Tras 5 meses, el Inpec y el Gobierno logran acuerdo

Tras 5 meses, el Inpec y el Gobierno logran acuerdo

El hacinamiento carcelario y el proyecto de ley de equilibrio de poderes, algunos temas pendientes.

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10 de enero 2015 , 05:51 p.m.

Con compromisos del Gobierno como girar 12.700 millones de pesos exclusivamente para incrementar el sobresueldo de los guardianes del Inpec, adquirir un seguro de vida para la planta de servidores públicos del Instituto Penitenciario y tomar medidas para mejorar la crisis en las prisiones, en la madrugada de este sábado se levantó el paro que tenía en vilo el sistema carcelario.

En el acuerdo los representantes de los 3.800 guardianes y funcionarios del Inpec, unidos a 64 sindicatos, se comprometieron a levantar el denominado ‘plan reglamento' que mantenían desde hace cinco meses. Durante ese tiempo estuvieron bloqueadas las cárceles del país ante la negativa de la guardia penitenciaria de trasladar presos. Esto mantuvo en graves condiciones humanitarias a los detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y comandos de Policía. La guardia del Inpec se comprometió a adoptar “un plan de contingencia” para redistribuirlos en las cárceles. A través de un comunicado, dijeron que normalizarán las actividades y recibirán “los internos de las URI de acuerdo a horarios, protocolos y capacidad logística”. (Lea también: Romper el paro, principal reto de la justicia en 2015).

En la reunión que se desarrolló durante horas de la madrugada de este sábado, en la Casa de Nariño, estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón; el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borges, y el director del Inpec, general Jorge Ramírez, así como representantes de los sindicatos.

Uno de los acuerdos es instalar una mesa técnica, el próximo 15 de marzo, para discutir soluciones al hacinamiento carcelario. En ese encuentro también se evaluará la regulación de la jornada laboral de los guardianes, la prima de riesgo del personal administrativo y el incremento del pie de fuerza en las prisiones. También se debatirá una propuesta de reforma legal para unificar los requisitos de los funcionarios del Inpec para acceder a una pensión.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que lo más importante del acuerdo es el “compromiso de las partes para seguir trabajando unidas por el mejoramiento de la situación en la que está la población carcelaria”.

Más desafíos y temas pendientes

La Fiscalía, el Inpec y el hacinamiento carcelario

“Este es el año de los resultados de la Fiscalía”, dijo Juan Carlos Lancheros, director de Derecho Justo. En el 2015, que es el último año de gestión del fiscal Eduardo Montealegre, deberá ser en el que se consolide el ente acusador tras la reestructuración interna que emprendió en el 2014 y la inyección de capital que para ello recibió. Además, existen retos a nivel de política criminal que permita resolver el hacinamiento carcelario y reestructurar el funcionamiento del Inpec de manera estructural. Algunos, incluso, proponen que sea eliminado. Expertos plantean implementar más medidas sustitutivas de la prisión.

El proyecto de ley de equilibrio de poderes

Hay expectativa entre los expertos por el texto final que apruebe el Congreso sobre el proyecto de ley de equilibrio de poderes, del cual se ha dicho que no contiene la reforma que la justicia necesita. Propone eliminar el Consejo Superior de la Judicatura para crear un nuevo órgano de gobierno y disciplina de la Rama, del que harían parte los presidentes de las Cortes. Para Gloría María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, si se aprueba este año, causará un “revolcón en la justicia”, por lo que el 2015 sería de “mucha inestabilidad”.

La implementación de la oralidad en los procesos

Aunque fue calificado como la “verdadera reforma de la justicia” por el presidente Juan Manuel Santos, la implementación del Código General del Proceso enfrenta grandes retos para este año: se implementaría en siete circuitos judiciales más. Actualmente funciona en Manizales, Armenia, Tunja y Valledupar, según la Judicatura. Lo que se busca es reducir los tiempos –a menos de dos años– de los procesos civiles, comerciales, laborales, de familia y agrarios aplicando la oralidad. El Ministerio de Justicia dijo que 650.000 millones de pesos serán destinados para ello.

Vacantes y decisiones pendientes de las cortes

La Corte Constitucional resolvería temas como las corridas de toros en Bogotá, el segundo capítulo de las uniones del mismo sexo y el plazo que pidió Colpensiones para pagar mesadas. Además, se elegiría la vacante que dejó el exmagistrado Alberto Rojas y la que dejaría Mauricio González. En cuanto al Consejo de Estado, se espera que emita la decisión sobre la demanda a la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, que tiene pendiente recusaciones, y se conocería el resultado de la demanda de Petro a la decisión de la Procuraduría que lo destituyó. Hay ponencia a favor del Alcalde.

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