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Alarma por ola de asesinatos en sitios concurridos de Cali

Aunque cifra de homicidios en octubre fue menor a la del 2013, ataques por vengazas aumentan.

CAROLINA BOHÓRQUEZ
La masacre de ocho hombres por ajustes de cuentas del narcotráfico y múltiples homicidios registrados recientemente en lugares poco usuales y concurridos, como un bus alimentador del sistema de transporte MIO o el parqueadero de un conocido centro comercial, han generado gran preocupación entre los habitantes de Cali.
Si bien la Secretaría de Gobierno de esa ciudad contabilizó en octubre –hasta el pasado martes– 128 asesinatos frente a 147 del mismo lapso del año pasado, llamaron la atención casos como el del comerciante azucarero Rodolfo Sandoval, baleado en el parqueadero de un centro comercial del sur, por un hombre que logró escapar tras burlar el esquema de seguridad de su víctima. En ese mismo establecimiento, pero el 2 de octubre y en plena plazoleta de comidas, había sido asesinada la dueña de una casa de cambio.
También el pasado lunes resultó muerto un menor de 14 años tras ser interceptado y apuñalado cerca de su casa en el suroriente de Cali, al parecer por una deuda de dinero. Casi al tiempo perdieron la vida Jairo Nelson González, de 33 años, y María Ceneida Ramírez, de 48, quienes fueron atacados con pistolas cuando se movilizaban en motocicleta frente a una estación del MIO.
En la primera semana del mes anterior dos personas habían sido asesinadas con arma de fuego dentro de un bus alimentador del mismo sistema de transporte, en el sector de Alto Nápoles. Las investigaciones señalaron que las víctimas (un menor de edad y un hombre conocido con el alias de Junior) fueron agredidas por conflictos entre pandillas.
Otro crimen ocurrió a comienzos de semana luego de que sicarios acribillaron a Adrián Pino, de 19 años, en el distrito de Aguablanca, donde las llamadas ‘fronteras invisibles’, impuestas por las pandillas, dividen las calles de esa zona compuesta por tres comunas del oriente de la ciudad.
Frente a todos los casos anteriores, la Policía sostiene que se presentaron en circunstancias aisladas y que no tuvieron relación con bandas criminales. Por el contrario, atribuyen la mayoría a venganzas.
Reducción en las cifras
Pese a los homicidios, que en una buena parte tuvieron visibilidad durante octubre, la Alcaldía de Cali recalca que se ha presentado un descenso del 27 por ciento en los 10 primeros meses del año, pues van 1.230 asesinatos en comparación con los 1.684 del mismo periodo del 2013.
Para la Administración y el Comité Interinstitucional de Muertes Violentas –conformado por la Policía, Medicina Legal y la Fiscalía–, el origen de muchos de estos hechos tuvo que ver principalmente con el rencor entre ciudadanos y las disputas entre pandillas. Es decir que ni los ajustes de cuentas del narcotráfico ni las riñas callejeras tuvieron tanto protagonismo.
No obstante, la reciente masacre de ocho personas, en la finca Villa Paz, en La María, un exclusivo sector del barrio Ciudad Jardín, tuvo su origen en una pelea por el control de rutas del transporte de droga hacia el Pacífico colombiano, de acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general Hoover Penilla. Por este caso se han dado seis capturas, entre ellas las de cuatro cabecillas de una estructura criminal al servicio del ‘clan Úsuga’, en el Valle del Cauca.
Por otra parte, de todos los homicidios del 2014 –al menos 300 por venganzas y otros 300 por líos entre pandilleros– 988 se han cometido con arma de fuego y 126 con arma blanca.
De ahí que el personero Andrés Santamaría y el arzobispo de la ciudad, monseñor Darío de Jesús Monsalve, insistan en que Cali debe tener el desarme en todas las 22 comunas y no solo en 16 –entre el 2013 y lo que va del 2014, en la ciudad se han decomisado unas 4.600 armas–.
Justamente la Personería, la Defensoría, la Arquidiócesis y algunos analistas y académicos cuestionan la situación de los asesinatos en Cali y les exigen a la Alcaldía y a la Policía soluciones de fondo para fortalecer el plan integral de seguridad con más recursos. Este año, la Policía recibió 14.000 millones de pesos, pero demanda al menos 49.000 millones.
Así mismo, exigen robustecer el sistema judicial y los programas de prevención para niños vulnerables y susceptibles de ser reclutados por pandillas y las ‘bacrim’.
“A pesar de esos altibajos, creo que tenemos razones para mostrar que vamos en la senda correcta porque este año tenemos la tasa más baja, pero tenemos eventos dolorosos y seguro vamos a tener más en el futuro”, dijo el alcalde Rodrigo Guerrero.
Desde noviembre del 2013, según la Policía, se han desarticulado un centenar de bandas delincuenciales con más de 500 integrantes.
Conflictos que se resuelven con armas
Para el personero Andrés Santamaría, la violencia en Cali responde a factores socioeconómicos, a la falta de capacidad por parte del Estado de enfrentar el problema, a la debilidad de la justicia y en ocasiones a una consecuencia del consumo del licor y las drogas.
El funcionario también opina que la ciudad, por su ubicación en el Pacífico, se ha convertido en un escenario estratégico de movilidad y disputa territorial de las ‘bacrim’.
Por su parte, la investigadora Rosalía Correa, coordinadora del Observatorio Cali Visible, de la Pontificia Universidad Javeriana, sostiene que otra de las preocupaciones en la capital del Valle es que la solución de los problemas no se esté dando por vías legales. “Ahora es común resolver los conflictos con armas”, dice la experta.
Otra visión tiene el catedrático Boris Salazar, investigador de la Universidad del Valle, quien cree que en esa ciudad existe un sistema criminal creciente en el que “la gente paga por matar”.
Manifiesta el analista que no es que se haya disparado la violencia letal, sino que es más visible porque los asesinatos están presentándose en sitios más expuestos y concurridos.
“Aquí es fácil contratar a un asesino y esa parte nunca la ha atacado la Alcaldía. En la ciudad hay un proceso muy largo de pérdida de la institucionalidad en los últimos 30 años y no habido un alcalde que tenga un control”, explicó Salazar.
Para Mauricio Vásquez, coordinador del programa ciudadano ‘Cali, cómo vamos’, la situación de seguridad no va a mejorar con aumento de recursos para la Policía. “Cali es una ciudad vigilada, pero no es una ciudad segura. Hay una vinculación más creciente de los jóvenes en el flagelo de los homicidios, lo que es un tema de fragmentación social”, concluyó.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali.
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