La Universidad San Martín no es dueña ni de sus escritorios

La Universidad San Martín no es dueña ni de sus escritorios

Al menos 530 trabajadores de la institución han interpuesto tutelas para reclamar los pagos.

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08 de noviembre 2014 , 06:57 p.m.

En la Notaría 21 de Bogotá reposa la escritura pública 4211 con la que el presidente de la Fundación Universitaria San Martín tomó en comodato los enseres de la sede del norte de Bogotá que había traspasado al Fondo para el Fomento de la Educación, de su mismo grupo empresarial.

La movida contractual hace parte del expediente contra el centro educativo, fundado en 1981 y con 20.156 estudiantes, que esta semana fue intervenido por el Ministerio de Educación por líos en sus programas: tan solo tienen registros certificados en cinco de los 19 municipios en los que ofrecen sus servicios.  (Lea también: 'Hay más denuncias sobre desfalcos': Gina Parody).

Si bien desde hace diez años la San Martín estaba en la mira de las autoridades –incluso el año pasado se ordenó el cierre de programas de medicina en Sabaneta, Antioquia, y Cali– solo ahora le pusieron freno a una estrategia que, dice la Fiscalía, podría terminar en una estafa masiva.

Las sedes en 11 municipios funcionan a media marcha, tienen deudas de servicios públicos y de arriendo, entre otros. Además, tres están cerradas y cinco, incluyendo Bogotá y Barranquilla, funcionan parcialmente. (Lea también: Fundación San Martín, el 'Saludcoop' de la educación).

Las autoridades sostienen que movimientos financieros sospechosos entre la San Martín y empresas del grupo de Mariano Alvear y su familia estarían detrás de la crisis. Por ejemplo, no es claro por qué en el 2013 la sede principal de la universidad en Bogotá, ubicada en el sector de El Lago, pasó a ser propiedad de la firma Burger Market by Qualite, del mismo círculo familiar, en un negocio que quedó registrado en notaría por 2.200 millones de pesos. (Lea también: Los líos y fortuna de los dueños de la San Martín).

Haciendo valer la autonomía universitaria, consagrada por la Ley 30 de 1992, los responsables de la universidad se han negado a entregar información financiera y administrativa. Aún así, el Ministerio de Educación calcula que desde el 2012 la San Martín recibió sin autorización, por la cancelación o el vencimiento de programas académicos, al menos a 3.000 nuevos estudiantes.

Esa situación es la que sustenta el cargo por posible estafa masiva, delito por el que la Fiscalía empezó a investigar a los directivos esta semana. El 60 por ciento de los universitarios, que pagan matrículas entre los 2 y los 6,5 millones de pesos, provienen de familias con ingresos no superiores a los 2 salarios mínimos.

En la San Martín, señalan fuentes internas, las órdenes de matrícula a los estudiantes empiezan a repartirse en octubre con vencimiento de pago en noviembre. La explicación a esa premura tiene que ver con que la plata que entra por nuevas matrículas es transferida inmediatamente al cubrimiento de obligaciones ya vencidas.

Además, parte del dinero, de acuerdo con la inspección a las cuentas en Pasto, no va a las arcas de la universidad, sino a las del Fondo para el Fomento de la Educación.

Esos enredos administrativos terminaron afectando el contenido de los programas. En Barranquilla, por ejemplo, el anfiteatro y el laboratorio de microbiología fueron intervenidos por la Secretaría de Salud; y la granja experimental del programa de Veterinaria y Zootecnia está abandonada.

El Ministerio de Educación dice que apenas el 12 por ciento de los docentes tienen formación de posgrado, como especialización, maestría y doctorado, y el 88 por ciento restante solo tiene título profesional.

De otro lado, mientras el número de matrículas cayó a 1.555 este año –en el 2013 fueron 6.036–, los profesores exigían el pago de salarios atrasados y de la cotización de pensiones y cesantías.

530 denuncias

Al menos 530 trabajadores de la Universidad San Martín han interpuesto tutelas para reclamar los pagos de sueldos y cesantías. El sindicato de la universidad denuncia que desde hace dos años el presidente Mariano Alvear no les responde. Es el caso de José Jacinto Rodríguez, exjefe de seguridad, a quien le deben más de 65 millones de pesos.

Estudiantes piden que los gradúen

Julieth Arévalo, representante de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la universidad San Martín, solo espera –al igual que sus compañeros– graduarse y cumplir su sueño de ser una profesional.

Pero le preocupa que, debido a los problemas de la institución, ella y los demás alumnos puedan ser estigmatizados. “La universidad no es mala. Tenemos programas académicos altamente competitivos. Somos muy buenos en lo que hacemos”, cuenta la joven.

Sin embargo, lamenta que ya se estén cerrando algunas puertas para conseguir trabajo o, en el caso de las áreas de la salud, para lograr el año rural necesario para graduarse:

“No somos una universidad de garaje, como se ha dicho. El Ministerio debería perseguir realmente a tantas instituciones de mala calidad que hay en el país”.

Carlos Andrés Arévalo tiene 24 años y cursa quinto semestre de odontología. La carrera la ha costeado con los esfuerzos de su padre, que trabaja como taxista, y con su trabajo como mesero los fines de semana.

Su gran problema, dice, es que comenzó su carrera en el 2013, cuando a su programa ya le habían cancelado el registro calificado.

Aún así, él y muchos jóvenes más fueron admitidos. Varios de sus compañeros se cambiaron de universidad, pero él no ha podido porque en otras instituciones es mucho más costoso. Paga, por cada semestre, 3.600.000 pesos. “Lo único que espero es que se solucionen estos problemas para poder ser un odontólogo”, dice.

EL TIEMPO

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