A horas del plazo, traslado de sede de Contraloría parece irreversible

A horas del plazo, traslado de sede de Contraloría parece irreversible

Jueza clave para el ente salió de permiso. Procuraduría pidió medida cautelar para extender plazo.

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30 de diciembre 2014 , 07:47 p.m.

La Procuraduría se adhirió este martes a la cruzada jurídica para evitar que, en una situación inédita en la historia reciente del país, un organismo de control central suspenda sus funciones porque no tiene sede física para sus trabajadores.

El Ministerio Público se sumó, en calidad de coadyuvante, a la tutela entablada por los funcionarios de la Contraloría, que piden una medida cautelar que amplíe los términos del traslado de la sede. El contrato de arrendamiento en el edificio Gran Estación II, que ha sido cuestionado por sus millonarios costos, termina este 31 de diciembre, y el contralor Edgardo Maya no lo prorrogará por las reservas penales y fiscales que existen sobre ese negocio, firmado por su antecesora, Sandra Morelli.

La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le pidió a la juez primera de ejecución de penas que otorgue el amparo porque “el cierre abrupto” de la Contraloría generaría una afectación “grave y directa del interés colectivo” en la medida en que se están poniendo en riesgo los recursos públicos del Estado por la parálisis de las investigaciones.

Pese a la urgencia de la situación, este martes se supo que la juez salió de permiso hasta el lunes 5 de enero. La Procuraduría le pidió a la Judicatura que le ordene reintegrarse a su despacho el viernes 2 de enero para que defina si concede o no la tutela, que le daría a la Contraloría entre cuatro y seis meses de oxígeno.

Este martes, un juez de Bogotá negó otra tutela, con las mismas pretensiones, interpuesta por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien ya anunció que apelará.

Además, Maya pidió al director del Archivo Nacional, Carlos Zapata, que se habiliten espacios para que esa entidad asuma “de manera inmediata” la custodia del archivo documental de la Contraloría.

Según dijo, la solicitud hace parte del “plan de contingencia” que se ha diseñado ante un “inminente traslado” de la entidad y el alto riesgo al que estarían expuestos los expedientes.

El Gobierno mantiene abierta la opción de que la Contraloría se mueva a la sede del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá. Ese edificio empezó a ser desalojado por los funcionarios del Ministerio, pero, como allí no hay lugar para los cerca de 2.500 servidores que hacen parte del organismo fiscal, la opción aún no ha sido aceptada.

Las claves de la más grave crisis operativa de la Contraloría

La Emergencia por la sede tiene en jaque al organismo encargado de cuidar la plata de todos los colombianos.

1. Por qué no se prorrogó el contrato de arriendo

El contralor Edgardo Maya no prorrogó el contrato por una carta en la que la Fiscalía le advierte de las dos investigaciones que se abrieron por ese polémico negocio de la administración anterior. Una, por las supuestas irregularidades en las que habría incurrido la excontralora Sandra Morelli al hacer el contrato, que en una de sus cláusulas ata a la entidad a permanecer 10 años en esa sede, so pena de pagar 30.000 millones de pesos. La otra es por lavado de activos contra uno de los dueños del inmueble.

2. Lo que está en riesgo si no se resuelve el lío

La Contraloría lleva al menos 800 procesos de investigación fiscal, que, de resultar afectadas sus funciones por el trasteo obligado, quedarían congelados y en riesgo de prescripción. También se frenaría la expedición de antecedentes fiscales que otorga la Contraloría, lo que llevaría a que los funcionarios públicos no puedan ser contratados porque se les exige ese documento. Por otro lado, se afecta el derecho al trabajo de los 2.300 funcionarios del organismo de control.

3. Demanda en tribunal de arbitramento

Una demanda ante el Tribunal de Arbitramento de Bogotá fue interpuesta por el contralor Edgardo Maya. Lo que busca es echar por tierra una parte del polémico contrato firmado por Sandra Morelli y que obliga a la entidad a pagarle 30.000 millones de pesos al dueño del edificio en caso de que el arriendo no se prolongue por 10 años. Según el contralor Maya, el negocio “va en contravía de los requisitos legales de contratación pública” y tiene cláusulas “desequilibradas”.

4. En qué va la situación de la excontralora Morelli

La excontralora Sandra Morelli fue acusada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los contratos son los 233 y 234 de arrendamiento de la sede de la Contraloría, que firmó el 29 de marzo del 2012, por un canon mensual del orden de los 2.703 millones de pesos. A la fecha, esa entidad ha pagado por arriendo, con esas cuentas, más de 80.000 millones de pesos.

5. Lo que dicen los trabajadores de la Contraloría

Carlos Saavedra, presidente de Ascontrol, dijo que todos estos líos ponen en riesgo su sueldo y el de todos los funcionarios de la entidad. Agregó que ninguna de las propuestas que ha hecho el Gobierno –como reubicarse en la sede del Ministerio de Justicia– le sirven a la Contraloría porque dejan a más de la mitad de sus 2.300 empleados sin lugar en donde trabajar. Incluso, se ha hablado de volver a la antigua sede, pero en calidad de préstamo.

6. Auditoría General está a dos meses de la misma crisis

La auditora general, Laura Marulanda, afirmó que el contralor Maya “está haciendo lo que debe”, pues los problemas que tiene “son heredados de la administración anterior”.

Sostuvo que la Auditoría, que tiene un contrato con los mismos arrendadores, estará en esa sede hasta febrero, cuando se vence la prórroga, que se firmó en agosto pasado. Para entonces estaría en una encrucijada, pues tampoco tiene instalaciones para trasladarse.

JUSTICIA
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