Más de 7 millones de dólares costará fallo sobre Palacio de Justicia

Más de 7 millones de dólares costará fallo sobre Palacio de Justicia

Desenlace de la condena estaba claro porque las desapariciones completan 29 años sin resolverse.

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10 de diciembre 2014 , 09:34 p.m.

Mientras la Corte Suprema de Justicia estudia una ponencia que absuelve al coronel (r)Alfonso Plazas Vega, el militar más reconocido de la retoma del Palacio de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas, incluyendo a un magistrado auxiliar, y por la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles.

La decisión –que estaba cantada porque han pasado casi 30 años sin que aparezcan los cuerpos de los desaparecidos– representa la condena número 15 contra Colombia en el Sistema Interamericano, y la más costosa hasta ahora en esa instancia: las indemnizaciones suman 7,4 millones de dólares, de las que serán descontadas las ya pagadas por orden del Consejo de Estado en procesos internos. Lo ordenado por la Corte IDH es, en todo caso, menos de la tercera parte de las pretensiones de las familias de las víctimas y sus representantes. (Lea: ¿Quiénes son las víctimas por las que el Estado fue condenado?)

En el fallo de 212 páginas, la Corte señala que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio” y que estas “fueron llevadas a instituciones militares, en algunos casos torturadas y su paradero se desconoce”.

El Estado fue condenado por la desaparición de 10 de las 11 personas que aparecen en los expedientes de la justicia colombiana: Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, y los empleados Cristina del Pilar Guarín, Héctor J. Beltrán, Bernardo Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes, Luz Mary Portela, Gloria Anzola y Luz Amparo Oviedo.

También por la de Irma Franco, guerrillera del M-19 que participó en la toma del Palacio. El fallo no da como desaparecida a Norma Constanza Esguerra (que sí figura como tal en los expedientes internos), sino como fallecida en los hechos y sin identificar plenamente. Así mismo, se condena a Colombia por la desaparición y ejecución del magistrado auxiliar Carlos Humberto Urán, cuyo proceso en Colombia aún está en ciernes.

La Corte reconoció los esfuerzos de los últimos años en el país por establecer la verdad de los hechos y el paradero de los desaparecidos, pero los consideraron insuficientes para evitar su jurisdicción, que solo opera cuando en un país del hemisferio la justicia no ha querido o no ha podido operar. La Corte ordenó al Estado realizar una búsqueda rigurosa de los desaparecidos, publicar la sentencia en medios masivos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. (Vea también: Gobierno dice que estudiará el fallo que condenó a Colombia)

‘Alteraron la escena’

En uno de los señalamientos más fuertes, la Corte IDH dice que hubo irregularidades en el manejo que los militares le dieron a la escena y en el levantamiento de los cuerpos. Cuestiona que se trató de una alteración “de tal magnitud que no puede considerarse un simple error o el producto de la inexperiencia”. “Ha impedido el esclarecimiento de los hechos. Por tanto, dichas irregularidades son un indicio de que los militares escondieron lo sucedido durante la retoma del Palacio, incluyendo lo acontecido a las presuntas víctimas”, señala el fallo.

Frente a la posibilidad de que los cuerpos de los desaparecidos estén en fosas comunes, la Corte advierte que esa hipótesis “no descarta automáticamente la posibilidad de que hayan salido vivos del Palacio de Justicia”.

De hecho el tribunal interamericano le reprocha al Estado que no se haya exhumando el cuerpo entregado a los familiares del magistrado Pedro Elías Serrano, que podría ser el de Esguerra. 

La sentencia señala que el hecho de que la investigación sobre la retoma del Palacio inicialmente haya sido asumida por la Justicia Penal Militar hoy tiene efectos sobre el caso, pues en su momento fue absuelto por varios de los excesos el coronel Edilberto Sánchez, jefe de inteligencia de la Brigada 13 en 1985. Por efecto del principio de cosa juzgada (no ser procesado dos veces por el mismo caso), Rubiano, que ha sido cuestionado por sus propios compañeros de armas, estaría blindado frente a los casos de Irma Franco y las torturas a Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson. El oficial fue llevado a juicio por desaparición y está pendiente de fallo. (Consulte: ¿Quiénes han sido condenados por desaparecidos del Palacio?)

Frente a las denuncias de los representantes de las víctimas sobre los privilegios que supuestamente tienen en sus sitios de reclusión, el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Árias Cabrales, la Corte señala que esa situación “no revela por ahora una insuficiencia del Estado para investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”, aunque advierte que, en caso de que la Corte Suprema ratifique sus condenas, la reclusión debe cumplirse de tal manera que “ no ofenda el dolor de las víctimas y de la comunidad a la que ellas pertenecían”.

El miércoles, el Gobierno expidió un comunicado en el que “lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19” y dice que su posición ha sido “contribuir y utilizar todos los medios que le permitía el expediente internacional para hacer un digno y justo reconocimiento de responsabilidad a las víctimas”.

El abogado Rafael Barrios, representante de las víctimas, calificó el fallo como un paso clave en la búsqueda de la verdad, mientras que René Guarín, hermano de una de las desaparecidas, dijo que es una “sentencia histórica” y que espera que el Estado “cumpla la totalidad del fallo, principalmente en lo concerniente a la devolución de los restos, y que nos cuenten la verdad de qué hicieron con nuestros familiares”.

Condena por cuatro casos de torturas

Además del tema de los desaparecidos, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por la detención, tortura y tratos crueles a cuatro personas que salieron con vida del Palacio de Justicia.

Aunque en los procesos de la justicia penal colombiana se hace mención a este delito, no hay condenas por el mismo, pues más de 20 años después del hecho se considera prescrito.

Sin embargo, en la estrategia de defensa, el Estado reconoció su responsabilidad parcial en la comisión de esa práctica. La Corte lo condenó por las acciones a las que fueron sometidos Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, estudiantes de derecho de la Universidad Externado, que se encontraban en el lugar por razones académicas. Salieron con vida, pero fueron torturados ante la sospecha de pertenecer al M-19.

El abogado Orlando Quijano, quien buscaba información para su revista judicial, salió del lugar en una camioneta y por varias horas estuvo en un cuarto oscuro. Luego, fue golpeado, pateado y sometido a tratos denigrantes. Su caso también motivó la condena de la Corte.

Además, el Estado fue encontrado responsable por la tortura de José Vicente Rubiano, un trabajador de obras públicas que fue detenido en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) y acusado se ser subversivo, pues en el bus en el que se trasportaba encontraron dos armas.

Caso de Plazas Vega, el más cercano a una decisión final de la justicia colombiana

Varios de los militares que dirigieron la recuperación del Palacio de Justicia en 1985 han tenido que comparecer ante la justicia penal. El caso más sonado es el del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá a una pena de 30 años de prisión por su responsabilidad en algunas desapariciones de personas que habrían salido vivas del Palacio. El proceso pasó a casación a la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal de esa corporación discute la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar que absuelve a Plazas ante la falta de pruebas que lo vinculen con las desapariciones. Mientras el caso se resuelve, pues la ponencia podría no tener apoyo entre los magistrados, Plazas permanece privado de la libertad.

Otro militar condenado fue es el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien cumple una pena de 35 años de prisión. Para el Tribunal Superior de Bogotá que lo sentenció, él impartió instrucciones que terminaron en crímenes cometidos por subalternos como el coronel Luis Carlos Sadovnik. Este uniformado, quien habría impartido la orden que selló la suerte de la guerrillera Irma Franco, murió en agosto del 2009 y la investigación penal fue cerrada. Otros procesados son el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, exjefe del batallón de inteligencia del Ejército, quien espera decisión sobre su caso y el general (r) Iván Ramírez Quintero, que fue absuelto.

Magistrado salió vivo

Para la Corte IDH quedó probado que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985. Dice que tenía lesiones que no eran letales, como quedó registrado en video. Sin embargo, su cuerpo llegó a Medicina Legal con un disparo a corta distancia, por lo que, para la Corte, “habría sido objeto de ejecución extrajudicial”.

JUSTICIA
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