CIDH pide no usar justicia militar en violaciones de derechos humanos

CIDH pide no usar justicia militar en violaciones de derechos humanos

También dijo que le preocupa que con marco para la paz se renuncie a investigar crímenes graves.

27 de noviembre 2014 , 10:02 a.m.

Un nuevo informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide a los estados de la región dejar de utilizar la jurisdicción penal militar en casos de violaciones a los derechos humanos pues atentan contra el derecho de las víctimas a que se haga justicia y se conozca la verdad.

El reporte, presentado este jueves en Washington bajo el título 'Derecho a la Verdad en América', también previene sobre leyes de amnistía -o que conduzcan a ella- que se han usado para limitar el acceso a estos derechos.

"Además de la adopción de leyes de amnistía, otra de las formas de limitar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, y el consecuente derecho a conocer sobre la verdad de lo sucedido, se ha dado a través de la jurisdicción penal militar. Al respecto, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido de manera reiterada y constante que la jurisdicción militar no puede ejercerse para la investigación y sanción de casos de violaciones de derechos humanos", dice el reporte.

Aunque no lo dice literalmente, el informe se presenta justo cuando en Colombia avanzan en el Congreso una serie de incitativas legislativas que ampliarían el llamado "fuero militar".

Muchas ONG, entre ellas HRW y Amnistía Internacional, se oponen precisamente por que, a su juicio, estas leyes permitirían transferir a la justicia castrense casos de serias violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extraoficiales conocidas como 'falsos positivos'.

Lo que sí se menciona con nombre propio en el reporte es el Marco Jurídico para la Paz, la ley que se aprobó en el 2012 y que establece los instrumentos de justicia transicional que se aplicarían de llegarse a un acuerdo de paz con las Farc o el Eln.

En el reporte se subraya la preocupación de la CIDH ante la posibilidad de que el Estado renuncie a investigar graves violaciones a los DD. HH.

"En el caso de Colombia, respecto al “Marco Jurídico para la Paz”, la Comisión señaló que encontraba preocupante el concepto de selectividad y la posibilidad contemplada de renunciar a la investigación y procesamiento de graves violaciones a los derechos humanos, en cuanto a que serían incompatibles con las obligaciones del Estado. La CIDH reiteró que el sistema interamericano de derechos humanos ha dicho reiteradamente que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la protección y las garantías judiciales para lograr la investigación y procesamiento penal de los perpetradores en la jurisdicción ordinaria", dice el reporte.

En su informe, la CIDH vuelva a reiterar su critica a la extradición a Estados Unidos de paramilitares desmovilizados pues interfiere con la obligación del Estado colombiano de juzgar a civiles y agentes del Estado involucrados en casos de graves violaciones y del cual estos o poseen información o son responsables.

En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar los restos exhumados y entregar los restos a sus familiares.

El reporte de la CIDH incluye a su vez un capítulo sobre las comisiones de la verdad o centros de memoria histórica como el que se creó en Colombia para documentar el conflicto armado y sostiene que la participación de la sociedad civil y las víctimas en ellos es prioritaria.

Además, la CIDH advierte  que los Estados están obligados a garantizar el acceso a la información oficial y que la exclusión de patrones evidentes o la limitación temporal frente a ciertos incidentes importantes genera dudas sobre la imparcialidad del mecanismo y se ha resaltado como función esencial de las Comisiones de la Verdad la determinación y ubicación de víctimas.

“Cuando el Estado garantiza el Derecho a la Verdad, que incluye el derecho al esclarecimiento de los hechos y también a la justicia y a la reparación, esto funciona como una garantía de no repetición. La impunidad propicia la repetición de las violaciones, en cambio el ejercicio del Derecho a la Verdad la previene”, dijo la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, al comentar el reporte.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza, destacó que el informe "es un aporte que recopila la jurisprudencia del sistema interamericano sobre las obligaciones de los Estados en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas del pasado. Pero no es un informe sobre el pasado solamente, sino que es una contribución al presente, para coadyuvar desde nuestro lugar y nuestro mandato a que las democracias de hoy puedan avanzar en saldar la deuda pendiente, y es una contribución al futuro también. Porque la garantía del Derecho a la Verdad permite construir un futuro exento de este tipo de abusos”.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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