El lado oscuro de la educación superior

El lado oscuro de la educación superior

Las universidades más reconocidas de Colombia coexisten con otras de baja calidad que son legales.

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16 de diciembre 2014 , 07:09 p.m.

‘Universidades’ cerradas por orden del Ministerio de Educación que reabren al poco tiempo en las mismas instalaciones y hasta con los mismos pupitres, simplemente con otro nombre. Edificios de dos o tres plantas, sin laboratorios y con salones estrechos, en los que brillan por su ausencia televisores, proyectores, computadores y otras ayudas tecnológicas básicas.

Supuestas becas por el 50 por ciento o más de la matrícula usadas como gancho para atraer estudiantes de bajos recursos que pierden la inversión a mitad de camino, cuando, de un momento a otro, les quitan el auxilio. Fundaciones que supuestamente no tienen ánimo de lucro y que son utilizadas por clanes familiares para dudosas jugadas financieras.

Carreras profesionales que se ofrecen en la mitad del tiempo. Programas académicos con centenares de estudiantes y sin licencia, y 1.822 programas con papeles, pero inactivos porque la licencia es en muchos casos solo un comodín para cuando sea rentable abrirlos.

Situaciones como esas son las que se están viendo en el multimillonario mercado de la educación superior en el país, que cada año mueve en matrículas al menos 7,5 billones de pesos y del que depende la formación académica y el futuro de al menos 2’100.000 jóvenes y sus familias.

Varias de las universidades y centros de información técnica y tecnológica que están entre los más reconocidos de Latinoamérica coexisten en Colombia con otros de menor calidad, que, aunque carecen de infraestructura adecuada y de verdaderos profesores, son legales porque reúnen los requisitos literalmente mínimos para reclutar estudiantes.

El mapa de la educación superior muestra la existencia de 347 instituciones –132 universidades entre ellas–, de las que apenas la décima parte tiene acreditación de alta calidad, es decir, cumple con los más altos estándares en la formación de sus alumnos. Trece de ellas son públicas.

Como se trata de una certificación que no es obligatoria, en los planes de la mayoría de instituciones no es una prioridad obtenerla. “El tema de calidad, equidad y eficiencia de la educación superior se ha tratado desde hace muchos años y los gobiernos dejan hacer y dejan pasar –dice Marco Palacio, exrector de la Universidad Nacional y hoy profesor en México–. Luego se inventan tablas estadísticas y todo el mundo, tranquilo.”.

Apenas tres de cada diez de los estudiantes que empiezan una carrera profesional logran terminarla. En las instituciones tecnológicas solo se gradúan dos de cada diez.

Las cifras son aún más dramáticas si se tiene en cuenta que la educación superior en el país apenas cubre al 46 por ciento de la población entre los 17 y los 21 años, mientras que en países como Chile, Argentina y Uruguay ese indicador está por encima del 70 por ciento.

La falta de acceso, especialmente por los altos costos, sigue siendo una talanquera para la formación de centenares de miles de colombianos. Según datos del Ministerio de Educación, seis de cada diez primíparos provienen de hogares donde los ingresos mensuales están por debajo de los dos salarios mínimos (menos de 1,3 millones de pesos al mes).

De allí, precisamente, la importancia de que los que logren matricularse en alguna de las llamadas instituciones de educación superior (IES) no pierdan su esfuerzo, su tiempo y su plata.

Carlos Mario Lopera, experto en educación y gestor del Observatorio de la Universidad Colombiana, resalta que “miles de colombianos que no tienen recursos para pagarse una formación más costosa optan por IES que, aunque en muchos casos no son lo ideal, funcionan con licencia y ofrecen programas con registros otorgados por el propio Ministerio”.

Las investigadas

Aunque el caso de la intervenida Universidad San Martín es el que se ha robado las primeras planas y los titulares en los últimos meses, son decenas las instituciones con líos. En este momento hay 32 centros de educación superior profesional, técnica y tecnológica investigados por el Ministerio de Educación Nacional.

Actualmente, ninguno ha sido sancionado o se le ha determinado responsabilidad en las conductas por las que son indagados.

Ocho de estos procesos en curso se llevan a cabo por presuntas deficiencias institucionales, académicas, administrativas y financieras. Las irregularidades en el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos (5) constituyen la segunda causa de investigación.

En tercer lugar están las deficiencias de calidad de los programas (2), y en cuarto, inconsistencias en el manejo de rentas institucionales (2).

La San Martín afronta la mayor cantidad de indagaciones: siete. La investigan por admisión de nuevos estudiantes en programas académicos cuyos registros calificados habían expirado con anterioridad y por ofrecer programas sin registro calificado.

También está en la mira de las autoridades por fallas en la conservación y aplicación de sus rentas, falta de claridad y veracidad en la publicidad empleada, fallas en la participación de estamentos de la comunidad educativa (estudiantes y docentes) en el órgano de dirección de la institución y entorpecimiento de las facultades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación.

La Universidad Rafael Núñez, de Cartagena, tiene dos procesos en curso. Uno por el manejo de las rentas de la institución y otro, por presuntas deficiencias institucionales, académicas, administrativas y financieras.

De las investigadas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) es la que tiene más estudiantes matriculados (67.000 alumnos en el 2013).

En la lista de investigadas con mayor número de estudiantes también aparecen la Universidad Cooperativa, la Gran Colombia, la Santiago de Cali, Los Libertadores, la Católica y las universidades de Cundinamarca y Tolima.

En total, en las 32 instituciones de educación superior con procesos en curso estudian más de 287.000 personas, según cifras del año 2013.

Esas mismas tienen 536 de los 1.822 programas académicos que figuran como inactivos. El 82 por ciento de ellos corresponde a programas a distancia y el 18 por ciento son de carácter presencial.

Y, como dato curioso, hay cuatro entidades indagadas que ni siquiera aparecen en la base de programas académicos del Gobierno.

Paralelamente, la Fiscalía tiene procesos abiertos sobre los manejos en la San Martín, la Universidad Incca de Colombia, la Cooperativa, la Rafael Núñez de Cartagena y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Ganchos para reclutar

Durante visitas hechas por EL TIEMPO a algunos centros de educación superior pudo evidenciarse que su ubicación junto a centros académicos de alta calidad obra como un gancho para atraer a los jóvenes que se forman en sus programas académicos.

Buena parte de las 32 IES que están bajo la lupa del Gobierno ofrecen programas técnicos y tecnológicos o son instituciones universitarias, 20 de las 32, razón por la cual no es casual que sus sedes estén junto a centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en todo el país.

También es frecuente encontrar que, verbalmente, les aseguren a los interesados que tienen convenios con universidades o instituciones de prestigio que más adelante homologarán o validarán los semestres cursados con ellos para completar una carrera profesional.

Ese es el caso del Politécnico Colombo Andino y de la Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos (Ceart), ambos en Bogotá, sobre los que pesan investigaciones de la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio por deficiencias en sus estructuras administrativa y académica y fallas en la organización de actividades académicas.

El Politécnico Colombo Andino, ubicado en la calle 19 de Bogotá y cerca de la Universidad de los Andes, funciona encima de un supermercado y de un almacén de zapatos. Ceart, entre tanto, está a unos metros de la Javeriana y de algunas sedes del Sena.

Ambas prometen beneficios que no tienen. Mientras la primera dice tener un convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que fue desmentido por voceros de esa institución, la segunda ofrece en sus folletos la carrera técnica en diseño de modas. Aun cuando tiene registro calificado, nunca ha abierto el programa.

EL TIEMPO intentó comunicarse con el rector del Politécnico Colombo Andino, el padre Marco Fidel Murillo, también rector del Gimnasio Emilio de Brigard, pero no fue posible contactarlo. En Ceart, Jorge Durán Barrera,quien dijo estar apoyando temporalmente a la institución en asuntos administrativos, afirmó que el representante legal y rector registrado, Antonio Durán Henao, familiar de él, “se encuentra recuperándose de algunos quebrantos de salud” y no podía ser contactado.

Lazos con políticos

Otra marca inquietante en la educación superior es la vinculación de personajes de la política a las instituciones educativas del nivel superior. La lista es larga. Pasa por el expresidente de la Cámara César Pérez García, ‘zar’ de la poderosa Universidad Cooperativa y condenado a 30 años de prisión por la masacre de Segovia, hasta excandidatos a la Presidencia, excongresistas, exgobernadores y exconcejales.

“Hace algunos años hubo grupos familiares y muchos políticos que vieron en la necesidad de educación una oportunidad tanto de negocio como de expandir su influencia y de paso cumplir una labor social. Entonces, aparecen instituciones y corporaciones más económicas y más pequeñas, que han atraído buena parte de la nueva demanda de educación superior”, dijo el rector de la Universidad Cafam y experto en el tema Francisco Cajiao.

El lío es que al lado de los que hacen bien la tarea hay otros que parecen estar pensando más en el negocio. Así, un hallazgo reiterado en la investigación de EL TIEMPO fue el de que en muchas IES no se les exige a sus nuevos estudiantes el examen de Estado, a pesar de que se supone que es requisito ineludible.

Este panorama, según la ministra de Educación, Gina Parody, puede empezar a cambiar a partir de los instrumentos que el proyecto de ley aprobado el pasado lunes en el Congreso le dio a su despacho, incluida la posibilidad de poner inspectores en universidades con problemas, castigar a directivos con fuertes multas y crear una superintendencia para el sector.

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