'Sindicato del Inpec nos recordó que está armado': Minjusticia

'Sindicato del Inpec nos recordó que está armado': Minjusticia

Guardianes anunciaron que desde el martes cerrarán cuatro cárceles, donde hay 28.000 internos.

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07 de enero 2015 , 10:24 p. m.

En diálogo con 'Blu Radio' el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo este jueves que desde esta cartera han "tratado de resolver los problemas del Inpec, pero que son soluciones que toman tiempo y que no se dan de un día para otro".

Reyes aseguró que hasta ahora el sindicato del Inpec ha impedido hacer traslados a centros penitenciarios, lo que sigue congestionando las URI y estaciones de Policía.

El ministro fue enfático en que, en todo caso, "el Gobierno garantizará que desde el martes se presten los servicios judiciales". Para ello, explicó Reyes, ya se están planteando medidas conjuntas con Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

Señaló que se ha reunido permanentemente con el Inpec y que ha existido "intransigencia de su parte" y "graves advertencias". Según Reyes, representantes del sindicato, al fracasar las negociaciones la semana pasada,  "nos dijeron que nos acordáramos que ellos son un sindicato armado. Pese a ello volvimos a reunirnos con ellos", aseguró Reyes en 'Blu Radio'.

De otro lado, como parte de las soluciones para descongestionar las cárceles afirmó: "Presentamos un proyecto de ley para racionalizar la detención preventiva y disminuir a futuro el número de sindicados en las cárceles y, por lo tanto, el hacinamiento".

También se ha hablado de la ampliación de cupos penitenciarios y este año se crearán 3.500 nuevos cupos. Sin embargo, Reyes señaló que la solución no se deriva de construir más centros penitenciarios.

"Probablemente hay exageración en la medida preventiva y un populismo punitivo. Hoy tenemos 18.000 demandas contra el Estado por detenciones ilegales, son demandas por 23 billones de pesos", aseguró Reyes e indicó que esto es evidencia de que están "abusando de la medida de aseguramiento preventiva".

La decisión de los sindicatos del Inpec de “cerrar”, ante el ingreso de nuevos reclusos, las cuatro cárceles más importantes del país (La Picota y la Modelo, de Bogotá; Bellavista, de Medellín, y Villa Hermosa, de Cali) amenaza con llevar a una fase crítica la situación humanitaria que se vive en los centros penitenciarios.

En los cuatro mencionados hay casi 28.000 presos, aunque tienen capacidad para albergar menos de 12.000. El cierre comenzaría el próximo martes.

Los sindicatos del Inpec, que completaron 130 días de protesta, piden el pago de una prima y la ampliación del personal de planta. La última acción la emprendieron en la mañana de este miércoles, cuando los guardianes impidieron el ingreso de funcionarios a la sede principal del Inpec, en Bogotá.

“Hay días en que no permiten el ingreso del personal administrativo y en otros las cosas funcionan sin contratiempos. En cuanto a las remisiones médicas, los sindicatos solo están permitiendo las que revisten mayor gravedad”, dijo una fuente consultada.

Los sindicatos están detrás de la llamada ‘operación reglamento’, que ha llevado a que solo los casos más graves sean atendidos.

Además tienen la intención de oponerse a una eventual liquidación del Inpec, una de las entidades más cuestionadas.

El resultado de la protesta se observa en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), en la Fiscalía y en las estaciones de Policía, que desde hace meses se encuentran hacinadas.

Según la Defensoría del Pueblo, en las estaciones de Policía había, hasta el 14 de diciembre, 3.525 detenidos: 1.601 condenados y 1.924 sindicados; y en las URI, cerca de 1.500.

Solo en las URI de Bogotá, donde existe cupo para 300 personas, hay 704, lo que ha desatado una crisis humanitaria por las condiciones de su confinamiento.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que se están violando los derechos fundamentales de los internos, pues incluso se les está negando la posibilidad de asistir a citas médicas. Los traslados a audiencias y los permisos domiciliarios también se han visto afectados.

Entre los 704 recluidos en las URI hay al menos 47 a los que hace varios meses se les impuso detención domiciliaria, pero que por el paro no han podido ser reseñados y enviados a sus casas a pagar la pena.

El Ministerio de Justicia propuso el pago de una bonificación, que se otorgaría por una vez este año, pero fue rechazado por su monto, 12.700 millones de pesos, considerado “irrisorio” por los funcionarios del Inpec, que son 16.000.

La crisis de las prisiones se presenta cuando aún no se sabe si el paro judicial, que duró más de dos meses, se reanudará el martes, cuando terminan las vacaciones de la Rama.

JUSTICIA

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