Con tutela buscan aplazar entrega de sede de Contraloría

Con tutela buscan aplazar entrega de sede de Contraloría

Contralor Edgardo Maya sostiene que no hay nuevo edificio para operar.

17 de diciembre 2014 , 10:13 p.m.

En medio de una carrera contrarreloj el Contralor General Edgardo Maya interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, que debe ser resuelta antes del viernes, cuando inicia la vacancia judicial, para que no se lo obligue a desocupar la sede de la Contraloría cuyo contrato de arrendamiento vence el próximo 31 de diciembre.

En la acción de tutela Maya pide que se le permita continuar en la sede, pagando el arrendamiento que corresponde, sin tener que prorrogar el mismo contrato, mientras consigue un nuevo edificio.

Por ese negocio la Fiscalía le imputó cargos a la excontralora Sandra Morelli Rico, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

En la tutela, presentada el pasado 10 de diciembre, Maya dice que hasta la fecha no ha encontrado un nuevo edificio para trasladarse, pues aunque ha recibido 30 cotizaciones “ninguna de las ofertas ofrecía inmuebles disponibles en forma inmediata”.

“Existe una amenaza para los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, petición y el derecho al trabajo de sus empleados pues, al interrumpirse la función pública de rango constitucional que le ha sido asignada a esta entidad, control y vigilancia de la gestión fiscal, quedarían 2.200 servidores sin un sitio en donde puedan ejercer sus labores”, dice Maya. También asegura que habría un grave riesgo “de pérdida, destrucción y deterioro de todos los documentos, tanto de los expedientes fiscales como los documentos administrativos”.

Comprar un nuevo edificio tampoco es posible porque aunque el Ministerio de Hacienda se comprometió a girarle el año entrante 80.000 millones de pesos como una cuota inicial, “esa cifra es insuficiente para la adquisición de la sede de la Contraloría en Bogotá”, asegura Maya.

Sostiene, además, que tampoco puede volver a las antiguas oficinas que tenía la Contraloría en los edificios Colseguros y Crisanto Luque, en el centro de Bogotá, porque fueron enajenados por la Central de Inversiones Cisa cuando se los entregó Morelli.

Maya asegura que otro de sus líos es que los dueños del edificio en el que hoy funciona el organismo de control, Proyectos y Desarrollos Uno S.A. no han aceptado que se aplace la entrega de las oficinas, en el Centro Comercial Gran Estación Dos, si no se firma el mismo contrato que habían negociado con Morelli y en las mismas condiciones.
El Contralor se ha negado a prorrogar ese contrato afirmando que tiene cláusulas que “contrarían el régimen jurídico de la contratación estatal y que podrían significar un grave detrimento patrimonial para los intereses del Estado”. Las cláusulas, que también fueron objeto de la imputación de cargos de la Fiscalía a la excontralora Sandra Morelli, presuntamente mantienen un desequilibrio “en contra de la administración y a favor del arrendador”.

La cláusula sexta, por ejemplo, según los investigadores “ató a la Contraloría en la práctica a 10 años de arrendamiento”. Si el arrendatario decide irse antes de ese tiempo del edificio, según la Fiscalía, tendrá que pagarle a los dueños del edificio, a título de compensación, el valor de depreciación de los inmuebles como escritorios, sillas y mesas y de otros inmuebles como pisos, enchapes e inodoros, y el 10 por ciento del valor comercial de esos bienes. La Fiscalía sostiene que si la Contraloría quisiera irse, en síntesis, tendría que pagarle a la firma casi 30.000 millones de pesos.

Luego de que el Fiscal General Eduardo Montealegre le informara a Maya que existe una investigación por supuesto lavado de activos en la construcción del edificio Gran Estación Dos, el Contralor le pidió al órgano investigador, en un oficio del 14 de octubre pasado, que si se imponen medidas cautelares contra el edificio se garanticen “los derechos patrimoniales y continuidad del servicio de la Contraloría”.

En la acción de tutela Maya también le pide al Consejo de Estado que le orden al Vicefiscal darle una respuesta en ese sentido.

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