Minsalud apelará decisión que ordenó trasplante de Camila en EE. UU.

Minsalud apelará decisión que ordenó trasplante de Camila en EE. UU.

Gaviria dice que se deben cuidar las arcas de la salud. Abogado asegura que hay abuso de autoridad.

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07 de noviembre 2014 , 08:43 a.m.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló este viernes que apelará el fallo que emitió un juez de Bucaramanga y que ordenó al Estado pagarle a Sandy Camila Abuabara, de 25 años, un trasplante de médula ósea, enmarcado en un tratamiento experimental, en el Centro MD Anderson de Cáncer, en Huston (EE. UU.).(Lea también: Caso Camila: ¿pesa más la vida o sostenibilidad del sistema de salud?)

Tras conocer esta decisión, Abelardo de la Espriella, abogado de Camila, dijo que hay abuso de autoridad del ministro Gaviria y anunció una queja disciplinaria.

Gaviria señaló que los tratamientos en el exterior experimentales no deben ser pagados por el sistema de salud. De acuerdo con el funcionario, este tipo de tratamientos está excluido a cargo de los recursos del sistema de salud y afirmó que usar dineros con estos fines es una práctica que deben ser analizado por las autoridades.

En el caso de Camila, el ministro señaló que si el procedimiento del trasplante se realiza en el país y si no corre riesgo la persona deben ser hechos Colombia. “El trasplante de Camila se puede hacer en Colombia, tenemos experiencia y tradición”, dijo Gaviria en ‘Blu Radio’.

El ministro es una de las múltiples voces que han intensificado el debate sobre el dilema de hasta dónde puede llegar la responsabilidad del sistema de salud para una sola persona que involucra montos muy altos a cargo del sistema de salud.

Pese a que hay acuerdo en torno al derecho que tiene Camila de luchar por su vida y de buscar las mejores opciones que la ciencia médica le ofrece para sobrevivir, el debate generado por los gastos derivados del tratamiento que recibe, y por quién debe asumirlos, no se hizo esperar.

El procedimiento al que será sometida, incluidos los medicamentos y los servicios complementarios, cuesta en el MD Anderson alrededor de 2 millones de dólares (unos 4.000 millones de pesos), que deberán ser pagados por el Fosyga, que administra los dineros de la salud de los colombianos.

Una vez conocida la cifra, han surgido dos posturas. Una plantea que ante la posibilidad de salvar una vida, la sociedad no puede ni debe escatimar esfuerzos ni recursos, y otra, amparada en las normas, insiste en que la potencial avalancha de casos similares al de Camila que surgirían a partir de este precedente quebraría rápidamente el sistema del que depende la salud de la casi totalidad de los ciudadanos.

“Es un caso complicado, debemos ser sensibles ante esta tragedia, pero tenemos que cuidar los recursos de la salud”, señaló Gaviria.

En entrevista con la emisora, el ministro Gaviria dijo que no puede haber un plan de beneficios infinito.

Este mismo debate ha surgido con las sentencias de tutela de la Corte Constitucional, en el que sectores han cuestionado que dichas decisiones han abierto infinitas posibilidades de tratamientos con costo al sistema general de salud.
Sin embargo, el de Camila no ha sido el único caso. La Corte se ha pronunciado en al menos otras tres oportunidades y ha dado vía libre a tratamientos en el exterior.

En 1995, al estudiar la situación de la menor Carolina Urina Jassir, quien pedía ser enviada a otro país para que le realizaran un trasplante de médula ósea, la Corte Constitucional confirmó la sentencia de un juzgado que ordenaba el traslado.

Otro caso se dio en 1999, cuando la Corte le concedió una tutela al menor Alejandro Moreno Álvarez contra la EPS Salud Colmena y el Ministerio de Salud y que buscaba el reembolso del valor del tratamiento suministrado en el exterior, incluyendo los procedimientos, medicamentos y traslado, en el cual incurrió su familia cuando él tuvo que ser sometido a un trasplante de células madre.

En otro pronunciamiento, ocurrido en 1998, esa Corte le ordenó a los Seguros Sociales responderle un derecho de petición a una mujer que pedía saber si tenía o no derecho de ser trasladada al exterior para someterse a un tratamiento y si le iban a reconocer los gastos de sus viajes

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