El polémico juez que está detrás del paro judicial

El polémico juez que está detrás del paro judicial

Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, lidera bloqueo de juzgados que ya completa 46 días.

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22 de noviembre 2014 , 06:49 p.m.

Freddy Machado, el juez de Cartagena que encabeza el paro judicial que este domingo completa 46 días, es considerado por sus colegas de Asonal –uno de los sindicatos de la Rama Judicial– “un acérrimo defensor de los derechos de los trabajadores”.

Él es la cara visible de un movimiento de protesta al que se han sumado los guardianes del Inpec y funcionarios de la Fiscalía y que empezó el 9 de octubre con la bandera de presionar el giro de recursos para garantizar la continuidad de 8.200 jueces y empleados de descongestión judicial. (Lea también: Van 19.000 audiencias penales suspendidas por paro).

La plata está asegurada hace más de dos semanas y, sin embargo, hasta hoy, en varios de los principales centros judiciales del país –salvo regiones como Valle, el Eje Cafetero, Antioquia y Tolima– el panorama sigue siendo el mismo: ciudadanos que llevan semanas intentando interponer una denuncia; capturas y operaciones de la Fiscalía frenadas por las dificultades para judicializar a los detenidos, y centenares de empleados que sí quieren trabajar, sin poder hacerlo porque no se lo permiten quienes insisten en el cese de actividades. ('Entidades del Estado no pueden pagar salario a quienes no trabajen').

El balance del paro, que amenaza con ser el más prolongado de los últimos años (el del 2012 duró 57 días), es crítico: 19.000 audiencias aplazadas y un retraso forzado para un aparato judicial que carga una mora de entre cinco y nueve años y que, además, se va de vacaciones colectivas en poco más de tres semanas.

Machado asegura que no van a ceder y que la protesta se mantendrá mientras no tengan respuesta a sus exigencias. Estas, señaló esta semana el ministro de Justicia, Yesid Reyes, “son inviables”.

Además de pretender que se desconozca el pacto que permitió levantar el paro del 2012 sobre nivelación salarial, los que están en cese de actividades quieren que se derogue la ley que permitió la reforma de la Fiscalía y que se cambie la manera como se evalúa la productividad de los funcionarios de la rama. Dicen que se debe medir por la “calidad de las sentencias” y no por cantidad de decisiones.

‘Funcionaria de provincia’

Machado cuenta que una de las razones que lo llevaron a sindicalizarse fue la de que en 1999 no lo tuvieron en cuenta para ser magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bolívar, a pesar de que logró uno de los primeros puntajes en el concurso de méritos. Casi una década después, en el 2010, la Sala Disciplinaria de la Judicatura lo sancionó, precisamente, por negarse a vincular en su despacho a una funcionaria que había logrado el cargo por meritocracia.

Le impusieron cuatro meses de salario de multa (casi 15 millones de pesos) porque no quiso posesionar en una vacante de escribiente que tenía en su juzgado a Ruby del Carmen Ríos. Ella pidió un traslado, que fue previamente aprobado por la Judicatura, del juzgado promiscuo de Simití (Bolívar) al juzgado primero penal de Cartagena, donde el presidente de Asonal era titular. Como llegó a Simití por méritos, tenía derecho a ‘saltar’ a Cartagena en caso de que hubiera una plaza abierta.

Pero Machado se negó a recibirla, argumentando que debía “mantener la productividad del juzgado” y de que la nueva escribiente “desconocía la dinámica, mecánica y trabajo en condiciones extremas”. “No es un capricho querer mantener su equipo de trabajo, que evidencia resultados en términos de descongestión, para incorporar a una persona que no tiene el mismo oficio, pues proviene de provincia”, argumentó en su defensa.

La Sala Disciplinaria ratificó la sanción impuesta por la Judicatura en Bolívar, que consideró que lo expuesto por el juez Machado para negarse a recibir a la nueva funcionaria no estaba basado en “razones objetivas” y constituía una “ligera descalificación”.

El fallo de segunda instancia señaló que el hoy presidente de Asonal Judicial trató de “enmascarar su deseo” de que permaneciera quien venía desempeñando el cargo, “desconociendo con ello los derechos de carrera de la persona que solicitó el traslado”.

Paradójicamente, la reivindicación de los derechos de los funcionarios de carrera es una de las banderas del sindicato de la Rama Judicial y ha sido origen de varios de los paros del sector, que desde el 2008 suman casi 150 días.

Dice que hay persecución

Cuatro años después del fallo disciplinario en su contra, Machado insiste en que la decisión fue “abiertamente injusta” porque supuestamente desconoció la potestad de los jueces a conformar su equipo de trabajo.

Reitera que la empleada no era abogada y “tenía un perfil más para un juzgado de familia que para uno penal”. Por eso interpuso una tutela, que tampoco prosperó. “Lo entendí como una persecución por mi labor sindical”, le dijo a este diario.

Buena parte de los jueces y empleados de la rama que no apoyan este paro le cuestionan al juez Machado su afán por defender los juzgados de descongestión, cuyo origen es transitorio, porque se supone que deben operar mientras los otros despachos se ponen al día. Hasta mayo de este año, su esposa, Claudia Martínez, fue magistrada de descongestión en el Tribunal Superior de Bolívar. Su cargo y el de otros funcionarios fueron eliminados por la Judicatura, lo que dio pie a otra protesta de funcionarios de la rama a mediados de año.

“En mayo eliminaron el cargo de ella, que era de las de más producción, y entonces, siendo ella de las mejores, la eliminaron caprichosamente (...). Independientemente de que mi mujer fuera magistrada, yo entro a la huelga porque dejaron cesantes a 2.000 personas”, dijo.

Martínez se desempeña ahora como juez laboral del circuito de Cartagena y su esposo, nacido hace 50 años en Lorica (Córdoba), ha radicalizado sus posiciones en defensa de los funcionarios provisionales, lo que incluso lo ha llevado a romper con el otro sindicato de la rama, Asonal Judicial Sindicato de Industria, que se ha mantenido al margen de la actual protesta. “El nuestro es un sindicalismo más aguerrido, somos el Asonal al que no le gusta el lobby”, dice el juez Machado.

Según las cuentas del Gobierno, aceptar las gabelas que pretenden los promotores del paro le costaría al país entre 3 y 6 billones de pesos, que en el momento simplemente no hay de dónde sacarlos.

Hoy, un juez del circuito, como Machado, recibe, entre salario, bonificaciones y primas, 8,5 millones de pesos. Además, tienen tres días de permiso justificado al mes (los magistrados pueden recibir hasta cinco).

Así va el cese
La plata de descongestión está asegurada por un año

1. No hay pagos

El fiscal Eduardo Montealegre y la Judicatura dieron la orden de no pagarles a los funcionarios que han dejado de cumplir con sus labores. Asonal dice que se trata de una “arbitrariedad”.

2. En funciones

Miles de jueces y funcionarios han seguido trabajando a pesar de que no han podido atender a los ciudadanos por el cierre de las sedes. Piden que se respete su derecho al trabajo.

3. Acuerdo del 2012

Asonal dice que el pacto de nivelación salarial que permitió levantar el paro del 2012, y que contempla plazos hasta el 2018, no es válido. El Gobierno y un sector de la Rama dicen que no se puede desconocer.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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