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¿Es un agravio declarar paraíso fiscal a Panamá? / Análisis

¿Es un agravio declarar paraíso fiscal a Panamá? / Análisis

La reacción por parte del vecino país no se ha hecho esperar y ha hablado de medidas de 'retorsión'.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
21 de octubre 2014 , 01:02 a. m.

 Un proverbio de Daniel Dafoe reza que “no hay cosas más ciertas que la muerte y los impuestos”. La segunda de estas certezas ha causado una tensión en la relación bilateral con Panamá, a raíz de la declaratoria de este país como paraíso fiscal. Este impasse y la ofensiva contra los paraísos tributarios en Colombia tiene antecedentes claros.

Por un parte, la declaración de Juan Ricardo Ortega en abril de 2013 ponía en cintura a dichos paraísos. Según el exfuncionario, en Colombia se evaden en promedio 15 billones de pesos anuales por estas jurisdicciones. Por esa época Anguila y Panamá eran respectivamente el tercer y el quinto país con mayor inversión extranjera directa en Colombia, sin embargo, si se tiene en cuenta que ninguno posee suficiente industria, ubicarlos en estos puestos no tiene sentido porque la mayoría de sus empresas son offshores. (Lea también: Se cerraría puerta a contratar con el Estado panameño).

Por otro lado, el decreto 2193 de octubre de 2013 definió qué se entiende por paraíso fiscal y declaró a 44 territorios como tal. En ese momento el decreto decía que el gobierno nacional se encontraba en negociaciones con 7 países, entre ellos Panamá, con el fin de llegar a acuerdos de información tributaria. Para entonces no fue declarado paraíso fiscal pero ya se advertía que se le tenía entre ojos. Un año después, el decreto 1966 del 7 de octubre de 2014, que calca al anterior, incluyó al país centroamericano en una lista de 41 territorios cuya “legislación es laxa en materia de controles y poco o nada transparente en relación con la información que suministra a terceros estados”.

La reacción por parte de Panamá no se ha hecho esperar y se ha hablado de medidas de “retorsión”. Según la RAE, esto significa “devolver a alguien el mismo daño o agravio que de él se ha recibido”. ¿Devuelve Panamá el mismo agravio recibido?

Desde el punto de vista del gobierno de Colombia no se está haciendo ningún daño pues sólo se busca un acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria. Los argumentos consisten en que Panamá ya tiene acuerdos de este estilo con países como México, EE. UU. y Canadá, y que ha recibido el mismo calificativo de otros países como Argentina, Brasil, Chile y Perú. Habla mal de Panamá que Colombia haya logrado este tipo de acuerdos con Anguila, que presenta un perfil de paraíso tributario y que recientemente haya firmado uno con Barbados, según el Ministro Cárdenas.

Para Panamá, Colombia es un país discriminador y agresor. Sus argumentos consisten en que, de acuerdo con los gremios panameños, en el país centroamericano sí se pagan impuestos y el régimen tributario no distingue nacionalidad. Se ha llegado a decir, en un tono peligrosamente nacionalista, que Panamá no puede permitir que Colombia la trate como lo hacía antes de la independencia. Por eso se piden medidas que van más allá del ‘agravio’ recibido, como la modificación de aranceles, impuesto a las remesas, y el cobro a los barcos colombianos que pasan por el canal y que hasta ahora están exentos.

Las cancilleres de los dos países se sentaron a negociar el pasado 17 de Octubre pero no llegaron a un acuerdo. No obstante, han manifestado la voluntad de continuar dialogando hasta que se alcance un entendimiento, dada la importancia que tiene la relación bilateral. La negociación continuará en Bogotá esta semana, pero si algo la ha caracterizado es que ambas partes afirman que no cederán.

Ahora bien, en medio de la conmoción que ha generado este estancamiento, no se han tocado dos asuntos que se encuentran en el transfondo. Por un lado, las motivaciones de las partes: Colombia pretende actuar como un país parte de la OCDE, un organismo que promueve acuerdos de intercambio de información tributaria. De hecho, en la evaluación del cumplimiento de los estándares de transparencia e información, la OCDE sostiene que Colombia tiene un marco legal adecuado, mientras que Panamá no. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Gobierno está buscando desesperadamente nuevos recursos para llenar el hueco fiscal.

En cuanto a Panamá, debe tenerse en cuenta que más del 20% de los flujos de capital que recibe provienen de Colombia (aproximadamente US$6500 millones anuales), y que los dueños de esos capitales tanto como los bancos panameños preferirían que la situación no cambiara. No se trata sólo de un agravio a la moral de un país; se trata de intereses como los de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que a su vez defiende los de los bancos.

Además, en la discusión se ha descuidado que un viejo tema tributario está desencadenando una tensión política que puede llevar al congelamiento de las relaciones comerciales. Y no se ha dicho que esto le vendría como anillo al dedo a quien esté interesado en la construcción de un canal interoceánico en Colombia.

Para salir del estancamiento en la negociación entre cancilleres hay dos alternativas: o es más flexible el gobierno Santos en su idea de posicionarse como un país OCDE y en la de conseguir recursos nuevos, o ceden los intereses de los bancos panameños y los de inversionistas colombianos. Sin embargo, históricamente los impuestos han prevalecido. Así que, si Dafoe tenía razón, los impuestos al igual que la muerte son inevitables.

GABRIEL JIMÉNEZ
@radekbudde
Estudiante del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y afiliado al Centro de Estudios Internacionales-CEI de la misma universidad.

Ver más artículos del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes.

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