ICBF reabre debate sobre la cadena perpetua para violadores

ICBF reabre debate sobre la cadena perpetua para violadores

Su directora, Cristina Plazas, revivirá la propuesta de Gilma Jiménez. Iniciativa fue archivada.

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20 de diciembre 2014 , 07:21 p.m.

Castigar con prisión perpetua a los violadores de menores, una iniciativa archivada tras el hundimiento del referendo que la impulsaba, hacia mediados del 2011, volvió a la agenda esta semana al conocerse el aberrante caso de abuso de cuatro niños, de 17 meses, 11, 12 y 14 años –tres de ellos hermanos– ocurrido en el sur de Bogotá.

Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la abanderada de revivir la que fuera la apuesta política de la fallecida senadora Gilma Jiménez, gestora del fallido referendo, que comenzó su trámite en el 2008 con el objetivo de incluir en la Constitución una sanción más severa para los abusadores de menores.

Plazas asumió el caso de los cuatro menores, que ya están bajo protección del ICBF, al igual que un recién nacido, hijo de Fabián Andrés Pedraza, de 19 años, y Luisa Fernanda Vásquez, los dos señalados de los abusos y quienes fueron capturados por las autoridades. (Lea también: Cuerdas y biblias en la casa donde habrían abusado de niños en Bogotá)

Desde el lunes, cuando se hizo público el nuevo caso, la directora del ICBF pidió cadena perpetua para los agresores. En diálogo con EL TIEMPO, fue enfática en decir que irá “hasta donde sea necesario” para lograrlo. “Tengo el firme respaldo del presidente Santos, quien ha expresado públicamente su apoyo al referendo de prisión perpetua. El bienestar de nuestros niños es fundamental para lograr esa equidad que tanto soñamos y que es una obsesión del Presidente”, dijo Plazas.

En el 2009, el Congreso aprobó en principio el referendo y lo remitió a control de la Corte Constitucional, pero el alto tribunal, en mayo del 2010, lo declaró inexequible por errores de procedimiento y lo regresó al Legislativo para su corrección. En marzo del 2011 el proyecto volvió al Congreso, pero solo surtió los dos primeros debates hasta que la Comisión Primera de la Cámara lo hundió, con 14 votos en contra y 10 a favor.

Ese revés no frena la intención de Plazas. Dice que el motivo para insistir está en que los delitos atroces contra niños son una amenaza que no desaparece. Entre enero y octubre de este año el ICBF abrió procesos de restablecimiento de derechos para 5.652 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Del total, 872 casos se registraron en Bogotá. “Los que queremos que a los responsables de hechos tan crueles e inhumanos se les imponga el más severo de los castigos no podemos rendirnos ni desistir”, agregó Plazas.

En Colombia, el abuso sexual de menores de edad se castiga con la pena máxima: hasta 60 años de prisión. Además, es un delito que no tiene beneficios de rebaja.

Opositores del referendo argumentan que 60 años de cárcel son casi una cadena perpetua. Una persona condenada a los 18 años saldría libre a los 78, en un país donde la expectativa de vida para los hombres es de 72 años y para las mujeres, de 78.

La representante a la Cámara Ángela María Robledo, una de las fuertes detractoras del referendo que se hundió en el 2011, mantiene su rechazo a la prisión perpetua. “No estoy de acuerdo porque toca el principio de dignidad de la Constitución y en el Código de Infancia ya está establecida la posibilidad de penas de hasta 60 años, que de alguna manera son una cadena perpetua, porque la vulneración de derechos de los niños no tiene subrogado judicial”, explica.

La congresista insiste en que la prisión de por vida no reduce ni garantiza que no ocurran casos de abuso contra menores. “Lo que hay que hacer es cumplir el Código de Infancia y Adolescencia. No salir en estas circunstancias mediáticas”, afirmó.

Agregó que en el 2011 aportó documentos que demostraban que cuando se establece cadena perpetua puede aumentar la impunidad, porque algunos violadores son personas cercanas a la familia y se deja de denunciar porque se sabe que el castigo es para toda la vida.

Para Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, es válido poner el asunto en la agenda. Desde su experiencia al frente de una organización que trabaja por la formación de valores en niños y adolescentes, dice que lo que valida que haya cadena perpetua es que el abuso no se repita. “La teoría es que esas personas nunca se regeneran. El que se castigue con prisión de por vida busca proteger a los niños”, dijo.

Reconoció que no se puede pensar que con la prisión perpetua se van a erradicar los abusos contra menores. Con ello coincidió el abogado Carlos Tejeiro, especialista en temas de infancia y adolescencia, quien afirmó que la prisión perpetua es ajena a nuestra cultura y sola no representa una solución.

“Debe ir acompañada de medidas psiquiátricas y clínicas. Con el encarcelamiento perpetuo lo único que se hace es abrir una colonia de presos vitalicios con lesiones, incapaces de volver a la sociedad. Es como montar unos depósitos de personas que no tienen redención alguna”, dijo Tejeiro.

‘La prevención debe ser política de Estado’

Siempre que se conocen casos de abuso sexual contra niños revive la discusión sobre cómo frenarlos. Las autoridades anuncian mano dura mientras se persigue al violador de turno.

Expertos a favor y en contra de la prisión perpetua para abusadores coinciden en que hay un vacío en prevención del delito y eso impide que los casos disminuyan.

Cristina Plazas, directora del ICBF, insiste en que el Instituto trabaja en prevención y promoción con los papás para que desempeñen su papel de formadores con amor, respeto y responsabilidad.

Pero eso no es todo. Ampliar el espectro para que se extienda más allá de la familia es uno de los retos. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de RedPaPaz, dice que el cambio debe estar en la sociedad. “El desafío que tiene Colombia con la justicia, y el de priorizar a los niños, de cuidarlos, es enorme”, agrega. Para la representante a la Cámara Ángela María Robledo, más allá de penas como cadena perpetua, lo que falta es una política integral del Estado, que sea contundente en cuanto a la protección de la familia y de los niños.

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