Defensores del derecho a la tierra, víctimas de la impunidad

Defensores del derecho a la tierra, víctimas de la impunidad

Alrededor del mundo el índice de impunidad en estos casos es del 95 por ciento.

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02 de diciembre 2014 , 07:13 p.m.

Los defensores del derecho a la tierra nunca han estado tan expuestos a la represión como ahora. Por su parte, los autores de la represión, que muchas veces termina en desaparición o muerte, pocas veces rinden cuentas de sus acciones, ya que el índice de impunidad en estos casos es del 95 por ciento.

Así lo concluyó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que ayer presentó el informe ‘No tenemos miedo’, Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado’.

El informe, que recoge cifras entre 2011 y 2014, asegura que frecuentemente quienes se encargan de silenciar a los activistas son agentes de policía, militares o agentes de seguridad de empresas privadas que “defienden” a toda costa sus objetivos.

En el periodo fueron asesinados 43 activistas y 123 han sido víctimas de acoso judicial.

Jimena Reyes, responsable de la Oficina para las Américas de la FIDH habló con EL TIEMPO y dijo que “en muchos lugares donde los defensores son detenidos arbitrariamente, la justicia no es independiente, y esto pasa tanto en países de izquierda como de derecha”.

Los defensores del derecho a la tierra son personas o instituciones que promueven y buscan proteger pacíficamente los derechos humanos relacionados a la tierra, como la alimentación, la vivienda, los ingresos, la espiritualidad o la cultura.

Este diario habló con Claudia Zenteno, defensora independiente de los derechos de los humedales en Xochimilco, al sur de Ciudad de México, declarados Área Natural Protegida y Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad.

Claudia afirma que “la defensa es una actividad dolorosa. Nuestra voz no tiene el alcance que debería, las autoridades nos ignoran”.

En su lucha de más de 20 años ha sido amenazada y golpeada, fue despedida de su trabajo, su esposo perdió un ojo en ataques por protestar, y sufrió la desaparición forzada de su hijo.

La competencia por la tierra se ha acelerado especialmente por el avance de las inversiones a gran escala o de los megaproyectos llevados a cabo por industrias extractivas y de explotación forestal o por la agroindustria.

El defensor africano Alfred Brownell comentó a EL TIEMPO que mientras investigaba acerca de denuncias de robo de tierras comunitarias por parte de empresas petroleras al sur de Liberia, él y su equipo fueron robados y su auto fue perseguido cuando salían del lugar, los atacaron con hachas y a disparos. Lograron huir.

También afirmó: “Quienes toman nuestras tierras destruyen nuestra cultura. Es un completo asalto a nuestra capacidad de sobrevivir”.

Entre las exigencias del observatorio de la FIDH está que se garantice la participación de los afectados y se solicita la independencia de los sistemas judiciales, también un fortalecimiento de la legislación internacional.

El caso colombiano

Sobre Colombia, el informe consigna que los conflictos armados internos han forzado a muchas personas a huir por años de los enfrentamientos entre grupos armados.

La Ley de Víctimas, promulgada en 2011, pretendía devolver la tierra a los 5,7 millones de desplazados por la violencia. Sin embargo –dice el informe–, la mayoría de los casos de restitución están aún pendientes y quienes quieren recuperar sus tierras se enfrentan a amenazas, violencias y asesinatos a gran escala con un alto índice de impunidad. 

VANESSA GÓMEZ PEDRAZA
Para EL TIEMPO

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