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Robo de celulares, una batalla que en Colombia se sigue perdiendo

Robo de celulares, una batalla que en Colombia se sigue perdiendo

Reducción del 7,4 % en hurtos este año. Análisis de vacíos y fallas en la lucha contra este delito.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
04 de octubre 2014 , 06:18 p. m.

En un hecho sin precedentes en la lucha contra el robo de celulares en el país, 66 locales de un centro comercial situado en la avenida Caracas con avenida Jiménez, de Bogotá, fueron vinculados esta semana a procesos de extinción de dominio.

El operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la Alcaldía es inédito, porque los anteriores operativos se limitaban a diligencias de allanamiento que apenas terminaban con incautaciones de equipos móviles o algunas capturas. (Lea también: 'Los mismos ciudadanos motivan mercado negro').

Sin embargo, este importante golpe de las autoridades no oculta las fallas en la estrategia nacional contra el hurto de celulares que se presentó en el 2011 y que articula los esfuerzos de operadores móviles, Fiscalía, Policía, Dian, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y los ministerios de las TIC, Comercio y Defensa.

De hecho, la Alta Consejería para la Convivencia, que lidera este plan, no cuenta con un líder desde la salida de Francisco Lloreda, y la oficina está en redefinición, como parte del recién creado Ministerio de la Seguridad Ciudadana.

Y si bien las cifras oficiales reportan que entre enero y septiembre de este año hubo una reducción del 7,4 por ciento en este delito (con respecto al mismo período del 2013), también lo es que en este lapso de tiempo se robaron 775.764 teléfonos, uno cada 30 segundos, y que uno de cada tres usuarios de telefonía celular en Colombia ha sufrido el hurto de su aparato. Para completar, el nivel de denuncia no llega al 2 por ciento. (Lea también: Estos son los pasos para recuperar un celular robado).

La ciudad más afectada es Bogotá, con 350.926 reportes, pues en la capital se roban seis veces más celulares que en Medellín o Cali. Así mismo, se ha registrado el asesinato de al menos 16 personas por robo de celulares en todo el país, mientras en el 2013 –cuando se contabilizaron 1,2 millones hurtos de estos aparatos– hubo 17 homicidios.

Fallas estratégicas

Al exministro de las TIC Daniel Medina no le sorprenden algunas de las fallas que se están presentando. “La estrategia se creó sobre supuestos que no resultaron y que el Gobierno y operadores no tienen cómo controlar, como el apoyo ciudadano”, recalca. “Además del bajo nivel de denuncia de celulares robados, los colombianos tampoco reportaron de forma masiva la propiedad de sus equipos prepago. Existen alrededor de 20 millones de esos IMEI (número único de identificación mundial de cada aparato) que están ahí sin saber su origen o propiedad y los operadores no los han desactivado, pese a que el decreto lo obliga. Pareciera que a la gente no le importa cuando le hurtan su teléfono”, sostiene el exministro y agrega que también hay una evidente falta de cooperación internacional.

Frente a este último punto, Chris Pearson, presidente de 4G Américas, agremiación de operadores y fabricantes de celulares, considera que “la clave es la cooperación de los operadores, no solo del país sino de toda la región”e insiste en que a medida que la gente vaya viendo que al denunciar puede evitar que un celular robado sea usado de nuevo y que puede, incluso, recuperarlo, podría funcionar la estrategia. ( Análisis: Las claves de la polémica del hurto de celulares).

Un informe del Huffington Post señala que las estructuras mundiales de robo de celulares logran ingresos superiores a los 30.000 millones de dólares al año. Por eso para Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), es necesario trabajar para acabar con lo que denomina las fronteras porosas. “Nada se logra si se trabaja localmente y las naciones vecinas no hacen lo propio. Los sistemas de la Dian deben optimizarse para que estén en línea con la lista positiva de equipos autorizados”. Aunque no existe un cálculo oficial, expertos del sector consideran que al menos uno de cada dos equipos hurtados en Colombia terminan por fuera del país, activos en otros mercados que no tienen acuerdo de colaboración con las bases de datos negativas de nuestro país.

Venta por partes

El control a la importación y exportación de equipos usados y de partes es otro tema por revisar. “Las únicas empresas autorizadas para hacerlo deben ser los operadores móviles, las marcas fabricantes así como aquellas relacionadas con el comercio legal, distribuidores mayoristas reconocidos, etc.”, afirma Yohai.

Del mismo modo, advierte: “La medida que eliminó el subsidio de celulares elevó el costo de los modelos de mayor gama, y por tanto el precio en el mercado negro. Lo que se debe hacer es, por el contrario, alentar la masificación de la telefonía inteligente, eliminar el IVA y lograr que el costo de los aparatos sea menor”, comentó el presidente de la CCIT.

Otro de los factores que expertos consultados califican de “urgente” es el desempeño del sector judicial, pues nueve de cada 10 ladrones de celulares capturados en flagrancia quedan en libertad, según informes de la Fiscalía y la Policía.

En tal sentido, no hay nadie procesado judicialmente por la manipulación o alteración tecnológica de un celular robado para que su IMEI no aparezca como bloqueado en la base de datos negativa, pese a que la Ley 1453 del 2011 consagra penas de prisión de 6 a 8 años para dicha maniobra. “Al 70 por ciento de los celulares que hay en Colombia se les puede cambiar el IMEI con un software que se baja gratis de internet. Al 30 por ciento restante se le debe ejecutar un proceso adicional con ayuda de aparatos que los delincuentes mismos fabrican, pero al final también es posible alterarles su identificación”, explica un experto técnico en telefonía celular consultado por EL TIEMPO.

Pese a todas las fallas detectadas, los integrantes de la industria de telefonía móvil dicen estar cumpliendo su parte del trabajo, como lo es adelantar el reporte de los teléfonos robados para que sean incluidos en las bases de datos negativas y llevar a cabo campañas para incentivar la cultura de la denuncia. Así lo asegura Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, agremiación conformada por Claro, Movistar y Tigo, que han invertido cerca de 60.000 millones de pesos en el diseño de estrategias para luchar contra el robo de celulares.

De acuerdo con Gutiérrez, las compañías del sector tienen procesos internos que evitan que equipos a los que se les ha modificado el IMEI sean activados. De esta forma si un dispositivo que va a ser puesto en servicio tiene un número de identificación externo que no coincide con el que muestra su software, no se realiza la activación.

De otro lado, existe la necesidad de atacar frontalmente al mercado informal de venta y reparación de telefonía celular. Se calcula que hay unos 10.000 locales en el país dedicados a dicho negocio, muchos bajo la sospecha de pertenecer a las estructuras del delito.

“Una pantalla de un iPhone vale, original, unos 450.000 pesos. Pero en el mercado hay sitios donde las cambian por 150.000 pesos. ¿De dónde salen esos repuestos?”, se pregunta el experto técnico.

Según sus cálculos, un celular robado es comprado al ladrón por un comerciante inescrupuloso, dependiendo del modelo, entre 50.000 y 300.000 pesos. “A ese celular, por partes, le pueden sacar hasta 600.000 pesos. Venden la pantalla, el micrófono, la cámara, la batería, los botones, la carcasa, todo eso como repuestos en el mercado informal”, explica.

Mientras no exista una articulación precisa, con el soporte de entidades, Policía, entes judiciales, fronterizos y de comercio exterior, y, sobretodo, de la ciudadanía, el flagelo del robo de celulares seguirá en aumento afectándonos a todos, lastimosamente como ha venido siendo: un problema de nadie.

JOSÉ CARLOS GARCÍA R. Y MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
Redacción Tecnósfera

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