El duro camino que inician las vías 4G

El duro camino que inician las vías 4G

Expertos hacen el balance de los retos que existen para materializar las inversiones previstas.

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04 de diciembre 2014 , 06:33 p.m.

Tras haberse gastado una buena parte del cuatrienio 2010-2014 en la planeación y la estructuración de los nuevos proyectos viales de cuarta generación (4G), tarea que no resultó fácil por las decisiones de tipo político y presupuestal que se tomaron para facilitar este proceso, y luego de sortear dificultades financieras y otras en materia de riesgos de los proyectos, el Gobierno logró finalizar esta primera etapa de nueve concesiones, tras la adjudicación, prevista para hoy, del proyecto Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca.

Las iniciativas tienen una extensión de 1.116 kilómetros y su inversión estimada será de 13 billones de pesos, luego de la inclusión del corredor Ocaña-Gamarra, entre Norte de Santander y Cesar, al segundo sector de la Ruta del Sol, luego de un aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, señala que, a comienzos del primer cuatrienio del Gobierno, el Plan Maestro de Transporte determinó que el país requería el mejoramiento y ampliación de su red de vías nacionales de 17.000 kilómetros, para lo cual era urgente hacer cambios profundos en las leyes e instituciones, buscando atraer inversión privada que aportara a este propósito.

Luego de la transformación del polémico Instituto Nacional de Concesiones (Inco) en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de las leyes de asociaciones público-privadas y de infraestructura, el cambio de modelo, cuya filosofía es pagar por tramos de obra terminados, tomó forma.

El proceso no fue fácil, pues se hizo necesario realizar ajustes para que las cuentas de los proyectos cuadraran (el Estado proyectó costos más bajos para las obras que las estimaciones de los inversionistas) y para convencer al sector financiero de prestarles a los consorcios, dadas las dudas sobre riesgos por factores como comunidades étnicas y licencias ambientales, entre otros.

Incluso se tuvo que modificar la estructura de las vigencias futuras, permitiendo un porcentaje de pagos en dólares.
Según Andrade, los proyectos de la primera fase que acaba de terminar se escogieron porque tenían más avances en estudios y diseños, por lo que los procesos de estructuración avanzaron mucho más rápido.

El arranque es clave

No obstante, expertos del sector de la ingeniería civil coinciden en reafirmar que esta primera fase fue más dura de lo previsto por la ausencia de planeación y de medición detallada de los factores en juego, y advierten que el camino que inicia cada una de las iniciativas tendrá retos complejos y obstáculos que deberán sortearse de buena forma, para que las comunidades y los sectores productivos experimenten los beneficios en movilidad y competitividad.

Los consultados del sector de la ingeniería señalan que si bien la Ley de Infraestructura ahora es una herramienta para acelerar procesos como la compra de predios y la reubicación de redes de servicios públicos, ahora el principal escollo podría venir por la indefinición de una política clara en materia de consultas previas, dificultad que también la viven los proyectos petroleros, mineros y eléctricos.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, asegura que en Colombia hay unas ineficiencias del Estado que se han graduado de riesgos, como la responsabilidad de responder el tema de una consulta a una comunidad o la adquisición de un predio, las cuales se han trasladado al resorte de los concesionarios.

“Mientras el Gobierno no tenga la decisión de concertar un proyecto de ley estatutaria con las comunidades, este riesgo va a estar latente, y eso lo va a mirar el sector financiero”, asegura al advertir que se requiere este paso para que los proyectos tengan un cierre financiero tranquilo.

El directivo se refiere a que si bien los proyectos adjudicados tienen cartas de intención para el préstamo de los recursos, ahora cada concesionario está en la tarea de perfeccionar estos préstamos para tener la liquidez que necesita la fase previa y el arranque de las obras.

Para Diana María Espinosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), existen muchos riesgos que deben ser conocidos y medidos por el concesionario, ya que una vez se firmen los contratos cualquier ajuste tiene repercusiones económicas y sociales.

La directiva señala que, por ejemplo, en la Ruta del Sol sector 3 se esperaban cuatro comunidades indígenas y han resultado 13 (nueve afrodescendientes y cuatro indígenas), lo cual es un error del Estado, que debió estar enterado de esta situación cuando estructuró el proyecto. En este proyecto, al comienzo, el Ministerio del Interior le expidió una certificación al concesionario Yuma, indicando que no era necesario realizar estas consultas.

“Cuando el concesionario inicia su trabajo, tiene un tiempo corto para la preconstrucción, los permisos, los diseños fase 3 y las licencias ambientales y la compra de predios. Ha habido tiempos muy cortos para estas actividades, en las que el mismo Gobierno tiene cronogramas distintos en las entidades que participan en la definición de que esto salga adelante”, recalca.

Andrés Pardo, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que para el 2015 hay menor optimismo en el impulso que se esperaba de los proyectos de infraestructura de cuarta generación.

“Hemos moderado nuestro optimismo sobre los proyectos de 4G y su impacto en el PIB de construcción. Hace unos meses se esperaba que la ejecución de 4G fuera importante en 2015, pero cada vez se ha hecho más evidente que esos proyectos no aportarán lo suficiente el próximo año, sino a partir del 2016, como lo reflejan los cronogramas atrasados, los tiempos para cierres financieros, y las vigencias futuras tan bajas destinadas a 4G en el 2015”, sostuvo.

La nueva apuesta estatal

Una de las grandes cartas para impulsar la construcción de obras de infraestructura vial en los próximos años son las iniciativas de origen privado, bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas, que consisten en que un inversionista propone y estructura un proyecto por su cuenta, que puede terminar ejecutando o en manos de otro competidor que mejore las condiciones, previo proceso de selección abreviada de menor cuantía con precalificación.

No obstante, el esquema comienza a operar más de dos años y nueve meses después de que fuera sancionada esta ley (la número 1508 de enero del 2012), pues durante ese tiempo no fue posible ver una propuesta concreta de las que estaban en estudio, principalmente por la ausencia de claridad en materia de riesgos que asuman los inversionistas privados que realicen proyectos con su capital, los cuales se pagan por medio de peajes. Solo hasta el 15 de octubre, con la expedición del decreto 2043, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se ajustó la reglamentación al respecto.

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dice que los cambios harán viables las propuestas porque ahora hay condiciones para crear confianza y para que quienes realicen un proyecto no queden desfinanciados o en quiebra por un riesgo que el Estado no asuma. Estos proyectos son ahora la nueva alternativa del Gobierno para darles mayor impulso a los proyectos de cuarta generación, toda vez que en este tipo de iniciativas el Estado no tiene que invertir dineros públicos.

Mecanismos para apurar el ritmo

Medidas del gobierno apuntan a fijarles plazos concretos a las licencias ambientales, para que las obras no se atrasen.

En medio de la polémica de algunos sectores por un posible descuido en el otorgamiento de licencias ambientales, el Ministerio de Ambiente expidió el pasado 15 de octubre el decreto 2041, mediante el cual le hace ajustes a la normatividad de estos procesos.

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, asegura que la situación que han vivido varios proyectos viales, que han retrasado la ejecución de las obras a la espera de estas autorizaciones, fueron las

motivaciones para reglamentar nuevamente la ley ambiental, que, sin desconocer los principios ambientales, concreta tiempos y procedimientos para que los pronunciamientos sean en un tiempo determinado.

“No es exprés como se ha dicho, sino reglas claras de tiempo. No hubo reducción en un solo día, sino cambios de procedimiento para que quienes soliciten un diagnóstico ambiental o licencia sepan a ciencia cierta cuáles son las reglas de juego”, indicó.

El funcionario recalcó que es claro que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no está comprometida a licenciar todo, pero debe decir sí o no en un tiempo perentorio. “Lo que no puede suceder es que pasen dos, tres y cuatro años para un diagnóstico”, señala.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios

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