Alcaldía de Santa Marta termina contrato con Recaudos y Tributos

Alcaldía de Santa Marta termina contrato con Recaudos y Tributos

El mandatario Carlos Caicedo argumentó ilegalidad para acabar con el contrato.

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03 de diciembre 2014 , 07:04 p.m.

Alegando razones de ilegalidad, el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, decretó la terminación unilateral del contrato 092 de 2002 suscrito con la Sociedad Recaudos y Tributos S.A. (R&T), encargada del recaudo de los impuestos predial y de industria y comercio en el Distrito, con el fin de recuperar su soberanía fiscal.

La decisión se tomó a través de la resolución 3429 del 2 de diciembre de 2014, en la que se argumenta que el Estatuto Tributario establece que las competencia tributarias únicamente pueden ser delegadas a funcionarios públicos y no pueden ser transferidas a particulares. Contra esta procede el recurso de reposición ante el alcalde.

También que el contrato fue pactado por 20 años y, según el artículo 111 de la Ley 489 de 1998, en caso de celebrarse un convenio o acto administrativo para conferir funciones administrativas a particulares su ejecución tiene un plazo de cinco años prorrogables.

La Alcaldía inició el procedimiento administrativo tendiente a terminar unilateralmente el mencionado contrato, mediante la Resolución 039 de 2012.

No obstante, el grupo español Inassa, dueño de R&T y accionista de Metroagua, interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor en primera y segunda instancia por los Juzgados Civiles de Santa Marta, ordenándole al Distrito abstenerse de terminar dicho contrato por vía administrativa, pues la única opción posible era la judicial.

Estos fallos fueron confirmados por la Corte Constitucional que dictó la sentencia T-1082 de 2012, con ponencia del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, en la que concluyó que la Alcaldía había violado el debido proceso de R&T y, de paso, no podía terminar unilateralmente el contrato con dicha empresa.

El Distrito solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional la nulidad de esta sentencia porque consideró que se desconoció la jurisprudencia vigente y finalmente la sentencia SU-772 del 16 de octubre de 2014 revocó los fallos de tutela y ratificó que el Distrito tiene plena competencia para terminar unilateralmente el mencionado contrato.

Desde que inició la ejecución del contrato, el Distrito pagó a R&T la suma de 66.579 millones de pesos. Entre 2015 y 2022 habría tenido que pagar 121.319 millones, según sus proyecciones.

SANTA MARTA

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