El recurso de la San Martín para aplazar ejecución de sanción

El recurso de la San Martín para aplazar ejecución de sanción

Exmagistrado de Corte Constitucional, abogado de fundación, dice que Ministra se extralimitó.

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25 de noviembre 2014 , 12:36 a.m.

El pasado viernes, los abogados de la polémica Fundación San Martín interpusieron el recurso de reposición contra la resolución 18253 del 4 de noviembre de 2014, que prácticamente intervino las cuentas del centro educativo por supuestas irregularidades en el manejo de recursos. Son las primeras explicaciones que, prácticamente, se conocen después de las medidas del Gobierno. (Lea también: Mineducación podría sancionar a directivos de las universidades)

Con este recurso, se aplaza la entrada en vigor de las medidas tomadas por el Ministerio de Educación, como la constitución de una fiducia con el fin de que los recursos de estudiantes no se destinen a otros rubros.

Según estudiantes que alegan que han sido perjudicados por la decisión del Ministerio, la recusación la interpuso el exmagistrado de la Corte Constitucional Antonio María Barrera Carbonell, quien defiende los intereses del representante legal de la universidad, José Ricardo Caballero. (Lea también: Universidad San Martín, el 'Saludcoop' de la educación)

En el recurso, conocido por ELTIEMPO.COM y dirigido a la ministra Gina Parody, la universidad alega que el Ministerio de Educación se extralimitó, violó el debido proceso y hubo falsa motivación por parte de esa cartera.

Sin embargo, en los 16 folios del documento no se refiere a la evidencia que existe sobre los supuestos manejos irregulares de los dineros del centro educativo. Por ejemplo, sobre el desvío de recursos para restaurantes que tienen nexos con la familia Alvear, dueña de la San Martín. (Lea también: La Universidad San Martín no es dueña ni de sus escritorios)

De hecho, todos estas supuestas irregularidades están siendo investigadas por la Fiscalía y sustentarían una posible estafa masiva. Igualmente, decenas de trabajadores han interpuesto acciones en los estrados judiciales para reclamar pagos.

En principio, el recurso ataca la legalidad del Decreto 2219 del 31 de octubre de este año, el cual abrió la puerta para que el Ministerio pueda intervenir un centro universitario si tiene evidencia de que hay manejos irregulares y ordenó que los recursos sean manejados por intermedio de una fiducia.

Para la defensa de la San Martín, el Ministerio se extralimitó, debido a que, en su criterio, no puede expedir un decreto que reemplace lo que debe regular una ley expedida por el Congreso, considerando que es inconstitucional y que restringe la autonomía para las universidades.

“Al Gobierno no le ha sido atribuida por la Constitución competencia alguna para regular directamente, a través de los llamados decretos constitucionales o autónomos, lo concerniente al ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación, pues solamente se le ha asignado la facultad de expedir reglamentos sobre esta materia para desarrollar y precisar el contenido básico normativo establecido por el legislador”, señala el recurso, revelado por un grupo de estudiantes.

Es decir, señala el abogado Barrera Carbonell, el Ministerio no puede suspender temporalmente la vigencia de los registros calificados otorgados a esas instituciones u ordenar a las instituciones de educación superior prestar garantías para asegurar la viabilidad financiera de sus programas académicos y de sus obligaciones económicas u ordenar a estos centros universitarios la administración fiduciaria de sus bienes y recursos.

De otro lado, Barrera Carbonell considera que a la San Martín se le violó el debido proceso, pues previo a la expedición de la resolución supuestamente no se le cito para entregar sus descargos.

Sobre que la Fundación está admitiendo nuevos estudiantes en programas sin registro calificado o expirados y que hay falta de claridad en la publicidad, estas acusaciones son consideradas por la defensa del centro educativo de “vagas” e “indeterminadas”.

Ahora, el Ministerio de Educación debe revisar los argumentos del abogado de la Fundación y se deberá pronunciar en los próximos días. No obstante, al terminar este proceso, existe una alta posibilidad de que tanto el decreto como la resolución sean demandados ante los tribunales administrativos.

ELTIEMPO.COM

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