Fiscalía mexicana, sin indicios de supuesto secuestro de estudiantes

Fiscalía mexicana, sin indicios de supuesto secuestro de estudiantes

No hay pruebas que corroboren el informe de un medio francés sobre el secuestro de 31 alumnos.

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28 de noviembre 2014 , 09:54 a.m.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México indicó que hasta ahora no tiene indicios que corroboren un informe del canal informativo France 24 sobre el supuesto secuestro de 31 estudiantes en el estado sureño de Guerrero.

El reporte presenta el testimonio de una mujer que dijo que su hija formaba parte de un grupo de 31 estudiantes secuestrados el 17 de julio a plena luz del día en una escuela en Cocula por hombres armados y encapuchados que iban a bordo de automóviles de la policía municipal.( Ver también: México teme por otro posible caso de secuestro de estudiantes).

Al respecto, la PGR indicó que el director de la escuela en cuestión declaró este viernes ante la fiscalía que "en los cuatro años que se ha desempeñado en ese cargo dentro de la institución educativa no tiene conocimiento de que algún alumno haya desaparecido, contando actualmente con una población de 145 estudiantes".

Asimismo, señaló que el supervisor de la Zona Escolar 5, que abarca los municipios de Iguala, Cocula y Tepecua, declaró ante elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal que no tiene reporte alguno sobre la desaparición de alumnos o de incidentes relacionados con las escuelas bajo su supervisión. (Peña Nieto cambiará policías municipales por 32 cuerpos estatales)

Indicó que solicitará a la Fiscalía de Guerrero un informe respecto de las denuncias que pudieran relacionarse con los hechos aludidos en la nota periodística. Añadió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada verificará "si existe algún vínculo de estos posibles hechos con las actividades de la estructura criminal ya desarticulada en esa zona del estado de Guerrero, que era integrada por miembros de la delincuencia organizada y policías municipales".

Añadió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada verificará “si existe algún vínculo de estos posibles hechos con las actividades de la estructura criminal ya desarticulada en esa zona del estado de Guerrero, que era integrada por miembros de la delincuencia organizada y policías municipales”.

Cocula es un municipio vecino de Iguala, donde el 26 de septiembre pasado seis personas murieron y 43 estudiantes de una escuela para maestros desaparecieron a manos de policías y miembros del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación de la PGR. (Lea: Cronología de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos)

La institución también indicó que citará a declarar a la periodista Laurence Cuvillier, autora de la entrevista en que se basa el reporte de France 24, para poder recabar mayores datos.

Por otra parte, activistas y familiares de personas desaparecidas en México desde la década de 1970 dijeron que buscan la asesoría de expertos para conocer técnicas que les permitan iniciar su propia búsqueda, ante la falta de respuesta de las autoridades.

El detonador de esta iniciativa fue la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, aseguró Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, desaparecido desde 1974 tras ser detenido por el ejército mexicano.

“Es lamentable la desaparición de los 43 normalistas y es lo que ha destapado realmente la situación, ha hecho ver lo que pasa realmente en México”, dijo Radilla en el marco del coloquio ‘Prácticas forenses y derechos humanos. Un diálogo sobre experiencias en América Latina’.

Señaló que “los cerros de Iguala están llenos de fosas clandestinas donde hay personas, y todas esas personas tienen sus familiares que los buscan ahí y en otras partes del país”.

Para la también integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, el hallazgo de las fosas clandestinas en Iguala, en el marco de la búsqueda de los 43 estudiantes, anima a emprender búsquedas independientes ante “la omisión de las autoridades”.

A su vez, Nadin Reyes, hija del activista Edmundo Reyes, quien desapareció el pasado 25 de mayo en la ciudad Oaxaca, reconoció que la Fiscalía mexicana tiene los “mejores protocolos” para realizar una investigación y búsqueda, pero “no la voluntad política”. “Todas las instituciones obstaculizan la búsqueda de la verdad”, acotó.

Coincidió con Radilla en la necesidad de que el Estado mexicano haga un banco nacional de ADN para la identificación de las víctimas.

Por su parte, Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, dijo que desde hace siete años los familiares de desaparecidos realizan sus propias investigaciones. “Sabemos que violamos la ley al hacer el trabajo (forense) sin consultar, pero es el camino que nos han dejado”, dijo.

EFE

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