Una de las prioridades del Gobierno en el 2015 será recuperar la imagen de la justicia, que, luego del prolongado paro judicial y del Inpec, quedó aún más maltrecha entre los colombianos.
Así lo afirma el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien asegura que otro de los ejes de esa cartera será frenar el populismo punitivo. En diálogo con EL TIEMPO, dice que la tendencia a promover la creación de nuevos delitos o a aumentar las penas llevó a que el país tuviera hoy condenas de hasta 118 años, que podrían considerarse penas de cadena perpetua.
Agrega que el debate ahora no será si se aprueba la cadena perpetua para quienes atenten contra los niños –como lo han propuesto algunos sectores–, sino si esta “debe mantenerse, ampliarse a otros delitos o eliminarse”.
Anuncia, por otra parte, la presentación de un proyecto para revivir la ley de pequeñas causas, y asegura que el Gobierno revisará con lupa las iniciativas que pretendan crear nuevos delitos o aumentar las penas.
¿Cuál fue el impacto de los paros de la Rama Judicial y el Inpec?
El primer impacto negativo tiene que ver con la credibilidad de la ciudadanía frente a la administración de justicia. Normalmente hay una cierta resistencia ante la administración de justicia porque suele ser de difícil acceso y tener trámites muy complicados y lentos para resolver los conflictos. Entonces, si a todos esos problemas se les suman tres meses de parálisis absoluta, eso refuerza la imagen negativa que la gente tiene de la administración de justicia.
¿Cuánto tiempo le puede tomar al país recuperar lo que no se hizo?
Ese es otro impacto negativo que generó el paro: la congestión judicial. De todas formas, para este año, entre el Gobierno y el Consejo de la Judicatura, se acordó acabar con los jueces de descongestión y comenzar paulatinamente a convertirlos en cargos permanentes. Eso va a ayudar a la descongestión del sistema. También, en el primer año, se destinarán 650.000 millones de pesos, conseguidos a través de un proyecto de ley que ya sancionó el Presidente, para poner en funcionamiento el Código General del Proceso, que prevé mecanismos más ágiles de administración de justicia. Ese código se expidió hace más de dos años pero desafortunadamente no se ha puesto en funcionamiento por falta de dinero. Además, se va a acabar de poner en funcionamiento toda la oralidad en la jurisdicción administrativa e incluso en lo que falta en el sistema penal.
¿Dentro de cuánto el sistema de justicia en el país será oral?
El principal problema para la implantación de los sistemas orales tiene que ver con la escasez de dinero. Con los recursos de financiación aprobados, el tiempo dependerá de la planeación y ejecución que a partir de este año haga la Judicatura, que es la encargada de administrar e invertir esos nuevos recursos.
Habla de acercar la justicia al ciudadano. ¿Cómo lo van a hacer?
El Ministerio de Justicia está trabajando también en otros proyectos que buscan hacer mucho más ágil la administración de justicia. Con la Fiscalía, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de ley para introducir algunas modificaciones al sistema procesal penal. Dentro de esas modificaciones que se van a proponer está la reimplantación de la ley de pequeñas causas. Eso va a significar que, para un número de delitos de frecuente ocurrencia, va a haber procedimientos más rápidos, en los cuales la Fiscalía, incluso, puede dejarles la labor de acusar a particulares o privados. Para el Ministerio es muy importante que este sea un año de gran importancia para la administración judicial, porque la justicia es uno de los caminos para llegar a la paz y mantenerla.
¿La ley de pequeñas causas será igual a la que tumbó la Corte Constitucional hace un par de años?
Es muy similar. Eso se cayó en la Corte Constitucional precisamente porque la Constitución radicaba exclusivamente en cabeza del Fiscal la facultad acusadora. Ahora está abierta la posibilidad de que haya acusaciones particulares. Los delitos contemplados en el proyecto son los querellables.
Frente al Inpec, ¿es posible proponer un proyecto para frenar a los sindicatos?
La administración de justicia tiene muchos problemas y el sistema carcelario es parte de las preocupaciones. Lo importante ahora es enfocarnos en ese trabajo conjunto con el Inpec, con el Consejo de la Judicatura, con los empleados de la Rama Judicial, con los usuarios del sistema y, por supuesto, con las personas que forman parte de las organizaciones sindicales para sacar adelante la imagen de la administración de justicia para hacer de este año no solamente el año de la paz sino de la justicia. Por ahora tenemos un problema que no hemos terminado de solucionar y es la descongestión de las URI y de las estaciones de policía; entonces, nos estamos concentrando en este momento en estabilizar el sistema penitenciario.
Hace casi dos años se declaró la emergencia carcelaria y aún la crisis no se supera. ¿Qué hacer?
A diferencia de lo que algunos piensan, el Gobierno nunca ha dejado de construir cupos carcelarios. En los últimos cuatro años se construyeron 7.200 cupos y hay planeados 18.000 cupos más para los próximos cuatro años. En el país se captura a seis personas cada hora y, mientras se construían 7.200 cupos carcelarios, ingresaron a prisión 33.000 personas, y eso no se controla solamente aumentando el número de cupos. Eso supone dos medidas adicionales a la construcción de cárceles: controlar lo que ya se conoce como populismo punitivo, que es la tendencia a resolver todos los conflictos sociales mediante la creación de un nuevo delito o aumento de penas, y la racionalización de la detención preventiva.
En ese populismo punitivo, ¿cuál fue la ley que más contribuyó a que se incrementara la población carcelaria?
Con el nombre de populismo se conoce actualmente la tendencia a solucionar los conflictos sociales mediante la utilización directa del sistema penal, renunciando a explorar formas distintas de conseguirlo. En la práctica, esto se traduce en la creación de nuevos delitos, en el incremento de penas para los ya existentes o en la reducción o eliminación de beneficios penitenciarios. El abuso de estos mecanismos ha conducido en nuestro país a que algunos delitos, como el homicidio en persona protegida o el tráfico de niñas, niños y adolescentes, tengan previstas penas de prisión de hasta 90 años, que exceden en mucho la expectativa de vida de los colombianos. O, para mencionar otro ejemplo, el delito de lavado de activos, que, con todos los agravantes que se le han introducido, puede llegar a tener una pena de 118 años de prisión.
¿Cómo es que en el país hay penas de hasta 118 años?
Eso se debe precisamente a la equivocada idea de que todos los conflictos sociales deben ser resueltos a través del derecho penal. En realidad, lo que debe hacerse es recurrir inicialmente a otras vías de solución y dejar la criminalización de las conductas como el último de los recursos disponibles, para aquellos eventos en los que sea claro que las demás herramientas fracasaron como forma de superación del problema. Proponer la creación de delitos o el aumento de penas como forma de combatir cualquier conducta irregular es precisamente lo que se denomina populismo punitivo, porque se le envía a la sociedad el mensaje equivocado de que el derecho penal es la mejor forma de resolver conflictos. La idea tiende a generar tranquilidad y por eso es popular; pero, con el paso del tiempo, suele verse que los problemas no desaparecen por la simple creación de delitos o aumento de penas y entonces el cuestionamiento de la comunidad no recae sobre quienes crearon la norma, sino sobre los encargados de aplicarla.
Cuando dice que el debate debería ser el de si es conveniente eliminar la cadena perpetua, ¿es porque en su concepto no debería existir?
Lo que quiero significar es que el populismo punitivo lleva al aumento paulatino de las penas, hasta despertar en algunos la sensación de que hay que llevar ese incremento al máximo nivel posible, que es la cadena perpetua. Lo curioso es que estos constantes aumentos han conducido en la práctica a la creación de penas tan altas que superan la expectativa de vida en Colombia. En otras palabras, la cadena perpetua existe hoy en Colombia, aunque no se la haya reconocido expresamente como tal y por eso no tiene sentido debatir sobre si se la puede implantar, sino sobre si ella debe mantenerse, ampliarse a otros delitos o eliminarse.
¿Desde el Consejo de Política Criminal se ha logrado bloquear ese populismo punitivo?
En el Consejo de Política Criminal se ha venido insistiendo en la necesidad de que en los proyectos de ley se identifique claramente el problema que se pretende solucionar y la necesidad de recurrir a una nueva normativa para resolverlo. Con eso se consigue evitar que las modificaciones de la legislación penal respondan a situaciones meramente coyunturales. Adicionalmente, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de que los proyectos de ley prevean el impacto que su aprobación ocasionaría en el sistema penal y en el ámbito penitenciario. Por ejemplo, debe haber claridad sobre si esa nueva ley va a generar una congestión adicional en los despachos judiciales, y si lo que se prevé es la imposición de una pena privativa de la libertad, el proyecto debe mostrar que el sistema penitenciario cuenta con la capacidad suficiente para absorber el nuevo número de condenados.
¿El Ministerio ya emitió un concepto sobre el proyecto de Código de Policía?
El Ministerio de Justicia elaboró un concepto sobre el proyecto de modificación del Código de Policía, en el que de manera pormenorizada se señalan los aspectos que a nuestro modo de ver deben ser ajustados para evitar tropiezos no solamente en el transcurso de los debates en el Congreso, sino frente a posteriores pronunciamientos de la Corte Constitucional.
¿Qué aspectos podrían tener tropiezos en la Corte?
Hay varias normas que deben ser ajustadas para hacerlas compatibles con principios generales como el de tipicidad y el de 'ne bis in idem' (nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por el mismo hecho).
¿Han pensado en revisar esos nuevos delitos y penas que fueron aprobados?
El Ministerio ha pensado en una gran revisión de todo el Código Penal más que en su estructura teórica en lo que tiene que ver con las penas, pero ese es un proyecto de largo plazo porque tiene muchísimas implicaciones prácticas.
¿En esa revisión se contempla revisar penas?
La revisión no puede ser coyuntural porque eso es lo que ha llevado al descuadernamiento del Código Penal. Las penas no se asignan caprichosamente a los delitos, parten de unos propósitos generales que se deben asignar a la pena; además hay una clasificación de los bienes jurídicos que son afectados. Eso tiene una estructura técnica, que quedó muy bien plasmada en el Código Penal del 2000, pero, debido a estos movimientos de populismo punitivo, se ha ido alterando.
PAULINA ANGARITA
Redacción Justicia
