Neutralizando a la prensa independiente

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La hegemonía comunicacional no era un chiste. A los medios críticos, el gobierno los acosa.

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03 de diciembre 2014 , 06:07 p.m.

Un proceso acelerado en los últimos años y adelantado por la estructura oficial del Estado dedicado a contrarrestar el ejercicio del periodismo, reducir los espacios (en imágenes, sonidos o palabras) a la crítica y promover un cuerpo unificado de mensajes de alabanza y promoción de ‘la revolución bolivariana’ y sus líderes.

No se trata ya de aquellas formas rudimentarias de censura: golpes e intimidación a periodistas, multas y cierres de medios, como le ocurrió a la televisora RCTV y otras 39 estaciones de radio en el 2007.

Menos escandalosas y más efectivas, desde la asunción a la presidencia de Nicolás Maduro en abril de 2013, otras formas de control se han abierto paso, como la compra de medios por parte de capitales desconocidos que, no más asumir las riendas, cambian la orientación editorial de sus nuevos medios, como ocurrió con Globovisión y los diarios Últimas Noticias, El Mundo y El Universal) a una versión edulcorada de la realidad venezolana y sus responsables.

También desde hace un año el Estado venezolano centralizó el proceso de importación y distribución de papel periódico –que antes se transaba libremente e incluso los grandes diarios importaban su propio papel con dólares que compraban al gobierno– convirtiéndose en una espada de Damocles para los periódicos, que ahora dependen de la voluntad del Estado para conseguir o no su material.

De hecho, diarios de línea crítica al gobierno como El Impulso y TalCual, que estuvieron a punto de cerrar sus puertas por falta de papel, hoy reciben sus despachos por cantidad exacta mes a mes, sin que ello les permita mayor planificación de su paginación o pauta publicitaria.

A esto se le suma que varias leyes como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, la Ley de Telecomunicaciones o la Ley de Protección al Niño y al Adolescente, son utilizadas constantemente por los tribunales e institutos oficiales para abrir procedimientos administrativos a medios que conllevan sanciones y multas.

“Se tejió un corsé de censura sobre la totalidad de la televisión privada y sobre un amplio espectro de la radiodifusión comercial”, escribió hace poco el investigador de la Comunicación y profesor de posgrado Andrés Cañizalez.

Y el corsé se ha extendido a los usuarios de las redes sociales, medios que se han convertido en una importantísima válvula de escape de opiniones, pero también de noticias y denuncias: actualmente hay ocho personas detenidas por trinar contra el gobierno.

Este amasijo de amenazas de compra, multa o retiros de la concesión o el material ha generado renuncias masivas –y despidos– de periodistas y, más grave aún, oleadas de autocensura.

“Lo que hemos visto en los últimos años es la deformación de los medios a punta de cadenas y regulaciones absurdas”, explica Jaime Nestares director de la cadena Radio Caracas Radio (RCR) y la 92.9 FM, de corte juvenil.

“Muchos decidieron autocensurarse, otros decidimos tomar el riesgo. A RCR le abrieron 3 expedientes, nos han cerrado tres programas, y a 92.9 FM le han abierto 42. Nos multan por frases que sacan de contexto y sabemos que estudian sustituir nuestra señal”, agrega.

Pero además de sostener una estructura cada vez más punitiva, el Estado se crece en número y recursos que dedica a su propia red de medios de comunicación. Una reciente investigación del profesor de la Universidad Católica, Marcelino Bisbal, muestra cómo en solo un año y medio –desde la asunción del presidente Maduro– el gobierno ha creado 6 nuevas estaciones de televisión (de 8 que tenía hoy tiene 14) a pesar de la bajísima audiencia que tienen.

Los diarios oficiales, 4 en total, son regalados al público y los departamentos de prensa son cada vez más abultados. Solo el del parlamento cuenta con 38 periodistas empleados.

“Incluso en las cadenas presidenciales el rating que consigue el gobierno es muy bajo”, dijo Bisbal en un programa de radio. “Apenas 2 o 3 por ciento, y si alguna vez llegó al 8 por ciento fue cuando el presidente dijo que anunciaría medidas económicas. Estamos hablando de una inmensa red de medios públicos pero sin público”.

Para el año que viene el presupuesto oficial asignado al área de comunicaciones es de 3,6 mil millones de bolívares (72 millones de dólares al cambio oficial más alto), muy por encima de lo que le asignó por ejemplo a la Asamblea Nacional (52 millones). En el afán de promover la hegemonía comunicacional, el Estado también creará para el año que viene su propia Agencia Venezolana de Publicidad.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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