Falta voluntad política para implementar ley de víctimas: Procuraduría

Falta voluntad política para implementar ley de víctimas: Procuraduría

Esa es una de las conclusiones que se desprende de un informe rendido ante Corte Constitucional.

15 de diciembre 2014 , 08:21 a.m.

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presidida por la Procuraduría General de la Nación, presentó ante la Corte Constitucional las principales conclusiones de su primer informe de seguimiento a esta norma.

Entre los aspectos expresados ante el alto tribunal, pueden destacarse que "no existe un diálogo armónico entre los entes territoriales y el nivel nacional", que los esfuerzos del nivel nacional en la construcción de herramientas, lineamientos de política pública y de intervención no son apropiados por el territorio, además que pese a que se cumple con la formalidad en la formulación de los planes de acción territorial y a que los entes reportan la información al Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial (RUCICST), en el territorio no se refleja la implementación de políticas públicas idóneas para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas.

El Ministerio Público también señala la falta de voluntad política de los entes territoriales es el principal obstáculo para la implementación de la Ley 1448 del 2011, que no se cuenta con caracterizaciones afinadas por municipio que permitan la materialización de alianzas y proyectos estratégicos para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas.

Sobre el proceso de restitución de tierras "se requiere que las órdenes complementarias en los fallos de restitución vayan dirigidas a entidades específicas y con términos perentorios para el cumplimiento de las mismas. Con esto, los órganos de control y la comunidad en general pueden realizar el seguimiento eficaz a lo ordenado por el Juez".

La Procuraduría advierte que a la fecha, "son pocos los fallos de restitución de tierras que ordenan a la Fiscalía General de la Nación la apertura de una investigación penal derivada de los hechos narrados por las víctimas y del acervo probatorio que fundamenta los argumentos de los fallos, tal como lo ordena el literal t del artículo 91 de esta ley".


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