Con la talanquera de que se requeriría una reforma constitucional para lograr reducir la pensión mínima a menos de un salario mínimo, el cual consideran ‘muy elevado’, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sugiere a Colombia su modelo de reforma pensional, la cual, preferiblemente, debe hacerse a corto plazo.
La recomendación es parte del Estudio Económico de Colombia que el Organismo internacional, al cual quiere ingresar Colombia, y que se está presentando en estos momentos en la sede de la Federación de Cafeteros en Bogotá.
La OCDE también propone aumentar los años de salario sobre los cuales se calcula el valor de la mesada de los pensionados (actualmente son 10 años), y equiparar la edad de jubilación del hombre con el de la mujer.
El argumento presentado por la Ocde, en materia pensional, para sustentar sus opciones de reforma, parte de múltiples cifras como estas: “Menos de un 40 por ciento de la población dispone de una pensión y la mitad de las personas de la tercera edad viven por debajo de la línea de la pobreza”. Pese a algunos avances en materia de protección de la tercera edad, la inseguridad de sus ingresos “es elevada en comparación con los países de la OCDE”, dice el informe.
Un punto de origen de esa situación es la alta informalidad laboral, cuya reducción, según el organismo, sería “la solución de cara a ampliar la cobertura de las pensiones”.
Y es que, según los datos expuestos por la OCDE, “aproximadamente 36 por ciento de los empleados formales se encuentran adscritos al plan público mientras que el 64 por ciento restante está en el privado”. Se sabe que en ambos regímenes, más de la mitad de las personas está afiliada, pero no cotiza desde hace seis meses.
La presión sobre el sistema pensional, ampliamente conocido en Colombia, sumada a la corrupción que hubo en el pasado y que llevó a la reducción de los recursos disponibles para pagar las pensiones está a la orden del día. Para ello, la OCDE propone, entre otras, que “el aumento de la cobertura de las pensiones para hacerlas extensivas a todos los trabajadores se puede conseguir reformando los dos planes actuales —público y privado— y ampliando el programa BEPS.
Podría ampliarse la cobertura al tiempo que se contienen los costos fiscales relajando la limitación de que la pensión mínima deba ser al menos un salario mínimo, si bien esto exigiría una difícil reforma constitucional. Otra opción sería proporcionar una pensión parcial a aquellos ciudadanos que alcancen la edad de jubilación con menos años de trabajo de los necesarios. Esta pensión sería equivalente a una pensión mínima ajustada para reflejar la diferencia entre el periodo de contribución real del jubilado y el periodo obligatorio de 25 años”.
También sugiere que podría “aumentarse la cobertura ampliando el número de beneficiarios potenciales del programa BEPS (beneficios económicos periódicos), al permitir que contribuyan a este programa aquellos ciudadanos que ganen menos del salario mínimo y no tengan acceso al BEPS por superar los límites actuales de ingresos para contribuir al mismo”.
Además, agrega el organismo, “se puede aumentar la cobertura reformando algunas características del plan público de prestaciones definidas. La disminución de la tasa de reemplazo para acercarla a la tasa del sistema privado -reduciéndola a la mitad- eliminaría el arbitraje existente entre ambos planes y reduciría los subsidios los ciudadanos más adinerados”.
