Como los cinco soldados asesinados con tiros de gracia ya son prehistoria para este gobierno, querrán que hagamos la ola a las Farc por liberar al soldado que se salvó de la matanza y fue secuestrado. Además, al ser masacrados horas antes de la tregua y no durante la misma, no ensombrecieron ni por un instante los festejos de los amigos de la paz en honor a la decisión de las Farc de dejar de asesinar inocentes hasta que les dé la real gana.
Supongo que por pertenecer a la bandada de buitres de la guerra soy tan torpe y ávida de sangre –el Gobierno y sus satélites así nos consideran a quienes osamos criticar su proceso–, que sigo sin comprender el sentido político y la justificación histórica de poner una bomba para destrozar la vía Panamericana y después matar a los militares que persiguen a los autores del atentado.
Ruego a esos senadores tan comprensivos con los violentos, al Ministro del Interior, a la Unidad de Contexto Histórico de la Fiscalía y al propio Presidente, se dignen bajar de su pedestal para explicarnos el contenido social de ambas acciones.
Necesitamos saber qué tiene que ver la inequidad contra la que las Farc dicen luchar con dejar inservible una carretera durante horas, hacer gastar al Estado fondos para repararla y, lo que es imperdonable, segar la vida de cinco colombianos y secuestrar a otro de ellos. ¿Es combatir a la insaciable oligarquía? ¿Será reivindicar los derechos campesinos? ¿O tal vez se trate de acciones contra la corrupción?
Mi torpe lectura de buitre es que ‘Timochenko’ y sus lugartenientes quisieron hacer valer la tregua con esos asesinatos, igual que ahora con la liberación del soldado Carlos Becerra. Que creamos que son tan buenos y generosos, que en lugar de seguir asesinando estarán el rato que les provoque sin disparar en exceso. Porque lo único que bajarán, si acaso, serán las matanzas y los secuestros, dos de los muchos crímenes que cometen las Farc y que resultan más fáciles de supervisar, aunque el Gobierno poco supervisa.
Olvidaron que fiscalizar la suspensión de hostilidades no es tarea fácil, porque las Farc protagonizan una guerra sucia e irregular donde practican una variopinta lista de delitos. Y que lo primero que requiere el supervisor es credibilidad y eso es lo que este Ejecutivo no tiene en dicha materia.
Santos la perdió por descalificar los datos de secuestro de País Libre, pese a que son cifras de su propio gobierno. No es consciente de que el papel que jueguen ahora será una prueba de fuego para ese famoso pos-conflicto que vende de manera prematura.
Sobre otros delitos, va una queja a ver qué solución ofrecen: en San Miguel (Putumayo), municipio fronterizo con Ecuador donde cultivan coca a la lata, las Farc reunieron a los campesinos el primer fin de semana de diciembre. Anunciaron que minarán alrededor de las fincas, en los rastrojos y selvas, entre San Miguel y La Siberia. Los labriegos se quejaron por el riesgo para sus vidas. Dijeron, entre otras, que utilizan esas áreas como baño. “Pues hagan sus necesidades en los caminos y quien pase, que se tape la nariz”, respondió con desdén un guerrillero.
Suena a anécdota de Día de Inocentes, pero los labriegos no se rieron. ¿Garantizan los supervisores que no minarán? Y en La Hormiga, pueblo cercano, ¿pagan las ‘vacunas’ los comerciantes, transportistas etc. o la tregua supone que quedan exentos? ¿Y los de Arauca? ¿Y los de Neiva? ¿Si los amenazan por no cancelar, a quién reclaman?
Salud Hernández-Mora