Responsabilidad penal presidencial

Responsabilidad penal presidencial

La voz que pide cese al fuego no calla, sigue en pie, recordándonos el sinsentido de la atrocidad.

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14 de diciembre 2014 , 10:42 p.m.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado sin detenerse a señalar la responsabilidad específica de individuos, es claro que, al hallarlo responsable por acción, está reconociendo que, a través de sus agentes, activamente participó en la masacre iniciada por el M-19, entonces convertido en brazo armado del narcotráfico.

Con toda la responsabilidad que les cabe a los militares que han sido implicados por la ejecución de la retoma y el manejo posterior de la crisis, no son ellos, sino su comandante en jefe, es decir el presidente de la república de entonces, Belisario Betancur, el máximo responsable, tal y como él mismo lo admitió, aunque usando la tercera persona, en la alocución televisada de la noche del 7 noviembre de 1985: “Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República, que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar”.

Belisario autorizó la retoma, que incluyó el uso de armamento pesado, como la entrada de tanques, que dispararon indiscriminadamente contra guerrilleros y magistrados; supo de la salida con vida de algunos individuos que luego fueron desaparecidos; censuró a la prensa y ordenó la suspensión de la transmisión en vivo, luego de que el país escuchara la voz angustiosa del presidente de la Corte, magistrado Alfonso Reyes Echandía, pidiendo el cese del fuego.

El Presidente justificó la retoma con un argumento imposible: “El Gobierno no puede negociar lo que no es negociable: la respetabilidad de nuestras instituciones”, es decir, en defensa de las instituciones, ordenó la destrucción de la cúpula del Poder Judicial. En nombre de la democracia, un poder sacrificó a otro.

La gran cuestión recae sobre su responsabilidad en el manejo posterior. Un par de meses después de los hechos, según se cuenta en el libro de la época Palacio de Justicia. ¿Defensa de nuestras instituciones? de Juan Manuel López Caballero, el presidente Betancur habría asegurado: “ ‘Para ser buen estadista hay que ser buen carnicero”. Se significaba con ello que el político como gobernante debe ante todo salvar su supervivencia en el poder”. ¿Es esta una admisión expresa de su participación en la inmensa conspiración que tuvo lugar para encubrir la verdad y desaparecer la evidencia y a los testigos?

Betancur expresó en aquel entonces un agradecimiento especial a los medios por haberse dejado censurar: “Sea este el momento de agradecer a los medios de comunicación la forma ponderada, tranquila y patriota como han venido llevando a la nación y al mundo el detalle de los acontecimientos”. Renunciando al deber de exigir y encontrar la verdad, de cuestionar la toma de decisiones y el profundo impacto que aquellos hechos surtieron en la integridad de una rama judicial que no volvió a ser la misma, hemos perdido tres décadas. Y el dolor no cesa, la página no pasa, las víctimas no se rinden. Y la voz que pide el cese del fuego no calla, porque sigue en pie, recordándonos el sinsentido de la atrocidad.

Hay dos elementos fundamentales para la reflexión que se desprenden de todo esto. El primero, el papel de combustible que ha jugado el narcotráfico en la comisión de crímenes de la más extrema gravedad en Colombia. Y el segundo, la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la conducción de una guerra feroz y ruinosa. Esperemos que todo esto constituya una lección y que en este nuevo intento de paz, en nombre de la estabilidad institucional, no vuelva a sacrificarse la verdad.

Natalia Springer

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