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En el patio trasero de la justicia indígena

En el patio trasero de la justicia indígena

Debilidad de las comunidades para juzgar violencia sexual abre debate sobre su pertinencia.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
13 de enero 2015 , 06:48 p. m.

Desde muy niño, Gabriel Muyuy, quien hasta hace poco fue director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, ahora inexistente, probó el sabor amargo de la violencia.

En su comunidad inga del municipio de San Francisco, Putumayo, era frecuente, e incluso natural, que los hombres reprendieran a sus esposas con golpes e insultos.

En casa, como su padre falleció cuando él ni siquiera tenía memoria, un padrastro quiso demostrar autoridad con malos tratos hacia la madre, hasta que los hijos crecieron y entendieron que a ‘fuete’ ni se ama ni se educa.

A este filósofo y antropólogo le parece que con el tiempo casos como el que vivió en carne propia no solo aumentan, sino que se agravan.

Tiene dudas de si en otras décadas el problema era invisible o si en el presente las comunidades atraviesan tal debilitamiento que algunos de sus miembros participan de hechos pavorosos, como el que conoció hace poco el Consejo Superior de la Judicatura, en el que una niña indígena de 12 años fue violada por su propio padre, quien además obligó a su hermano, de 9, a participar en los hechos, frente a la presencia silenciosa de la madre.

Gabriel Muyuy se angustia. Le preocupa sobre todo la situación en Casanare, Vaupés, Cauca y Vichada, donde la pobreza y el hacinamiento generan relaciones conflictivas en las familias y desencadenan episodios de violencia que se ensañan con las mujeres.

La realidad es que en los patios traseros de los resguardos indígenas, las niñas, madres y hermanas son víctimas de violaciones, y cuando hablan y claman por justicia, “en muchas comunidades las castigan o las consideran sucias, manchadas, dañadas”, según expresa Esmeralda Ruiz, asesora en Género y Derechos Humanos del UNFPA (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas).

Muyuy admite que no hay que idealizar la ética indígena. “Somos humanos con errores, y ahora tenemos que corregir nuestras faltas para no seguir equivocándonos en lo mismo”, afirma.

Con franqueza, también acepta que a veces se magnifica la autoridad de los indígenas y, por lo tanto, no hay quien la controle, vigile e intervenga. Mientras tanto, agrega, hay abusos frente a la defensa de los derechos humanos, como sucede con la justicia propia respecto a los casos de violencia sexual.

Pese a esto, en la eterna controversia de quién debe castigar las violaciones contra mujeres indígenas -si la justicia ordinaria o la de las comunidades- su posición es clara: “con el respaldo del Estado, nosotros, nuestras autoridades”.

En la misma línea está Carol González, coordinadora del área de Mujer de la Opiac (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana) y líder de un comité nacional que propicia la coordinación entre ambas justicias para temas de género. Según ella, si bien en las comunidades hace falta que las mujeres asuman la justicia propia para temas como violencia sexual, el Estado debe respetar los usos y costumbres de los indígenas a la hora de juzgar faltas que ocurran dentro de sus comunidades.

La opinión de Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, es radical. Para ella y su organización, “los derechos humanos están por encima de la cultura”, de manera que “ninguna defensa, de ninguna cultura, puede hacerse basada en la no garantía de los derechos, y mucho menos los de las mujeres”.

Esmeralda Ruiz, en cambio, considera que la justicia propia debe asumir la responsabilidad, tal y como está contemplado en la Constitución. Eso sí, siempre y cuando revise las implicaciones de responder a este tipo de delitos: cómo hacer para evitar enfermedades en las víctimas, cómo evitar un daño mayor, cómo tratar a las mujeres que han sido violadas, cómo prevenir el problema, etc.

Sin embargo, lo cierto, dice, es que en la realidad ni el sistema de justicia indígena ni el ‘occidental’ operan debidamente. “Estos delitos no marcan la prioridad y siguen recibiendo un tratamiento muy marginal”.

¿Qué hacer entonces? Para Gabriel Muyuy, la ley está bien, el problema es que las autoridades indígenas, que son las que tienen que implementar las normas, no las conocen. En este sentido, dice, la clave es socializar, teniendo en cuenta las especificidades de cada comunidad. Por su parte, Ruiz considera que los fiscales también requieren capacitación. De entrada, dice, ellos desestiman los casos por causas absurdas, como que las mujeres no logran identificar a su agresor o no llevan pruebas.

‘Choque de trenes’

Con peros, como que la norma no aplica cuando vulnera lo “verdaderamente intolerable”, esto es, derechos fundamentales como la vida o la prohibición de la tortura y la esclavitud, la Corte defiende la autonomía indígena a capa y espada.

Tanto así, que entre el Alto Tribunal y el Consejo Superior de la Judicatura ha habido choques en los últimos meses por cuenta de quién tiene la competencia para conocer los casos de abuso sexual relacionados con menores de edad que pertenecen a resguardos. (Lea también: Cortes chocan por casos de violadores de niños indígenas).

Mientras la Judicatura dice que la responsabilidad recae sobre la justicia ordinaria, la posición de la Corte Constitucional es contundente: que juzguen los indígenas.

Bajo la línea de que los derechos de la infancia prevalecen, el año pasado el Consejo Superior de la Judicatura envió 14 procesos de acceso carnal abusivo contra menores indígenas a la justicia ordinaria, donde las penas van de 12 a 20 años de cárcel.

Entretanto, cuando los casos han llegado a la Corte, el organismo los ha devuelto a los indígenas y ha dicho: si los implicados pertenecen a una comunidad, los hechos ocurrieron dentro de su territorio y existen autoridades tradicionales que ejerzan funciones jurisdiccionales, entonces las comunidades pueden resolver con trabajo comunitario, fuete u otros castigos que varían de acuerdo a las costumbres de cada pueblo.

Para Gabriel Muyuy, este ‘choque de trenes’ requiere urgente un mediador: el Ministerio de Justicia y el movimiento indígena poniéndose de acuerdo en reglamentar mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia ordinaria.

Carol González lidera esta iniciativa que apenas se está levantando. En el documento que se construye pesa, por ahora, que las indígenas sienten lejanas de sus prioridades a ambas justicias.

Tampoco funciona la justicia ordinaria

La Ley 1257 de 2008, que busca proteger y defender a las mujeres colombianas de la violencia, en principio, cobija a las indígenas, pero establece una excepción perversa: que el conocimiento de los hechos que afectan a estas últimas es competencia de la jurisdicción especial de sus comunidades.

En las débiles condiciones de justicia que establecen algunas autoridades indígenas, la excepción pone tropiezos a la denuncia. Por ello, un informe de Sisma, corporación que trabaja por los derechos de las mujeres en Colombia, cuestiona si frente a las violencias contra las mujeres existe en cada pueblo indígena la capacidad para ejercer su jurisdicción especial, o por el contrario, hay ausencia de control social, inaplicación de los procedimientos de castigo y, en general, una situación grave de impunidad.

Ahora bien, las medidas de protección, atención en salud, educación y trabajo que establece la norma son vigentes para las indígenas, pero según resalta Sisma en su informe, por ejemplo, en el contexto de las awá, las autoridades locales y departamentales no conocen sus obligaciones y no cuentan con las herramientas para responder a la atención y protección necesarias.

Así las cosas, dice la directora de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero: “Si el país no se compromete realmente, la incapacidad de las mujeres le va a salir muy cara a Colombia. ¿Es viable una democracia en un país que no respeta la mitad de su población, que no da garantías a las mujeres de vivir una vida libre de violencia y que día a día escribe el fin de las indígenas en sus comunidades? No creo”.

MARIANA ESCOBAR ROLDÁN
EL TIEMPO.COM
marrol@eltiempo.com
@marianaesrol

 

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