Corte Suprema levantó orden de captura a ficha de las Farc en España

Corte Suprema levantó orden de captura a ficha de las Farc en España

En el fallo se hizo la diferencia entre los delitos de concierto para delinquir y rebelión.

03 de diciembre 2014 , 07:04 a.m.

La Corte Suprema de Justicia levantó las órdenes de captura y la circular azul de Interpol emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá contra una ficha de las Farc en Europa pues consideró que durante la investigación que llevaron a proferir esas medidas se violó el debido proceso.

Se trata de Leyla Yolima Ordóñez, alias “Manuela” o “Mariela” quien era la encargada en España de difundir y vender la revista 'Resistencia Internacional' con la que recaudaba recursos para la guerrilla de las Farc. Incluso, la difundió durante las fiestas del Partido Comunista en Portugal.

Además, Ordóñez se dedicaba a realizar acciones “propagandísticas y a crear organizaciones para alcanzar los objetivos trazados por la dirigencia de a la comisión internacional” de las Farc.

La Fiscalía le formuló cargos como coautora de los delitos de administración de recursos relacionados con actividades terroristas y concierto para delinquir agravado pues, al parecer, Ordóñez, habría incurrido en las conductas de “promover, apoyar, financiar y organizar directa o indirectamente a grupos armados al margen de la ley”. El juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la procesó como persona ausente, le asignó un abogado de oficio y la absolvió.

El caso fue apelado por la Fiscalía y llegó al Tribunal Superior de Bogotá que la condenó, pero por el delito de rebelión y no por el de concierto para delinquir agravado, conducta por la que la Fiscalía la acusó.

Este cambio hizo que la defensa de Ordóñez interpusiera un recurso de casación ante la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, quien nuevamente la absolvió porque encontró que a ella no se le respetó el debido proceso.

Durante el estudio del caso, el alto tribunal hizo la diferencia entre los delitos de concierto para delinquir y rebelión.

Según la Corte Suprema el concierto para delinquir y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas son delitos contra la seguridad pública mientras que el terrorismo hace parte de los que atentan contra el régimen constitucional y legal.

Es decir, según dejó claro la Sala Penal, se incurrirá en el delito de concierto para delinquir cuando “varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos”. La pena podrá incrementarse cuando la conducta esté relacionada con la “administración de recursos relacionados con actividades terroristas”.

Además, deberá reunir tres características: que reúna a varias personas para lesionar bienes jurídicos, que pertenezca a una organización que tenga esos fines y que sus actividades alteren la seguridad pública.

Entre tanto, la Sala definió que el delito de rebelión lo cometerán cuando una persona “mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”.

Este delito deberá reunir las siguientes tres características: que se trate de un solo sujeto, que haga uso de las armas y que tenga la intensión de derrocar al Gobierno Nacional.

“La rebelión es un delito autónomo, para cuya configuración se requiere la constatación del ánimo de derrocar al Gobierno Nacional”, dice la Corte y luego insiste en que se deberá entenderse “literalmente como el acto de empuñar las armas con los propósitos mencionados”.

En el caso de la colaboradora de las Farc en España, la Corte aclara que “Leyla Yolima Ordóñez Mera fue llamada a responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”.

Durante el juicio oral en contra de Ordóñez, la Corte estimó que no se probó que la acusada portara armas ni tuviera la intensión de derrocar al Gobierno Nacional y, sin embargo, fue acusada por rebelión.

“El Tribunal no respetó el núcleo fáctico de las conductas punibles imputadas en la acusación; condenó a la procesada por un delito de género diferente; y, por esas razones, desconoció el principio de congruencia, afectando las reglas del debido proceso”, concluye la Corte.

JUSTICIA

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