Ley Estatutaria abre debate sobre los límites en el sistema de salud

Ley Estatutaria abre debate sobre los límites en el sistema de salud

Pese a que norma excluye servicios, habrá mucho más acceso que hoy. Temen sostenibilidad de sistema.

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14 de noviembre 2014 , 09:50 p.m.

El sonado caso de Camila Abuabara, la estudiante de 25 años que sufre un cáncer de sangre e interpuso una tutela solicitando un trasplante de médula en Houston (Estados Unidos), en el marco de un tratamiento experimental, encarna dos de las seis exclusiones que plantea la Ley Estatutaria de Salud.

En efecto, la norma, que en próximos días sería sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, prohíbe el pago, con recursos del sistema de salud, de tratamientos o medicamentos experimentales y que sean provistos en el exterior.

Dicha restricción también cobija a procedimientos suntuarios y cosméticos, a aquellos que no cuenten con evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica, y los que no hayan sido autorizados legalmente.

Estas exclusiones deberán quedar explícitas a partir de un proceso público y transparente que permita a la gente tener claro a qué no se puede acceder utilizando recursos del sistema. La Corte Constitucional le dio un plazo de dos años al Ministerio de Salud para definir eso.

Se presume que lo que no quede excluido, de manera explícita, podrá ser solicitado por los afiliados para garantizar su salud. De acuerdo con la Corte, esta se entiende como la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Para muchos, esto crea un modelo de salud sin límites que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. De acuerdo con Fedesarrollo y Anif, la inclusión de todos los medicamentos, tratamientos y procedimientos que están por fuera del POS requerirá una adición presupuestal de 8 billones de pesos anuales para el sector.

De acuerdo con Alejandro Gaviria, ministro de Salud, la Corte, al declarar la salud como un derecho fundamental, no fue explícita en la definición de límites en los beneficios.

Según el Ministro, esto puede interpretarse como la obligación del sistema de cubrirlo todo, sin control. “La sentencia de la Corte –dijo– no es muy clara; aparentemente dijo que solo aplican las exclusiones. Todo lo que no se excluya, según estos criterios, estaría automáticamente incluido”.

Debate sobre los límites

Sobre los posibles excesos en esta materia, el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, asegura estar de acuerdo con que la sociedad acepte un listado negativo, compuesto de peticiones suntuosas, como cirugías plásticas, que en nada comprometen lo funcional.

Frente al caso de Camila Abuabara, opina que fue su EPS la que llevó a la paciente a esa circunstancia. “Claro –asegura– que ella no debió ir al exterior y desde allá pedir tratamientos al sistema de salud. La idea es que nos protejan en Colombia, con los recursos que hay”, dice.

Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio de EPS), considera que la sentencia de la Corte eliminó todas las posibilidades de controlar el gasto; el problema es que ampliar infinitamente los beneficios del sistema es imposible. Y es pesimista en cuanto a las perspectivas que se abren con la Ley Estatutaria: “Cuando la gente entienda que con esta ley tiene derecho a prácticamente todo, las autorizaciones podrían alcanzar los 5 o 6 billones de pesos adicionales por año”, señala.

Un ejemplo de lo que podría ocurrir si no se establecen límites claros es lo que ocurre en Salud Total. Al respecto, su presidente, Luis Guillermo Vélez, dijo: “Debo acatar tutelas que me obligan a dar 400 bolsas de solución salina a un paciente al mes; puede que no cuesten mucho a la larga, pero no se sabe ni para qué son. Un juez en Medellín me ordenó entregarle a un paciente 900 pañales para 30 días… es un absurdo”, asegura.

Vélez sostiene que, pese a ser un país con recursos finitos, “Colombia no se ha detenido a trabajar en deberes, solo en derechos. No hemos contemplado la posibilidad de ser austeros. Ninguna ley estatutaria va a alcanzar ni a ser garantista, mientras no se pongan límites a lo que se reconoce vía tutela. Lo ideal es que tengamos usuarios atendidos y recursos que alcancen”.

Jaime Calderón, presidente de Sociedades Científicas, está de acuerdo con que el ejercicio de los derechos debe darse de forma razonable, supeditado al interés general y bajo algunas restricciones que no afecten a terceros.

“Es insensato pensar que la sociedad colombiana pueda proveer recursos infinitos. Debe haber un pacto social para definir los límites del derecho, y la jurisprudencia debe contar con los mecanismos apropiados para restaurar el ejercicio razonable del mismo, bajo el precepto de la convivencia social”, asegura.

Calderón cree que en este proceso será muy importante la autonomía de los médicos dentro de esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica, para que la atención y los recursos cubran a toda la población.

Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, considera que un servicio solo será óptimo si tiene la calidad suficiente para que la prestación sea segura.

“Primero se debe garantizar el sí antes de legitimar el no. No parece válido entrar primero a restringir cuando no se ha concedido completamente lo que se ha prometido”, agrega.

Excepciones que dejan de serlo vía tutela

Nelsi Paredes, vicepresidenta corporativa de Acemi, aclara que las excepciones no son absolutas y cuenta que muchas peticiones, que podrían clasificar allí, son exigidas vía tutela con justificación médica, como ocurre con los procedimientos cosméticos.

“Los pacientes –cuenta– piden medicamentos de segundos usos, que no cuentan con registro del Invima para eso; cirugías bariátricas o lipectomías, después de reducción de peso; cambiar la talla de senos, por dolor en la espalda de las pacientes. En algunos casos es verdad, en otros no tanto, pero se escudan en ese argumento”, dice Paredes.

Recuerda que, recientemente, la Corte Constitucional falló a favor de practicarle una cirugía a un menor de edad que había sido víctima de burlas en su colegio por el tamaño de sus orejas.

Además, esta semana el alto tribunal dijo que el Estado ha desprotegido la atención de la infertilidad por no incluir procedimientos como la fertilización in vitro en el POS, de manera que se pueda dar atención a las personas afectadas y que no cuentan con recursos económicos para su tratamiento.

Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo ‘La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2013’, el año pasado fueron solicitadas más de 1.000 cirugías no POS.

Entre estas se encuentran cirugías plásticas, procedimientos odontológicos y fertilización ‘in vitro’. En el primer grupo entran operaciones para corregir secuelas de las cirugías bariátricas (POS), pero luego de esta se solicitan algunas no POS, como abdominoplastias, dermolipectomías y mamoplastias de reducción.

SALUD

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