El Gobierno, a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, acaba de terminar la elaboración del primer registro oficial de víctimas de la guerra en los últimos 30 años.
La directora de esa entidad, Paula Gaviria, lideró la titánica tarea para lograr que Colombia sea la primera nación del mundo que elabora un registro formal de las víctimas de un conflicto interno. Y formula un gran anuncio: termina la etapa de subsidios y ayuda directa a desplazados, para iniciar inmediatamente la tarea de reintegración a la vida normal y la sociedad.
Nieta del expresidente Belisario Betancur, la doctora Gaviria cursó derecho en la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado y diplomados en derechos humanos en Transitional Justice Fellowship, en Sudáfrica, y en el International Visitors Leaderhip Program con el Departamento de Estado, de Estados Unidos.
Las cifras, como ella misma lo reconoce, no pueden ser más escabrosas. “Cada día atendemos, en los 110 puntos presenciales, canal telefónico y virtual, a más de 4.000 víctimas”, dice.
Unos 49.000 hogares han recibido vivienda gratuita, 63.000 más han sido acompañados en retornos y reubicaciones; más de 482.000 víctimas han sido indemnizadas. Y 54.000 han recibido atención psicosocial, en un ejercicio único en la historia del país, desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el 2011. Entre el 2012 y septiembre del 2014, el Gobierno Nacional invirtió cerca de 3,1 billones de pesos en la atención humanitaria de 1’661.208 hogares.
¿Cuántas víctimas ha dejado el conflicto armado en el país?
El registro cuenta con más de 6,8 millones de víctimas. Este es un mecanismo de reconocimiento del conflicto armado que también permite organizar la respuesta del Estado.
¿Cuántas de las víctimas han sido desplazadas?
El 86 por ciento son desplazados y el 14 por ciento, víctimas de amenazas, homicidio, desaparición forzada; y en menor proporción, secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, tortura, reclutamiento forzado de niños y niñas, y atentados. Son cifras absolutamente escabrosas y dolorosas del conflicto en los últimos 30 años.
¿Cómo logró hacerse el registro?
El país ha hecho un esfuerzo monumental para saber más sobre las víctimas. Primero, consolidó con todas las bases de datos existentes en las diferentes entidades del Estado; segundo, depuró la información y empezó una tarea titánica para implementar un proceso de actualización hogar por hogar, a través de la herramienta plan de atención, asistencia y reparación a las víctimas (Paari). Hoy sabemos la situación actual de 700.000 hogares desplazados de un total de 1,3 millones. Nuestra reparación incluye 5 medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La política de víctimas del Gobierno es uno de los pilares para construir la paz.
¿Cuántos desplazados recibió su unidad?
Cuando se creó la entidad, en el 2012, había un registro de desplazados que lo llevaba Acción Social, con 4’798.000 víctimas. Hoy hay 5’902.248, de las cuales 4’662.776 son sujetos de atención activa.
¿Y cuál es el origen de ese aumento?
Principalmente, se debe a que las personas que fueron víctimas del desplazamiento antes del 2012 se han acercado al Estado y han declarado su condición.
Como aún no ha llegado el fin del conflicto, todavía se siguen produciendo nuevas víctimas de desplazamiento en una proporción inferior. En el 2012 fueron expulsadas de sus hogares 206.504 personas, y para el 2013 se vieron forzadas a dejar sus casas 142.181 personas. Por tanto, durante 2012 y 2013 se desplazó el equivalente al 6,3 por ciento del total de personas identificadas desde 1985. El 93,7 por ciento restante equivale a desplazamientos ocurridos en años anteriores. Desplazadas por hechos ocurridos en el período del presidente Santos constituyen el 53,3 por ciento de las víctimas de desplazamiento del segundo período de Álvaro Uribe. Esto quiere decir un decrecimiento del 46,7 por ciento. Esta reducción es notoria teniendo en cuenta que, entre el primer y el segundo período de Uribe, solo se registró un decrecimiento del 14 por ciento en el número de personas desplazadas.
¿En dónde se presentaron disminuciones y en dónde aumentaron?
En general, los desplazamientos disminuyeron en todos los departamentos del país entre el 2012 y el 2013, salvo en Valle del Cauca, donde se incrementaron un 14,6 por ciento de un año a otro.
¿Cuántas son las víctimas de la guerrilla, el paramilitarismo y la Fuerza Pública en los últimos 30 años?
Primero, hay que aclarar que por tratarse de un registro administrativo, su finalidad no es determinar de quién es la responsabilidad de los hechos. Si las víctimas así lo quieren, manifiestan quién consideran que fue el responsable. Con estas aclaraciones, los porcentajes son: No identifica autor: 2’943.209; grupos guerrilleros: 2’717.219; paramilitares: 1’296.186. Fuerza Pública: 28.833.
¿En dónde están los casi 5 millones de desplazados que hay en el país?
La mitad, en capitales: 3,4 millones. Trece ciudades registran más de 100.000 víctimas: Medellín, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Sincelejo, Montería, Cúcuta, Cali, Popayán, Villavicencio y Florencia.
¿A cuántos atiende su unidad?
Con atención humanitaria hemos llegado a 3’184.239; y con indemnización administrativa, a 65.509 desplazados. De otros delitos hemos reparado a 482.000.
¿Y qué pasa con el resto de desplazados?
Están en la ruta de atención, han recibido ayuda humanitaria y están avanzando en su subsistencia mínima y en la superación de su vulnerabilidad.
¿Cómo se atiende a los desplazados que su unidad protege?
Reciben ayuda humanitaria cuando ocurre la emergencia, para garantizar el derecho a la salud, alojamiento y alimentación. Durante el proceso de estabilización se les garantiza, además, el derecho a la educación, identificación, reunificación familiar y asesoría para la generación de ingresos. La etapa de reparación se inicia cuando el hogar está reubicado, retorna o se integra a la ciudad. Es entonces cuando reciben la indemnización administrativa. Nuestro objetivo y compromiso es pasar del asistencialismo a la inclusión social.
¿Eso ya está en marcha?
El Presidente acaba de expedir el decreto 2569 de 2014, que beneficiará a 1,3 millones de hogares en situación de desplazamiento. Con su aplicación, la proporción será mayor, porque empezaremos a tomar las decisiones de suspensión de atención humanitaria y priorización para medidas de reparación y estabilización social y económica.
¿Hasta cuándo va a continuar el Estado la ayuda a los desplazados?
El presidente Santos acaba de tomar una decisión histórica, que fue comprometer a todo el Gobierno para impulsar el decreto que le cité, que va a pasar a las víctimas del asistencialismo a la inclusión social. Esta es una decisión cargada de simbolismos. Resulta que en el 2000, cuando el Presidente era ministro de Hacienda, se expidió el decreto 2569 del 12 de diciembre. Mismo número y mismo día del año, 14 años después se expide el decreto 2569 del 12 de diciembre de 2014. Revisando esta coincidencia, Colombia ha esperado 14 años este salto para que las víctimas de desplazamiento sean realmente ciudadanas.
¿Por qué lo bautiza con la palabra “histórico”?
Porque vamos a medir a estos 4,6 millones, que son 1,3 millones de hogares, para saber cómo están sus carencias, qué necesitan y qué ya no necesitan. Lo que les daremos a ellos es una oportunidad de retornar a su tierra, de estabilizarse y ser ciudadanos, y de seguir la ruta de la inclusión social. Es decir, se acabó el tema de que todos son iguales y todos reciben lo mismo.
¿De este millón de familias desplazadas, cuántas eran propietarias de un terreno?
Se han recibido más de 70.000 solicitudes de restitución de tierras. Sin embargo, no todas las personas eran propietarias. También había poseedores de buena fe y ocupantes de baldíos del Estado. No todas las solicitudes implican que la víctima efectivamente tenga el derecho a la restitución. Hasta el momento, la Unidad de Restitución ha presentado 5.979 demandas, y adicionalmente se han proferido sentencias sobre más de 1.800 casos.
¿Y qué ocurrió con los desplazados a quienes no les arrebataron la tierra sino que abandonaron el campo por temor?
El 78 por ciento de las personas desplazadas ya retornaron o se reubicaron en otro lugar, muchas de ellas en ciudades. Entonces, quienes no sufrieron el despojo como forma de expropiación de su tierra, sino que sencillamente abandonaron la tierra, son acompañados por el Estado para que puedan estabilizarse socioeconómicamente en el lugar de su elección. Al momento, hemos acompañado a más de 63.000 hogares.
¿Cuántas personas han sido víctimas de asesinatos, amenazas y otro tipo de represalias por regresar a su tierra?
Siete reclamantes de tierras han sido asesinados.
¿Cuáles son sus programas básicos para el año que comienza?
La inclusión social. Los desplazados y las desplazadas son ciudadanos de primera categoría, no de tercera; son personas con capacidades, con autonomía, que necesitan que el Estado atienda sus derechos. Nuestro propósito es reintegrar a esas personas a las dinámicas y políticas de la sociedad colombiana. La meta es tener 500.000 personas más que pasen en el cuatrienio próximo de atención humanitaria a superación de la vulnerabilidad.
¿Cuántos son sus recursos para el 2015?
En solo la Unidad de Víctimas, 1,6 billones de pesos. Pero toda la inversión que prevé la aplicación de la ley será de 7,8 billones de pesos.
¿Cuáles son los derechos que se le reconocen a la población desplazada?
Identificación de acuerdo a la edad y tenencia de la libreta militar para hombres de más de 18 años; atención en salud; ofrecimiento de educación; vivienda digna con servicios públicos; reunificación familiar; derecho a la alimentación y generación de ingresos.
¿La aspiración es que al terminar el Gobierno no haya desplazados?
Si se firma la paz, no habrá más desplazados. La meta es que esos más de 6 millones de desplazados sean ciudadanos con sus derechos garantizados y que vivan una vida como cualquier otro ciudadano, libre de miedo, con autonomía, y que contribuyan también a la paz como muchos lo vienen haciendo.
Cuatrienio por cuatrienio
¿Colombia es, en el mundo, el país con más desplazados?
Hay países con conflictos armados que probablemente tienen un mayor número de población en situación de desplazamiento forzado, pero no los han registrado. Lo que ocurre es que Colombia es el único país del mundo que se puso a la tarea de registrarlos, reconocerlos, saber dónde están, cómo están y repararlos. Indonesia y Marruecos no tienen ni siquiera un registro; Guatemala y Sudáfrica tienen listas de sus comisiones de la Verdad, pero no son registros completos.
¿En general, por cuatrienios, cómo ha evolucionado el desplazamiento en los últimos 30 años?
Andrés Pastrana, 1’744.000. Álvaro Uribe, primer periodo: 1’564.000; Álvaro Uribe, segundo período, 1’300.000. Juan Manuel Santos, primer periodo: 889.000.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO