Editorial: Parte de la solución

Editorial: Parte de la solución

18 de enero 2015 , 10:50 p. m.

La semana pasada se tomó una decisión que pasó relativamente inadvertida, pero que se puede describir como un verdadero hito en lo que respecta al desarrollo de la infraestructura en Colombia. El miércoles 14, el Gobierno le dio luz verde definitiva a la propuesta presentada por varias firmas consistente en la construcción de la doble calzada en la carretera que une a Ibagué con Cajamarca, además de varias obras complementarias.

El proyecto, valorado en algo más de un billón de pesos, tiene una particularidad: no va a requerir fondos públicos para su desarrollo. A cambio, el consorcio Gica tendrá derecho a recibir los dineros de los peajes que genere la vía a lo largo de 28 años. Por lo tanto, hay un aliciente para que el constructor termine rápido y ponga el trayecto en servicio con la mayor brevedad posible.

Ese es, justamente, el espíritu de las asociaciones público-privadas –más conocidas como APP–, que nacieron gracias a una ley sancionada hace tres años y a la cual le sucedieron varios decretos reglamentarios. Si bien el esquema ya se ha usado para poner en marcha el programa de autopistas de cuarta generación, las que se habían visto hasta ahora eran iniciativas de origen público. En cambio, el tramo mencionado es el primero que tuvo su fuente en los particulares y todo apunta a que no será el último.

La razón está en que en el registro único de APP que lleva Planeación Nacional ya hay inscritos 296 proyectos, de los cuales 283 vienen del sector privado. Contra lo que se pudiera creer, el universo es muy amplio y no se circunscribe únicamente a lo vial. En la lista hay desde trabajos relacionados con transporte urbano hasta parqueaderos, pasando por edificaciones.

Para citar un ejemplo, la posible reconstrucción del Coliseo El Campín de Bogotá y su transformación en un escenario de espectáculos moderno que le permita a la capital tener una arena decente, con capacidad para 18.000 espectadores, podrían darse por obra de este modelo. La Administración Distrital ya recibió una oferta y ahora corre el tiempo para que se presenten otras que, eventualmente, mejoren la primera.

Pero sin entrar en los detalles de ese caso, el mensaje es que en estos tiempos de estrechez fiscal las regulaciones han abierto una puerta que, bien usada, le facilitará al país mejorar su infraestructura sin depender en su totalidad de los presupuestos estatales (la ley permite que hasta una quinta parte de los fondos provenga de recursos públicos). Una senda similar han recorrido otras naciones y todo indica que Colombia ha aprendido de esas experiencias.

No obstante, es incuestionable que para que esto salga bien tiene que haber un riguroso proceso de calificación de las propuestas, blindado de presiones políticas o condiciones leoninas. En tal sentido, es una buena señal que los análisis hechos por el Ministerio de Hacienda y por Planeación hayan llevado a desechar unas 90 iniciativas.

Puesto de otra manera, la ruta que se abrió hace unos días promete mucho. Para aprovechar su inmenso potencial no queda otro camino que hacer la tarea de manera juiciosa. Solo así, las APP que vendrán formarán parte de la solución a la hora de resolver el enorme problema de atraso en infraestructura que enfrenta Colombia.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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