El regreso a sus fincas de campesinos en Magdalena

El regreso a sus fincas de campesinos en Magdalena

En Chibolo, despojados por el exjefe paramilitar 'Jorge 40' recuperaron sus tierras.

22 de septiembre 2014 , 10:01 a.m.

El camino que conduce a la vereda La Pola, en el municipio de Chibolo (Magdalena), es una trocha destapada rodeada de campos verdes, por donde los campesinos transitan a lomo de mula o caballo y cuando llueve los carros se quedan enterrados.

Esta zona rica en producción agrícola y ganadera, que entre 1997 y 2006 fue el centro de operaciones del grupo paramilitar al mando del extraditado Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien desde allí ordenó masacres, secuestros y desapariciones, hoy vuelve a ser ocupada por los campesinos que huyeron de la guerra.

César Escorcia Vásquez, de 53 años, regresó a su finca ‘Vayan viendo’ hace siete años y medio, tras dejarla abandonada por un década. El 19 de julio de 1997, ‘Jorge 40’ citó a todos los campesinos en la casa del balcón y les dio 15 días de plazo para irse de sus tierras porque necesitaba instalarse allí con sus hombres. El pastor Antonio Rodríguez se negó y lo mataron ocho días después frente a la iglesia.

El miedo hizo que 72 familias salieran desplazadas. “Recogimos todo lo que pudimos, cada quien salió para diferentes partes del país y Venezuela. Una hermana que se atrevió a denunciar se fue para Estados Unidos”, recuerda Escorcia, bajo la sombra de un palo de mango.

Él y su familia se fueron para el corregimiento Las Canoas, en el vecino municipio de Pivijay, donde se dedicó al comercio. Compraba y vendía cerdos y carneros y su mujer vendía fritos hasta que un día de diciembre se encontró 2.000 pesos y compró un ‘quintico’ (chance). Se ganó un millón de pesos y el negocio creció. Comenzó a comprar vacas y terneros e iba a venderlos en Barranquilla. Así reunió un capital de 17 millones de pesos y decidió volver a su finca el 15 de enero de 2007. Los paramilitares ya se habían desmovilizado y pensó que no había peligro.

Pero al llegar los predios estaban ocupados por desmovilizados y testaferros de las autodefensas como Omar Montero Martínez, alias Codazzi, capturado en julio pasado en Venezuela, y Agustín Perea; así que tuvo que unirse con otros campesinos que también retornaron para que se los devolvieran.

“Nosotros tuvimos un líder llamado Orlando Yanes Tirado, un policía retirado quien ya falleció. Él se reunió con tres o cuatro de Chibolo también desplazados, con la OEA y la Defensoría del Pueblo para saber qué teníamos que hacer, y así el Estado nos ayudó a recuperar las tierras”, cuenta.

Cuando finalmente recuperó su finca no encontró nada. De su casa no quedaba ni el rastro y todo estaba lleno de maleza. Hace dos años, la Unidad de Restitución de Tierras le entregó 22 millones 600 mil pesos para que iniciara un proyecto productivo familiar.

Con esa plata y los ahorros que trajo compró una planta solar, siete vacas paridas - hoy tiene 14-, seis cerdos, 12 carneros, 40 aves de corral, dos burros, cinco caballos, construyó un jagüey y cultivó una hectárea de pancoger (plátano, maíz, yuca, ñame, patilla, anón, guanábana, mango y papaya).

A diario se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar las vacas con su hijo Luis Carlos y le vende la leche a un camión que llega desde Chibolo. “Me la cancelan todos los sábados. Saco 70 litros de leche y en verano llego a 12 litros – le pagan 700 pesos por litro-. Con eso sobrevivimos. El dinero hay que saberlo administrar”, dice.

Aún sienten temor

Este hombre, de piel morena, manos grandes y bigote canoso, es el presidente de la Asociación de Campesinos Desplazados de La Pola (Asocamdespo), por medio de la cual han gestionado la titulación de 19 predios, aproximadamente 1.000 hectáreas, la construcción de un puesto de salud, un colegio y una cancha de fútbol.

En el Magdalena, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, han fallado 48 sentencias que corresponden a 2.385 hectáreas restituidas y benefician a 102 familias en la zona rural de los municipios de Chibolo, Plato, Ciénaga y Sabanas de San Ángel. Actualmente, hay 483 demandas en trámite y 1.183 solicitudes en trámite administrativo en todo el departamento.

Pero todavía falta mucho por hacer. Aún en La Pola se siente la ausencia del Estado. La vía de acceso es un camino de herradura, no hay electricidad ni agua potable. La queja generalizada de los campesinos de la zona es que no tienen apoyo del alcalde de Chibolo, José Darío de Ávila, incluso algunos ni lo conocen.

“Ahora mismo estamos sin alcalde, uno va a la Alcaldía y nunca lo encuentra. Debería estar aquí con las víctimas, reunirse con uno y nada”, dice Escorcia.

También admite que aún sienten temor porque hay rumores de que grupos ilegales están intimidando a los campesinos para que abandonen sus tierras. “Aquí no han entrado grupos, pero en los alrededores si se escuchan rumores de que pasan 12 o 13 tipos armados. A las autoridades se les ha informado y ellos patrullan”.

Ahora que varios paramilitares presos están a punto de quedar en libertad no sabe qué pensar porque “hay unos que obran de buena fe y otros que no”. Escorcia y los otros campesinos que han recuperados sus tierras esperan que en La Pola no vuelva a repetirse la historia de violencia que vivieron y acabar sus días en la tranquilidad de sus fincas.

‘El proceso no es nada fácil en Magdalena'

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, quien visitó el pasado 28 de agosto los predios restituidos en la vereda La Pola, en Chibolo, admite que el proceso en el Magdalena no ha sido fácil porque varios predios están a nombre de familiares o testaferros de los paramilitares y devolvérselos a sus verdaderos dueños lleva su tiempo.

“Una de las formas como despojó ‘Jorge 40’ aquí fue que sacó a los campesinos y luego metió a otra gente y les dio títulos. Ahora estamos peleando con esos que tienen títulos porque lo que evidenció la Unidad de Restitución de Tierras es que los legítimos propietarios de estas tierras son los campesinos que salieron desplazados”, asegura Sabogal.

Con relación a la responsabilidad de los alcaldes y gobernadores en el cumplimiento de las sentencias, dice que los jueces están haciendo seguimiento a las órdenes que han dado y que la Procuraduría General de la Nación les abrirá procesos disciplinarios a los funcionarios que incumplan sus compromisos.

Las intimidaciones que han denunciado algunos reclamantes de tierras en el Magdalena son atribuidas por Sabogal a las mismas personas que les robaron sus predios. “Lo que hemos encontrado es que el que se robó la tierra normalmente intenta amenazar a la víctima o funcionario y se hace llamar grupo anti-restitución. Para eso la Policía está trabajando. ‘Codazzi’ ya está en la cárcel, el ‘Tuto’ Castro también y las ‘Perras flacas’ que están amenazando prontamente estarán en la cárcel”.

PAOLA BENJUMEA BRITO
Enviada especial de EL TIEMPO
CHIBOLO (MAGDALENA)

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