Así opera la red que desangra a Caprecom

Así opera la red que desangra a Caprecom

La saquea con contratos fantasma. Denuncian que firma de exasesor de Roy Barreras recibe contratos.

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06 de diciembre 2014 , 06:08 p.m.

En más de tres ocasiones, la directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar, ha postergado una reunión con la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado en la que se quiere abordar con ella un tema que está poniendo en riesgo las finanzas de la ya agonizante EPS estatal.

En el Gobierno están seguros de que hay un grupo organizado dedicado a instaurar falsos procesos en los que le cobran a Caprecom jugosos contratos ‘fantasma’.

Y si bien la EPS ha alertado sobre algunos casos, hasta la fecha se han detectado cerca de una decena, que comprometen millonarios recursos, de los cuales Caprecom ya ha desembolsado unos 25.000 millones de pesos que la Defensa de la Nación intenta recuperar.

Varios de estos casos figuran en una denuncia que un grupo de funcionarios de la EPS presentó hace pocos días, en la que le piden que se revise desde el uso de una asesora para pasear los dos perros labrador que la directora mantiene en su oficina (‘Perseo’ y ‘Argos’) hasta la adjudicación de millonarios contratos, que califican de oscuros. Entre ellos hay varios de trasporte aéreo ambulatorio de pacientes y de suministro de drogas, en la seccional Chocó; y el de aseo en los 130 centros penitenciarios en los que la EPS presta servicios de salud, incluidas las cárceles La Modelo, Cómbita, Acacías y Valledupar.

El exsecretario de Roy

EL TIEMPO estableció que este último fue adjudicado, en octubre del 2013, a la empresa caleña Cleaner S. A., luego de una invitación privada a 10 firmas.

El contrato, por 1.837 millones de pesos, expiró en julio. Pero Cleaner fue subcontratada de inmediato por la Unión Temporal UBA Inpec, a la que Caprecom le adjudicó el servicio de salud en 16 cárceles del país, por 21.000 millones de pesos, dentro de una polémica licitación.

Lo que llama la atención es el nexo entre directivos de Cleaner S. A. y el senador caleño Roy Barreras, a quien siempre se lo ha ligado con el manejo político de la EPS.

Uno de los representantes legales de la firma es Julián Andrés Restrepo Solarte, amigo de Barreras y su secretario privado cuando ocupó la presidencia del Congreso (2012). Además, Patricia Ceballos, miembro de la junta directiva de Cleaner, fue contratada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en 2012, cuando Hilzyl Noriega, exasesor de Barreras, era su secretario.

En el 2011, EL TIEMPO denunció cómo la hoy exesposa del senador, Gloria Helena Arizabaleta, intentó llegar a la subdirección de Caprecom, pero fue vetada por su junta. Sin embargo, obtuvo una asesoría por 10 millones de pesos al mes.

En ese momento y ahora, el senador reiteró que no tiene nada que ver con Caprecom y que ni siquiera conoce sus oficinas. Además, que vincularlo con la EPS se convirtió en una persecución en su contra.

La auditoría forense

En la nueva denuncia, los funcionarios de Caprecom también incluyeron dos auditorías, que dejan en evidencia el desgreño en el que sigue la moribunda EPS.

Una de estas data de marzo del 2013 y registra cómo en las regionales se hicieron millonarios pagos sin sustento. Según el documento, Caprecom giró 44.000 millones de pesos en títulos por sentencias judiciales que le habían acarreado embargos. Pero los auditores no encontraron soporte suficiente que justificara esos montos.

Meses después hubo otra auditoría, exclusiva para Chocó. Allí se encontró, entre otras perlas, un contrato con la firma Chocofarma, para suministrar medicamentos para patologías de alto costo. Se firmó un día después de que la empresa fue creada, y sin que tuviera permiso de funcionamiento.

Para identificar los factores que, según el propio Gobierno, tienen postrada a la EPS, y las posibles irregularidades, la directora contrató hace 12 meses, por 4.563 millones de pesos, una auditoría forense. EL TIEMPO pidió copia de sus hallazgos, pero Tovar informó que aún no son concluyentes. En todo caso, dijo en octubre los envió a la Fiscalía.

Desde el jueves, este diario intentó hablar con ella sobre las denuncias de los funcionarios y los hallazgos de la Agencia de Defensa Jurídica, pero al cierre de esta edición no había respondido.

‘Es una persecución’

El senador Roy Barreras le aseguró a EL TIEMPO que las versiones que lo ligan con Caprecom hacen parte de una persecución en su contra. “No conozco ningún funcionario de la EPS y menos a su directora”, dijo.

Sobre los contratos en esa entidad con Julián Restrepo, su amigo y exsecretario privado, afirmó que fueron firmados en épocas en las que no laboraba con él en el Congreso. “Los tuvo antes y después, en distintas entidades del Estado. Pero si los hubiera tenido, no tengo responsabilidad”, indicó. Restrepo explicó que desde hace ocho años Cleaner contrata con diferentes entidades, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entre otras. Y que suspendió un tiempo la contratación en el sector público, cuando asumió como secretario privado de Barreras. “Con el Inpec llevamos 5 años. Cuando le entregan la parte médica a UBA, ofertamos nuestro servicio y, por nuestra experiencia, fuimos elegidos otra vez”, dijo.

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u.investigativa@eltiempo.com

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