo hace parte– sugirió pluralidad.

En julio del 2010 y en enero de 2011, el exalcalde Samuel Moreno abrió dos licitaciones para el Sistema Integrado de Recaudo, pero se cayeron ante las observaciones de la Procuraduría y un fallo de tutela.

La licitación se abrió por tercera vez en abril de 2011 y se adjudicó a Recaudo Bogotá, que debía hacer una propuesta de integración del SITP con TM.

Tanto la prórroga de fase I como la adjudicación de la fase III han sido cuestionadas. La primera, por la duración de la ampliación que benefició a Angelcom sin que invirtieran en una actualización tecnológica de ninguna clase; la segunda, porque se dio en los tiempos del ‘carrusel’ de contratos y supone un manejo de 64 billones de pesos durante 16 años. El polémico Emilio Tapia mencionó ese último contrato en una contabilidad que está siendo investigada por la Fiscalía, pero aún no se conocen resultados.

Empieza la batalla

En septiembre de 2011, durante el primer comité con TransMilenio, Recaudo Bogotá propuso reemplazar –asumiendo el costo– todos los torniquetes de las Fases I y II para que leyeran la tarjeta Tullave. Pero Angelcom se negó, argumentando que eso violaría su contrato.

En otro comité, en el que estuvo el alcalde Gustavo Petro, en mayo del 2012, se supo que la Fase III usaría la tarjeta Infineon, incompatible con los validadores de Angelcom. Para Recaudo Bogotá, la incompatibilidad está en los lectores que usa Angelcom, no en la tarjeta.

El clima de los siguientes encuentros fue similar: Recaudo Bogotá pedía información a TransMilenio sobre la tecnología y la operación de Angelcom para desarrollar una alternativa. Angelcom se la daba a TransMilenio, que la entregaba a Recaudo Bogotá, para quien la información o era incompleta o, según ellos, incluso “falsa”.

Pero Angelcom dice haber entregado todo lo que le han pedido y que no es su culpa que Recaudo no pueda cumplir con lo que se le exige.

Pese a todo, Recaudo Bogotá encontró una forma para que sus lectores reconozcan las tarjetas rojas y por eso estas funcionan hoy en todo el sistema, aunque que con las limitantes ya mencionadas.

En medio de este ‘peloteo’, TransMilenio podría imponer multas, sanciones e incluso la declaración de incumplimiento contractual de la que tanto se acusan los concesionarios. Pero no lo ha hecho.

Y en lo único en lo que las dos firmas recaudadoras coinciden es en que TM no debe ser solo un mensajero y que su responsabilidad es tomar una decisión, en vez de pedirles a los particulares que solucionen el lío.

La Procuraduría y la Contraloría Distrital han iniciado investigaciones, sin decisiones hasta ahora. Ricardo Cañón, Personero Distrital, señaló que “es angustiante ver cómo el bien público se perjudica por los intereses de dos particulares, mientras que el Distrito solo mira y TransMilenio anuncia sanciones que no aplica”.

Los operadores denuncian que hay sabotaje. Incluso, se demandaron mutuamente por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta sancionó a SAR, proveedora de Angelcom, en enero del 2015.

Hasta hay una denuncia penal de Angelcom ante la Fiscalía contra cuatro exgerentes de TransMilenio.

¿Viene lo peor?

La crisis está por estallar, pues la operación de fases I y II acabará el 21 de diciembre del 2015, y el 20 de enero del 2016 Angelcom y UT deben devolver los equipos, tarjetas y demás partes del sistema al Distrito. Pero Recaudo Bogotá, que operará el sistema hasta el 2024, no tendrá el tiempo –según lo estipulado en su contrato– para reemplazar todos los sistemas con los que hoy opera Angelcom.

Por su parte, la Supertransporte había multado a TransMilenio por no resolver el lío, pero se retractó ante las resoluciones 468 y 758 expedidas por TransMilenio en agosto y diciembre del 2014, que obligan a Angelcom a permitir el cambio de equipos en sus estaciones y a Recaudo Bogotá, a reemplazarlos. Esta es la medida más contundente del Distrito hasta hoy.

Sergio París, gerente de TransMilenio, dijo que “esa decisión es irreversible y ya las firmas agotaron los recursos legales con TransMilenio. No es una modificación unilateral de los contratos. Fueron los recaudadores quienes tomaron una decisión, en un comité el 10 de abril del 2014, y tocaba incorporarla a los contratos. Lo dicho en ese comité es vinculante”.

Recaudo Bogotá aceptó. Pero Angelcom niega que lo dicho en el comité sea vinculante. “Las resoluciones de TM son ilegales”, dijo Buitrago, asesor jurídico de Angelcom.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura admitió el 16 de enero de 2015 una acción de tutela contra las resoluciones. “Ante la inminencia de la sustitución ilegal, acudimos a este recurso, que es más rápido”, explicó Buitrago. La medida podría dilatar el cumplimiento de las resoluciones.

Mientras tanto, se agota el tiempo para lograr una solución. Y no se sabe qué pasará con el servicio en diciembre, cuando venza el contrato, y si se interrumpirá o no el servicio, lo que afectaría a todos los usuarios del sistema.

Preguntas a TransMilenio

Ambos recaudadores dicen que TransMilenio S. A. no castiga el incumplimiento de contratos que se achacan entre sí. Las preguntas, que son base legal de la pe- lea y que el sistema se abstuvo de responderle a EL TIEMPO, son:

¿Por qué no exigió a los oferentes de la fase III presentar el plan de integración y lo dejó como requisito para quien ganara, si era un tema sensible para la ciudad?

¿Por qué TransMilenio, como ente gestor, no obligó a Recaudo Bogotá a usar una tarjeta compatible con Angelcom, como lo exigen su contrato y los decretos 319 del 2006 y 309 del 2009?

¿Por qué no obligó a UT a usar lectores compatibles con el estándar de todas las tarjetas inteligentes sin contacto, si su contrato lo exige?

Al prorrogar la fase I, ¿por qué no obligó a Angelcom a actualizar su tecnología y cumplir con certificados de seguridad y calidad?

¿Por qué la prórroga fue de casi 5 años en 2009, si el contrato de fase III estaba por venir?

¿Quién es Fabio Gordillo?

Raúl Buitrago, abogado de Angelcom, mencionó a Fabio Gordillo, quien trabajó con el sistema de 1999 al 2003, para estructurar las licitaciones de fases I y II. Salió antes de que se adjudicara la fase II. Del 2006 al 2007, hizo un estudio para el SITP y el Sirci. Recaudo Bogotá lo contrató como asesor en el 2010, fue parte de su junta directiva y ha sido testigo y vocero en diligencias judiciales. “Parece una puerta giratoria”, dice Buitrago.

EL TIEMPO habló con el exfuncionario y confirmó su paso por TransMilenio y su relación con Recaudo Bogotá, pero él negó que hubiera podido beneficiar a esa firma.
“No hice los pliegos de licitación para la fase III. Además, adjudicaron el Sirci 4 años después del estudio. Nunca contraté con el gobierno de Samuel Moreno”, dijo.

Sobre el estudio para el SITP y el Sirci, recomendó abrir el recaudo a más firmas, para evitar un monopolio que afectaría al Distrito. “El Distrito hizo todo lo contrario. Dije que la ciudad, no el concesionario, debería negociar con Angelcom para la integración y, si no se llegaba a un acuerdo, tocaba esperar a que se acabaran sus contratos. En ese tiempo, nunca hablé de sustituir sus equipos”, anotó.

Gordillo terminó su relación con Recaudo Bogotá a finales del 2014. “Me cansé del escándalo. Angelcom es una piedra en el zapato. Yo he sido parte de la solución técnica y no parte del problema”, insistió.

NATALIA GÓMEZ CARVAJAL
natgom@eltiempo.com

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