Editorial: Llegó la hora de poner límites

Editorial: Llegó la hora de poner límites

15 de noviembre 2014 , 08:00 p.m.

Como a muchos se les olvida, vale la pena recordarlo: en menos de tres décadas, la salud en Colombia pasó de ser asociada con la beneficencia y la asistencia a ser concebida como un sistema de seguridad social y ahora como un derecho fundamental.

La diferencia no es solamente semántica. Es el reflejo de una evolución con profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y hasta ideológicas. No ha sido fácil para el país estructurar un sistema de salud que, más allá de sus dificultades y sus grietas, está hoy en capacidad de cubrir a la casi totalidad de la población.

Pese a sus altibajos, es necesario reconocer que está fundado y sostenido por un esquema solidario, que permite, por lo menos teóricamente, que ricos y pobres tengan los mismos beneficios.

El Estado ha entendido la importancia de garantizar tales beneficios a la población, al punto de que los recursos para sostenerlos han aumentando exponencialmente. Para la muestra está el hecho de que, entre el 2004 y el 2013, el gasto público en el sector pasó de 12,5 billones de pesos a 36,5 billones, monto que constituye el 76 por ciento de los 48 billones de pesos del gasto total en salud del país, que incluye al sector privado.

Aun cuando muchos critican esta cifra, no puede desconocerse que, proporcionalmente, es una de las más altas de la región, lo que nos sitúa, con 480 dólares anuales, en un rango medio alto en materia de gasto per cápita en este campo. Ni los detractores del sistema pueden desconocer sus avances, ni sus defensores están en capacidad de negar que no es perfecto ni que nos llegó la hora de asumir, inexorablemente, el debate sobre los límites que este debe tener.

Desde siempre, los colombianos han echado mano de la tutela para acceder a los servicios que les son negados y ahora para amparar su derecho. Aunque eso está bien, este y otros mecanismos también han conducido a costosos e injustificados abusos, que lo han llevado al límite. De hecho, hoy muestra graves fisuras financieras.

Sin que eso se haya resuelto, pese a las constantes señales de alarma lanzadas por actores del sector, la sentencia C-313 de la Corte Constitucional, que declaró exequible la Ley Estatutaria de Salud (que pronto será sancionada por el presidente Santos), deja abierta la puerta para que terceros cometan abusos, al amparo del tono garantista de la norma.

El texto de la ley avalado por la Corte, que declara la salud como un derecho fundamental, permitiría interpretar que el sistema deberá proveer, sin límites, todos los beneficios que la gente solicite. Eso sería catastrófico. Ningún modelo en el mundo está en capacidad de cubrirlo todo sin derrumbarse sobre la misma población que pretende proteger.

Razón tiene el ministro Alejandro Gaviria cuando pide a gritos abordar, de una vez y sin tapujos, este debate: el país tiene que conciliar el alcance del derecho fundamental con los recursos finitos que hay para asegurarlo.

No se trata de quitarle a nadie o de negar lo necesario y suficiente para que una persona se recupere y garantizar el bienestar colectivo. Encontrar la manera de que alcance razonable y equitativamente para todos es el reto ahora. En eso consiste la urgente definición de los límites, que en Colombia no admite más argumentos ideológicos falsamente reivindicativos ni debates sensibleros.

El primer paso debe apuntar a eliminar la corrupción y los abusos contra el sistema. Es inconcebible que en un escenario de recursos tan restringidos, haya avivatos que le cargan facturas de servicios públicos, pasajes aéreos y manutención, medicamentos sin registro, terapias experimentales, tratamientos cosméticos, tecnologías caras que no aportan nada y productos de marca inducidos por sus fabricantes, entre otros exabruptos.

No se puede olvidar que detrás de todo eso siempre están la fórmula de un médico y la decisión de un juez. Ellos son los primeros llamados a autorregularse, a actuar dentro de su ética profesional y con sentido común. A la cabeza de esa tarea tienen que estar el Gobierno, asumiendo su papel de regulador, y órganos de control como la Superintendencia Nacional de Salud, que de una vez por todas debe mostrar los dientes que dice tener.

Al Congreso le toca entender que este esfuerzo, que debe apoyar, no puede contaminarse más con pujas politiqueras; aquellos legisladores que fungen como defensores y voceros de terceros interesados que se han lucrado con el caos del sector están obligados a retomar su papel de verdaderos representantes del bien colectivo.

Los usuarios tienen una gran cuota de responsabilidad. Su deber es asumir este sistema como propio, defenderlo, comprender sus beneficios y sus alcances, en lugar de concebirlo como un bien ajeno que hay que saquear.

En términos sociales, que en Colombia hoy la salud sea un derecho fundamental constituye un logro histórico. Sería ilógico que, por su mala interpretación y los abusos que podrían surgir a su amparo, este se convierta en un bumerán que acabe con el bienestar común y destruya los avances que tanto esfuerzo ha costado alcanzar.

La Ley Estatutaria puede ser el factor determinante para edificar el modelo de salud que requiere el país o la bomba que lo destruya.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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