El fraude de 262 millones que les pillaron a 48 profesores de Chocó

El fraude de 262 millones que les pillaron a 48 profesores de Chocó

Con documentos adulterados accedieron a una prima especial vitalicia a la que no tenían derecho.

19 de enero 2015 , 12:45 a. m.

Son 53 los capturados, entre Chocó y Bogotá. Entre ellos 48 profesores, también servidores públicos y abogados, como presuntos responsables de un fraude. El propósito del mismo fue favorecer con una prima especial vitalicia a varios docentes que no tenían derecho de ese beneficio.

La operación surgió luego de una serie de denuncias realizadas por quienes debían ordenar los pagos de la llamada pensión gracia, que deben recibir los profesores nacionalizados o territoriales que acrediten su vinculación en planteles educativos del orden municipal o departamental antes de 1981 y 20 años de servicio, explicó Luis González León, director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, entidad de la Fiscalía que realizó la investigación.

El ilícito se cometió cuando los educadores pedían que se les reconociera la denominada pensión de gracia –a través de un exsecretario de gobierno municipal de una de estas localidades, un secretario de la administración de uno de estos municipios y tres abogados litigantes– a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). La denuncia de esta última entidad ante la Fiscalía indica que 57 profesores en Chocó se sumaron a estas peticiones irregulares.

Desde el pasado jueves 15 de enero, un equipo CTI de la Fiscalía, bajo la coordinación de la Fiscalía Once Delegada ante el Tribunal de Chocó, con el apoyo de los grupos de análisis criminal del nivel central, realizaron las 48 capturas en los municipios chocoanos de Quibdó –22 personas–, Tadó –13 personas– e Istmina –13 personas–.

Dentro de la misma investigación, el pasado 9 de diciembre de 2014, servidores de la Subdirección de Policía Judicial de la Seccional Chocó capturaron a cinco personas, una en Quibdó, dos en Istmina y dos en Bogotá por estos hechos.

La UGPP detectó algunas irregularidades en las solicitudes de estas pensiones, por lo que emprendió una serie de averiguaciones e investigaciones, relacionadas con los decretos de nombramiento de los docentes para los años 1979 y 1980, en los municipios de Istmina, Tadó y Quibdó. Así, estableció que dichos actos de nombramiento eran falsos.

Se elaboraron resoluciones falsas en las que se hacía constar prestaciones de servicios que nunca existieron y los municipios, a su vez, certificaban la ejecución de un trabajo que, realmente, jamás se realizó.

El monto total de lo que se ha pagado es de 262 millones de pesos. Cada uno de los profesores debía recibir una prima de 2,1 millones de pesos mensuales, por eso, el cálculo de los investigadores indica que gracias a la investigación de la Fiscalía se impidió un desfalco al tesoro público de por lo menos 4.700 millones de pesos.

Los detenidos fueron llevados ante los jueces bajo los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y fraude procesal.

JUSTICIA

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