Impostergable la reforma educativa

Impostergable la reforma educativa

La reforma educativa integral debe permitir la recuperación progresiva de los valores perdidos.

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15 de diciembre 2014 , 06:02 p.m.

Hay motivos y justificación más que suficientes para reestructurar integralmente ya todo lo concerniente con educación ciudadana.

Frente a las causas y efectos del desigual y vertiginoso desarrollo de las naciones; del conocimiento, la ciencia y la tecnología, nadie debe dudar que la educación es pilar singular para alcanzar prosperidad social integral.

Las naciones que mejor desarrollo alcanzan en el planeta son las que logran más altos niveles de conocimiento y tecnología. Es la condición que les permite producir bienes y servicios con mayor valor agregado e innovación, crear riqueza, reducir la pobreza y extirpar la miseria.

Si por los años 1950 las materias primas constituían el 30 % del producto bruto mundial, hoy solo representan 4 % frente al sector servicios e industrial, que representan el 97 %.

Mejorar sostenidamente la educación, la ciencia, las tecnologías y la innovación son objetivos y metas alcanzables, con mayor inversión pública, conciencia social y, sobre todo, voluntad del poder político.

La Mane, hace varios años, está exigiendo reformas en la educación superior. Hasta el presente no ha logrado la atención debida al respecto de parte del Gobierno. Los planteamientos del estamento estudiantil deben ser analizados y mejorados, si fuere del caso.

Para estructurar, aprobar y aplicar una reforma integral del sector educativo, hay consenso entre la mayoría de actores directos de la educación. Los precarios indicadores de calidad y el evidente caos administrativo-académico del sector la hacen impostergable.

Metas y objetivos de la reforma deben ser contextualmente racionales y corresponder con decisiones para invertir en infraestructura, logística y definición de alcances de contenidos académicos, desde el prekínder hasta los posdoctorados.

Una reforma integral educativa exige remover todos los intereses, ambiciones e irresponsabilidades del negocio de la educación privada y la inercia burocrática de la pública.

Debe rediseñar y contextualizar pénsums académicos bajo criterios de pertinencia y calidad. Debe contener normas rigurosas y prácticas de control, regulación, supervisión y evaluación de procesos y resultados. Debe ordenar y reglamentar la capacitación, actualización y evaluación de competencias, ingreso, ascenso y evaluación periódica de docentes.

La autonomía de la institución educativa, pública y privada debe ser redefinida de manera que no permita interpretación tendenciosa de la ley y reglamento interno, ni auspicie la mediocridad académica.

Una reforma integral educativa debe diseñar estrategias y reglamentos para erradicar las clientelas, el amiguismo y la corrupción, tan arraigadas en las instituciones de educación superior pública regionales.

Los recientes escándalos por malos manejos económicos en algunas instituciones educativas privadas y las recurrentes crisis de gobernabilidad de muchas universidades públicas regionales exigen correctivos inmediatos y de fondo.

Los resultados de las pruebas Saber 11 y Pro deben determinar derechos para acceso al nivel académico superior, para obtención de títulos académicos y para fijar costos académicos y de matrículas de la universidad privada. La reglamentación debe ser obligatoria para toda institución educativa.

Los títulos académicos son otorgados por las respectivas universidades, en nombre y representación de la República de Colombia. La República, de esa manera, abala las universidades de garaje y en general la mala calidad. Por lo tanto, la República se hace responsable de la buena o mala calidad del profesional o técnico, y de los resultados del ejercicio laboral. Igual ocurre con los pésimos colegios de básica secundaria.

Hay demasiada laxitud, tolerancia e indiferencia del poder público respecto del sector educativo. El problema no se resuelve solo con ampliar cobertura y costos educativos. Mejorar integralmente la calidad educativa demanda vigilancia, contextualización racional y pertinencia de contenidos del proceso educativo.

Son aspectos que exigen definiciones concretas y hacen impostergable la reforma educativa integral.

La reforma educativa integral, que el pueblo colombiano requiere con urgencia y espera, además de mejorar sustancialmente la calidad debe permitir la recuperación progresiva de los valores humanos perdidos y estimular en el estudiante y profesional, capacidad de pensamiento crítico independiente.

Sin la satisfacción de condiciones fundamentales, el propósito quedará en otro espectáculo de promesas incumplidas como es habitual.​


Marcos Silva Martínez

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