Para qué volver

16 de enero 2015 , 08:13 p. m.

Según la Encuesta de Opinión sobre los Problemas Agrarios en Colombia, realizada durante el primer semestre del año pasado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Privada, el 70 por ciento de los desplazados del país no quiere volver a su tierra y el 75 no se ha acercado al Gobierno a reclamar sus predios. Es claro que, a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, muchos damnificados de la guerra (el 35 por ciento, de acuerdo con el mismo estudio) desconocen cómo, cuándo y dónde emprender los trámites para recobrar lo que fue suyo.

Para qué regresar –se dicen– si el victimario sigue rondando su pueblo. No importa que, como acaba de confirmarlo la nueva encuesta que el Dane ha realizado para la Unidad de Víctimas, 6 de cada 10 desplazados vivan en condiciones de pobreza, y 3 de cada 10 estén tratando de sobrevivir a la pobreza extrema.

Si algo revelan estas encuestas fundamentales es que para los cerca de seis millones de desplazados que recorren el país resulta de vital importancia llegar al fin de este prolongado conflicto, que ha ido perdiendo sentido y ha deshumanizado a tantos con el paso de las décadas. Los despojados se resisten a retornar al lugar del que fueron expulsados por los paramilitares y por las guerrillas, y en cambio prefieren intentar una vida en Bogotá o en Barranquilla, por diversos motivos. Pero, sobre todo, porque no han dejado de tener miedo; no han superado el temor porque el asedio de las bandas no ha llegado a su final: el 32 por ciento de los encuestados por el Observatorio reconoce haber recibido amenazas de sus victimarios.

Podría hacérsele una crítica a la Ley de Víctimas y llegar a la conclusión, a partir de los estudios del Dane y el Observatorio, de que para convertirla en un verdadero instrumento de paz las instituciones encargadas de los procesos –la Policía, la Fiscalía y el Incoder– tendrán que responder con verdadera eficacia, redoblar esfuerzos para conseguir la denominada “articulación institucional” y recobrar la confianza de una sociedad civil que se ha acostumbrado a la zozobra. Habría que ser claros, sin embargo, en que todo será más difícil e irá más despacio mientras el conflicto no haya terminado y el Estado no haya derrotado a los falsos ejércitos que siguen cercando a ciertas comunidades.

El 44 por ciento de los encuestados por el Observatorio ha dicho que sufre de pesadillas recurrentes, que no les dan tregua en las noches. Y que no saben a dónde ir, qué puertas golpear, para obtener ayuda. Falta mucho, en fin, para que recuperen su derecho a dormir en paz. Se han dedicado a rehacer sus vidas en lugares lejanos de aquellos de donde fueron expulsados. Son legión los damnificados exiliados a lo largo y ancho del país, y mientras la guerra continúe, no encontrarán razones suficientes para regresar al sitio que se les sigue apareciendo en sus malos sueños.

Este es un reto grande. Falta mucho para la reparación de varias generaciones de hijos de la guerra. Se necesita afinar los instrumentos para darles a las víctimas un camino hacia su paz. No obstante, encuestas como estas son un buen primer paso para la comprensión de las verdaderas dimensiones de un problema al que nos enfrentamos todos.

Editorial

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