Editorial: Ojo a los reincidentes

Editorial: Ojo a los reincidentes

19 de enero 2015 , 09:21 p.m.

Dos informes publicados por este diario el pasado domingo ponen el dedo en la llaga de uno de los principales escollos en la búsqueda de una Colombia más segura: el alto nivel de reincidencia de los responsables de los delitos que más afectan la convivencia ciudadana.

El fracaso del sistema penitenciario se muestra en las estadísticas, que señalan que siete de cada diez de las personas que llegan a una cárcel ya han cometido antes al menos otro delito. En la misma línea, una de las estrategias más efectivas en la histórica reducción del homicidio en Colombia, que volvió a niveles de hace 30 años con una población muy superior, ha sido la de perseguir y encarcelar a los que los expertos llaman ‘homicidas instrumentales’: profesionales del asesinato cuyas víctimas se cuentan por decenas y cuyas capturas, también, evitan muchas muertes cada año.

El investigador Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes, plantea que uno de los grandes debates de la política criminal debe enfocarse en qué hacer frente a esos delincuentes reincidentes. Ellos, señala, han optado por una ‘carrera criminal’ y la legislación colombiana no parece preparada para enfrentarlos, no solo en el caso de los homicidios, sino, en general, frente a toda la delincuencia. Las cifras son contundentes: basada en estadísticas de la Policía, esa investigación encontró que entre el 2011 y el 2014 16.876 personas fueron capturadas más de tres veces. Y de esos 16.876, más de 2.000 completaron seis capturas, y 262, más de 10. Incluso, hay un caso patético de un ladrón profesional que en Bogotá ha sido capturado 44 veces desde el 2012: la misma cantidad de veces ha sido puesto en libertad por polémicas decisiones judiciales que muestran lo absurdo que puede llegar a ser un sistema penal que hace gala de un enorme garantismo para los victimarios y al que no parecen importarles demasiado los derechos de las víctimas.

No se trata de impulsar el llamado ‘populismo punitivo’, que, según afirmó el Ministro de Justicia a este diario, ha llevado a que, en el papel, algunos delitos en Colombia puedan completar, con agravantes, penas de hasta 118 años. Pero algo va de la sana práctica de no legislar al calor de los acontecimientos a desconocer que hay delincuentes cuya peligrosidad requiere mecanismos realmente efectivos que garanticen que no seguirán haciendo de las suyas y, sobre todo, que no seguirán afectando los derechos de otros ciudadanos. Esos dos polos legislativos se están dando en el país y ambos actúan en desmedro de la efectividad y credibilidad de la justicia colombiana.

Como acertadamente lo plantea el ministro Yesid Reyes, no hay que temerle a eliminar del Código Penal las penas absurdamente altas que acompañan, teóricamente, algunas de las conductas punibles más ofensivas para la sociedad. Más que penas elevadas que a nadie se le imponen, lo que se requiere es justicia efectiva: que se llegue realmente a los delincuentes, que sean técnicamente judicializados; por supuesto, con todas las garantías del caso, y que haya una adecuada reparación para las víctimas. Pero urge también que el arsenal jurídico incluya herramientas que funcionen para llevar a las cárceles a esos delincuentes redomados que amenazan la vida, la tranquilidad y los bienes de los colombianos.

EDITORIAL
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