Las tres grandes discusiones que dejó foro sobre la paz de esta semana

Las tres grandes discusiones que dejó foro sobre la paz de esta semana

Ampliación del delito político, desafíos para justicia transicional y acuerdo político para la paz.

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15 de noviembre 2014 , 06:50 p.m.

Ampliación del delito político y sus conexidades, nuevos desafíos para la justicia transicional y el acuerdo político para la paz son las tres principales discusiones que dejó abiertas el foro convocado el pasado jueves por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, sobre el fin del conflicto.

El encuentro, que contó con la participación de los miembros del equipo negociador del Gobierno, el procurador Alejandro Ordóñez, el fiscal Eduardo Montealegre, líderes de los partidos políticos y profesores de las principales universidades, dejó planteadas estas preguntas, que, de ser respondidas, podrían despejar el camino hacia la paz, de manera definitiva.

El delito político

Ampliar el alcance de los delitos políticos y conexos para permitir que los guerrilleros responsables de conductas penales (hoy delitos comunes) puedan llegar a cargos de elección popular parece un imperativo del proceso.

“Deberíamos hacer nuevamente una discusión sobre la vigencia del delito político en un momento de transición, sin perjuicio de que, una vez concluya el conflicto, revaluemos sus características”, propuso en el conversatorio Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador. (Lea también: Conclusiones del foro sobre el proceso de paz de EL TIEMPO).

No habían pasado dos horas después del anuncio de De la Calle, cuando el procurador Alejandro Ordóñez, en el mismo lugar, hizo una categórica advertencia: “Es contradictorio que el Gobierno proponga ‘rediscutir el alcance del delito político’ y de la conexidad con el mismo”, cuando dice que “el proceso de paz se está haciendo en el marco del estado de derecho y de la Constitución”.

Para el Procurador, esas dos cosas no van de la mano.

Sobre todo después de que la Corte Constitucional, en su sentencia de exequibilidad del Marco Jurídico para la Paz, advirtió al legislador “límites” a la hora de configurar los delitos que determine como conexos al delito político, y que “no podrá establecer dicha conexidad respecto de los crímenes de lesa humanidad ni de genocidio, cuando estos sean realizados sistemáticamente”.

El debate tomó más fuerza cuando, en el mismo foro, Montealegre, en apoyo de la tesis del Gobierno, planteó que “cuando se trate del marco para la insurgencia debe haber un concepto más universal, en el sentido de que todos los delitos comunes, como el narcotráfico, que sirvieron como instrumentos para la realización de delitos dentro del conflicto deben entrar en la justicia transicional y frente a ellos, si hay proceso de paz, no debería operar la extradición”.

El mismo presidente Juan Manuel Santos, en entrevista que publica este diario hoy, asegura que es necesario ese cambio.

En el Congreso los ánimos están caldeados. José David Name, presidente del Senado y líder de ‘la U’, dijo que De la Calle debería decirles primero a las Farc que dejen de asesinar indígenas. Y el senador Hernán Andrade, uno de los pocos conservadores aliados del Gobierno, consideró que es “inoportuno” proponer ampliar el delito político cuando la guerrilla arrecia asesinatos y secuestros de militares. Pero cuenta con el respaldo de la mayoría de los sectores liberales, de ‘la U’ y del Polo.

Justicia transicional

El fiscal Montealegre, otro de los grandes invitados, también llamó la atención con su tesis de que Colombia le debe apostar a que, firmado el fin del conflicto, se comprometa con una justicia transicional que cierre las heridas abiertas por todos los protagonistas de la guerra, por siempre.

Tras explicar con detalles los fundamentos de su propuesta, dijo que el país se debe empeñar en “construir razonablemente un modelo de cosa juzgada universal, con cierre definitivo una vez se produzcan las sentencias de todos los hechos y todos delitos, y para todos los autores del conflicto armado”. (Proponen penas alternativas a militares, excepto por falsos positivos).

En ese modelo, la justicia juzgaría ante todo a las estructuras criminales, priorizando a sus mayores responsables. “Una vez que se demuestre que los máximos responsables han diseñado las políticas de secuestro, de reclutamiento de menores, de violencia sexual durante el conflicto, todos los hechos cometidos por los combatientes, en el caso particular de secuestro, terrorismo, crímenes de guerra, sobre la base de esta estructura y de este modelo, todo podría serles imputado a los máximos responsables en virtud de la teoría de autoría mediata”, explicó.

También dijo que la justicia transicional debe llegar a los miembros de la Fuerza Pública y a los empresarios y ganaderos que financiaron grupos paramilitares.

El acuerdo del procurador

El procurador Alejandro Ordóñez insistió en que todas las fuerzas políticas y sociales deben concurrir, sobre unos mínimos del ordenamiento jurídico colombiano y del derecho internacional, a un acuerdo para garantizar que lo que se firme en La Habana “se cumpla”.

En abierta defensa del fin de la guerra, Ordóñez afirmó que se necesita, además, que la paz quede bien hecha, esto es, que sea sostenible en el plano jurídico y en lo político. “Solo así será una paz duradera y sostenible”, dijo.

Para el Procurador, “los acuerdos exigen el aval de la sociedad” y que estos no sean solo una coincidencia entre las “élites” del Gobierno y de la guerrilla.

“La convergencia de un pacto para la paz de críticos y partidarios de las conversaciones de La Habana será lo que convierta a la paz en una verdadera política de Estado”, manifestó.

Ese “gran pacto por la paz”, según el jefe del Ministerio Público, “será lo que dará sostenibilidad política al acuerdo al que se llegue con las Farc”, pero para ello se necesita que “los diferentes sectores sociales y políticos concurran libre y conscientemente”.

Con excepción de los grupos más radicales del uribismo, los demás partidos políticos y muchos sectores sociales estarían listos a concurrir a este pacto.

Ayer, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que el Gobierno ve como “constructiva” la propuesta hecha por el Procurador.

EL TIEMPO

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