Presos de las Farc se cosieron la boca para pedir atención médica

Presos de las Farc se cosieron la boca para pedir atención médica

Unos 180 reos de La Picota están en huelga de hambre. Dicen que falta de medicinas es "una tortura".

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26 de noviembre 2014 , 05:01 p.m.

Al menos 180 guerrilleros de las Farc, recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, anunciaron que desde el pasado lunes 24 de noviembre iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con varios de sus compañeros a quienes se les habría negado atención hospitalaria urgente. algunos de ellos, incluso, se cosieron la boca con hilo como parte de la protesta.

A través de un comunicado de prensa, divulgado por la ONG ‘Corporación Solidaridad Jurídica’, denunciaron 22 casos de falta de atención, nueve de ellos de gravedad y que no han sido tratados oportunamente. Para los presos, la falta de atención constituye una especie de “tortura” contra ellos.

Destacan en particular el caso de Édison Martínez León, quien presenta una infección crónica en pierna, luego de haber recibido un disparo al momento de ser capturado. En el comunicado divulgado se afirma que “el Inpec incumplió con remitirlo al Hospital Simón Bolívar, el día 23 de septiembre para recibir tratamiento médico”. (Vea un completo diagnóstico de la crisis carcelaria en el país)

“Diez días más tarde, nuevamente incumple esta vez con el horario de remisión, trasladándolo varias horas después a la requerida al centro hospitalario. Estando allí, un médico indicó que si no era tratado antes de un mes, tendrían que amputarle su extremidad inferior”, agrega el documento y señala que pese a haber “agotado todos los recursos jurídicos”, el preso no ha recibido atención y está a punto de perder su pierna.

Pero además del caso de Martínez, hay otros de gravedad, como un enfermo terminal de leucemia, casos de fracturas y derrames cerebrales. Así mismo, afirman que a muchos de ellos ni siquiera se les dan los medicamentos requeridos de forma oportuna.

Por eso, señalan, comenzaron una huelga de hambre y cese de actividades hasta tanto no se produzca una reunión con el director de la prisión y los voceros de la EPS Caprecom, que por ley es la entidad responsable del tratamiento médico en las prisiones de Colombia.

En ese encuentro piden el acompañamiento de organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Además, aseguraron que la protesta será “de carácter pacífico”.

Actualmente, en La Picota hay un hacinamiento de 22 %. Es decir, que tiene capacidad para 5.810 presos y alberga 7.064 reclusos, según cifras de octubre de este año divulgadas por el Inpec.

Así mismo, la cárcel más hacinada del país es la de Riohacha, con 483 % de sobrecupo (tiene capacidad para 100 presos y actualmente alberga 583). En total, el hacinamiento en las cárceles de Colombia es de 49 %.

EL TIEMPO intentó comunicarse de forma reiterada con Luisa Fernanda Tovar, directora de esa entidad, pero al momento de la publicación de este texto no había sido posible. Tampoco se ha conocido una posición oficial de esta EPS del régimen subsidiado al respecto.

Difícil atención

El hacinamiento y las difíciles condiciones para atender los presos, entre ellas presiones internas, mafias que trafican con medicamentos y reclusos que se hacen atender sin necesitarlo son, según han señalado el Gobierno y Caprecom, algunas de las causas por las que la atención médica no es oportuna ni eficiente.

Por eso, los ministerios de Salud y Justicia preparan una reforma al sistema de atención en las prisiones para que el servicio no lo asuma más Caprecom. El objetivo es que, en el 2016, la salud penitenciaria la asuma un fondo especial, similar al que tienen los docentes del magisterio, que contratará directamente los servicios a través de una de IPS.

Entre tanto, Caprecom decidió, desde agosto, tercerizar la prestación del servicio de salud a través de la Unión Temporal Unidad Básica de Atención Inpec (UT-UBA Inpec). Se trata de un millonario contrato de 21.855 millones de pesos, con el que ese particular asumió hasta diciembre de 2014 la atención de los 31 penales más hacinados del país, que representan el 78 % del total de la población carcelaria. El programa funciona como piloto.

"Con este contrato, la UT-UBA Inpec se comprometió a atender, de forma intramural, los servicios médicos de baja complejidad, las especializaciones de mediana complejidad y los temas ambulatorios, que representan el 90 % de las consultas. El otro 10 % se atenderá en la red hospitalaria pública", explicó hace algunas semana Luisa Fernanda Tovar, directora de la EPS-S.

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