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Comprar en Venezuela, terrible dolor de cabeza

Al control de precios y la escasez se suman otras restricciones.

Con el tiempo se fue estrechando el cerco en torno a los consumidores en Venezuela. Ir al mercado pasó de rutina intrascendente a dolor de cabeza, también a corrupción y no pocos puñetazos.
Como un hito anecdótico podría decirse que todo comenzó hace poco más de 10 años, cuando el Estado venezolano, con la intención de asegurarse el pago del IVA, estableció como obligatorio que, en el momento de comprar, cada persona diera sus datos personales –nombre y número de cédula, dirección y hasta teléfono– a la tienda en cuestión. Así de pronto se veía usted dejando el encabezado de su currículum si quería comprar una camisa o dos plátanos, pero terminó por hacerse costumbre, so pena de multas para el comprador y el vendedor.
Pero con el avance de la ‘revolución bolivariana’ se instaló una política de control de precios a más de 200 productos, desde materias primas hasta productos terminados, que al divorciar el precio de venta al público de los bienes de su costo real de fabricación acabó con la variedad de marcas y generó oleadas de escasez.
Primero, sectoriales y definidas –“este mes no hay carne”–, pero hoy, estructural en la canasta básica de alimentos y productos de higiene personal que empujó al índice general de escasez en 30 por ciento, según los datos entregados hace seis meses por el Banco Central.
La conducta del consumidor respondió con compras desaforadas, recorrido de mercados, filas interminables y reventa de productos regulados para lucrarse del bajo precio. La respuesta ha sido más control a través de la Superintendencia de Precios y el establecimiento de controles para el acceso a los bienes bajo el pretexto de frenar la reventa y el contrabando.
En la frontera, específicamente en Táchira y Zulia, desde el 6 de octubre todo ciudadano no solo debe dar su nombre, sino mostrar su cédula venezolana. Los colombianos sin doble nacionalidad ya no tienen nada que buscar de este lado, o que lo digan las señoras colombianas que estuvieron presas casi dos meses en Táchira por hacer una compra de 30.000 pesos.
“Es una clara discriminación”, señala a EL TIEMPO un profesional colombiano desde el Táchira. “Nosotros siempre compramos acá y nadie nos preguntaba de dónde somos. No hay duda de que ahora nos beneficia el diferencial de precio, pero hace años beneficiaba a los venezolanos que compraban en Cúcuta como locos y nadie les decía contrabandistas”.
En Zulia el control incluye colocar la huella dactilar en al menos 32 mercados que se han unido a un plan para racionar la venta de productos básicos. Se prometió que el plan sería instalado a nivel nacional para finales de este año y, aunque todavía luce improbable, la cadena de farmacias Farmatodo dio un paso al frente e instaló un sistema de racionamiento de 33 productos que ya está vigente. El requisito ineludible: presentación de la cédula de identidad. El control: no comprar más de una cantidad determinada de bienes entre lunes y domingo.
Una señora llevó a sus gemelos al Farmatodo de Las Mercedes –en Caracas– a ver si la dejaban comprar más de los dos paquetes de pañales permitidos a la semana, pero no pudo. Otra llegó a las manos con el vigilante de la tienda porque necesitaba un paquete adicional de jabón de tocador. “Aquí está la plata, yo no me estoy robando nada, la Constitución no me impide comprar”, le gritó molesta. Tampoco pudo, se fue llorando.
Estos establecimientos y varios mercados de grandes cadenas también han implementado la restricción “extraoficial” de impedir a menores de edad que compren los productos regulados.
La directiva de Farmatodo ha dicho que previo estudio comprobó que 70 por ciento de sus clientes estaban comprando grandes cantidades para revender y que con el racionamiento protegen el derecho de todos los clientes a tener acceso a los productos.
Aseguraron que la medida acabaría con las largas filas y los conflictos. Sin embargo, unas y otros siguen a la orden del día, al igual que los buhoneros (ambulantes) vendiendo hasta 10 veces por encima del precio establecido los bienes regulados.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas.
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